El jueves 14 de diciembre fue aprobado en la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Energía de la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía.

Esta ley de energías renovables –así llamémosla– fue aprobada por 222 votos en pro, 100 en contra –los del PRD, PT y algunos diputados del PRI y PAN– y 11 abstenciones.

Quisiera explicar algunas de las consideraciones por las que el Grupo Parlamentaria del PRD decidió votar en contra del mencionado dictamen. Dicha posición quedó claramente expuesta en el Pleno por el Diputado Francisco Carrillo Soberón por parte del PRD.

Desde todos los puntos de vista –ambiental, económico, social y regulatorio– era necesario una ley que se ocupara del tema de las energías renovables. En un artículo publicado el pasado 2 de octubre de 2004, en este diario, comentábamos que la ley sería un avance importante para impulsar el abastecimiento de energía sostenible pues tendría como objetivo principal priorizar y fomentar las energías renovables para el abastecimiento de electricidad con una perspectiva de protección del clima y medio ambiente.

Para ello, se buscaría normar la electricidad proveniente de energía como la solar, la eólica, la de biomasa, la geotérmica, la de gases de vertedero como el metano y las pequeñas instalaciones hidráulicas.

Los diputados del PRD fueron seguramente los que presentaron el mayor número de propuestas, y sobre todo manifestaron interés, en el proceso de dictamen de la ley de energías renovables. Ellos trabajaron junto con otros diputados, y diversos representantes de la sociedad y gobierno, en la búsqueda de un esfuerzo de concertación durante varios meses para dictaminar esta ley.

Aunque, en esencia los legisladores del PAN, PRI, PRD y demás grupos políticos están de acuerdo en lograr el fomento de las energías renovables, el meollo del asunto del voto en contra, queda claro al citar las palabras del PRD a través del diputado Carrillo: “La razón profunda –de votar en contra– se encuentra en la imposibilidad de conciliar dos visiones francamente contrapuesta, tanto de lo que debe ser la estructura institucional del sector energético en general, como del papel que debe jugar el estado en el impulso y desarrollo de las fuentes renovables de energía en lo particular. Para el PRD, el mayor beneficio social por el aprovechamiento de los recursos naturales, incluidos los renovables, se obtiene cuando su explotación es llevada a cabo por el estado, principalmente, y complementada con las actividades de los particulares, sobre todo en materia de auténtico autoabasto.

Dicho de otra manera, el desarrollo de los renovables, la diversificación de los energéticos, la preservación de los recursos naturales, debe ser una política de estado, con una visión estratégica de largo plazo, en la que éste desempeñe un papel protagónico”.

Es decir, si la ley entra en vigor como fue aprobada, será posible subsidiar con recursos públicos y otorgar estímulos a grandes empresas privadas productoras de energías renovables, que son en su mayoría transnacionales.

Ellos serán beneficiarios reales con este nuevo marco regulatorio. En consecuencia, por parte del PRD se intentó acotar a estos grandes generadores (Artículo 2. Fracción V de la nueva ley), a que pudieran participar en este esquema de financiamiento sólo las figuras contempladas en la fracción I del artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que son la generación para el autoabastecimiento, la cogeneración o la pequeña producción.

Otro ejemplo, en el artículo 10 de la ley, donde se plantea que el Programa para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía establezca metas de generación de electricidad. Se planteó por el PRD, una adición para obligar a la Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro a invertir y desarrollar su capacidad instalada en fuentes renovables de energía, hasta en un 70 por ciento de la capacidad nueva y reservar sólo 30 por ciento para el capital privado.

Esto sin incluir la capacidad instalada de empresas en donde propietarios o poseedores de terrenos, participen como socios, es decir los pequeños productores de energías renovables –el sector social.

Este tipo de propuestas fueron rechazadas por los demás grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Para el PRD, lo que se trataba, desde el punto de vista regulatorio es de evitar que la generación nueva de energías renovables fuera no sólo para subsidiar a la inversión extranjera, sino que además sus representantes privados en México la monopolicen, con todas las consecuencias de dependencia social, económica y tecnológica del país.