La muerte artera de Amador Ramírez corresponsal de Televisa y director del noticiero
radiofónico Al tanto el pasado viernes 6 de abril, pone en evidencia el alto grado de
indefensión en que se encuentra el gremio periodístico en nuestro estado, que está lejos
de encontrar la protección de las autoridades para ejercer de manera libre, independiente y
segura su labor de informar con veracidad a la ciudadanía.
Recientemente Reporteros sin fronteras, un organismo no gubernamental de gran
prestigio ha informado que nuestro país ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto
a las agresiones a periodistas, documentando en 2006 nueve muertes y tres
desapariciones dentro de un contexto de violencia provocada por el narcotráfico, por la alta
conflictividad social y la persistencia de la impunidad y la corrupción.
Lo grave de esta violencia creciente e incontrolable es la pasividad y el desinterés que han
mostrado las autoridades federales y estatales para investigar estos agravios y poner un
alto a la diversidad de ataques a los periodistas. Desconcierta el hecho de que las
autoridades no dimensionen estos actos como una expresión de la crisis de
gobernabilidad que existe en nuestro país y en nuestro estado, y que a pesar del uso de la
fuerza del Estado, no han sido capaces de revertir la espiral de violencia que nos tiene a los
ciudadanos contra la pared.
Las autoridades civiles apoyadas por las militares, en este corto tiempo de la Operación
Conjunta Guerrero, no han demostrado su eficacia para someter a la delincuencia
organizada e imponer el orden, los resultados son adversos y mas bien han atizado la
hoguera de la violencia porque existen intereses encontrados al interior de las instituciones
infiltradas por el crimen organizado que enturbian y enrarecen más la vida cotidiana.
La descomposición del ambiente de convivencia y tranquilidad en nuestras ciudades nos
demuestra que como ciudadanos estamos inermes frente al crimen organizado, que nos
aprisiona y somete con sus actos temerarios, logrando colarse en todos los ámbitos de la
vida laboral, social y familiar.
Ante la falta de profesionalismo de las autoridades encargadas de realizar las
investigaciones sobre los crímenes que nos lastiman a todos, el método recurrente es dar
versiones que no comprometen en nada a las mismas autoridades, buscando más bien
ocultar sus deficiencias, limitaciones y complicidades con explicaciones banales e
intrascendentes sobre casos graves, con el fin de cubrir la formalidad de informar a la
ciudadanía, sin presentar resultados y avances concretos de las investigaciones. Le
apuestan al olvido y al conformismo de los agraviados para mantener la misma actitud
pasiva y complaciente ante el crimen organizado. Otra forma de bajar la presión de la
opinión pública sobre determinados casos, es soltar versiones que hagan ver a la víctima
como responsable del mismo acto de barbarie que sufrió. Se carga en ella la culpabilidad
de lo que le pasó, queriendo circunscribir el crimen a cuestiones personales, para que las
autoridades se deslinden de sus responsabilidades constitucionales de prevenir los
delitos, investigarlos, garantizar la seguridad, la vida y la integridad física de toda la
población, más allá de lo que cada ciudadano haga.
En nuestro estado, con el nuevo gobierno hay un intento de desacreditar y descalificar el
trabajo profesional, crítico e independiente de los periodistas. La autoridad ha asumido una
visión patrimonialista y empresarial sobre los derechos y libertades fundamentales
consagradas en nuestra constitución. El poder que se ejerce no está para servir a la
sociedad sino para imponer una visión unilineal y vertical sobre cómo atender y resolver los
problemas de la sociedad guerrerense. Las opiniones que disienten o que desentonan de
la visión hegemónica quedan fuera del presupuesto y se ganan la antipatía de las elites
políticas y económicas.
En Guerrero hemos constatado que la mayoría de los periodistas han asumido un
compromiso en favor de la sociedad para darle voz a los que han sido silenciados y
reprimidos, para hacer visible los actos impunes y corruptos de las autoridades que usan
la política como el medio mas eficaz para el lucro y el poder. El trabajo hecho a pulso por
muchos trabajadores de los medios informativos ha logrado desenmascarar los intereses
ocultos que se tejen dentro de la telaraña de las instituciones públicas corroídas por la
corrupción. Con ellos se escribe buena parte de nuestra historia marcada por la lucha y la
resistencia de los de abajo, por desgracia han tenido que escribir también con su sangre
para ir derrumbando las estructuras caciquiles, el poder despótico de las autoridades y los
muros de la impunidad y la corrupción.
A pesar de este compromiso probado, los periodistas no han encontrado el respaldo que
las autoridades están obligadas a brindar por mandato constitucional, por el contrario,
enfrentan los excesos del poder, que los desprecia y descalifica. Con perversidad se busca
la ocasión para hacerlos aparecer como objetos de burla. El fin es desvirtuar su quehacer y
hacerlos sentir que no son nada frente al poder omnímodo.
En un estado empresarial no todos los periodistas tienen los mismos derechos, los que
se alinean al poder son lo que gozan de las prerrogativas de un régimen que lucra con el
bono democrático y que necesita construirse una imagen ficticia que los haga aparecer
como los protagonistas del cambio. Los periodistas que no han hecho caso al canto de las
sirenas son consientes de las precariedades y limitaciones que enfrentan por ser fieles a
su conciencia y a los principios éticos del periodismo. Asumen los riesgos de la presión y
la hostilidad gubernamental, trabajan a contra corriente y en condiciones poco propicias
para el dialogo respetuoso y el buen entendimiento con las autoridades.
El oficio de informar ha corrido en buena medida por cuenta y riesgo de los mismos
periodistas, las autoridades han sido omisas para atender sus planteamientos y reclamos.
No lo enmarcan dentro de un mandato constitucional sino como una cuestión pragmática y
mercantilista. Lo delicado de esta osadía periodística, es que a medida en que crece la
violencia de la delincuencia organizada crece también la aversión de la autoridad hacia el
periodismo critico e independiente, aumentando los riesgos que implica su trabajo,
experimentando en carne propia el estado de indefensión y las condiciones adversas para
desempeñar dignamente su trabajo.
La falta de resultados sobre las investigaciones de periodistas que han sido privados de la
vida sigue siendo una señal funesta de las autoridades en turno que alienta la impunidad,
que por desgracia corre aparejada con el miedo y la parálisis del gremio periodístico, que
vienen a vulnerar gravemente la libertad de expresión, atizando con ello la violencia y el
autoritarismo.
Un estado orientado a privatizar los derechos no está obviamente en condiciones de
garantizar y proteger la libertad de expresión; de promover y proteger el ejercicio libre, crítico
e independiente de los periodistas y así como garantizarles sus derechos fundamentales.
La muerte de Amado Ramírez pone sobre la mesa el tema de la protección y seguridad de
los periodistas que las autoridades están obligadas a cumplir conforme lo dictan nuestras
normas constitucionales y el derecho internacional sobre la libertad de expresión y sobre
los defensores de los derechos humanos, que en gran medida son también los
periodistas.