Las libertades de tránsito y de expresión constituyen, sin duda, los pilares fundamentales de una sociedad en la que principios y valores sean los rectores de la vida en comunidad. Ambas sufren el acecho y la presión constante de distintos actores y sectores que saben de su relevancia. Nadie, en teoría, puede ser impedido de transitar como le venga en gana por el territorio nacional, salvando los afanes de exclusión que se imponen, por ejemplo, en playas y sitios de gran belleza natural de los que se apropian grandes empresas o magnates (grandes y no tan grandes). En Guerrero está el ejemplo de sus playas.
Con la libertad de expresión ocurre lo mismo. La mayoría de los funcionarios de gobierno se sienten “incomprendidos” por algunos periodistas o articulistas quienes les señalan sus errores, sus fallas, su incapacidad para desempeñar los cargos para los que pelearon y lucharon, muchos de ellos en una búsqueda del poder por el poder y no del servicio, la entrega y el compromiso con la sociedad, especialmente con quienes viven aislados, marginados y en la pobreza material y también cultural o educativa.
Tema de campañas se ha convertido la defensa y protección de los periodistas y comunicadores, lo que no ha menguado las agresiones de funcionarios o de particulares. El origen está en la incomprensión del fenómeno de la información y la comunicación social que priva en los gobiernos, independientemente de si son municipales, estatales o federales. Todos ellos creen que con “spots” se comunican y, peor aún, ¡se gobierna!
El Instituto Nacional Electoral (INE) está convencido, por ejemplo, que con los casi 60 millones de spots que endilgarán a la sociedad en los próximos meses, ¡se construye la democracia! Ni unos ni otros atinan a cuestionar que los spots dejaron de ser instrumentos de comunicación y mucho menos de gobernabilidad.
Por eso se agudiza la crisis de gobernabilidad en el país, por la ausencia de una comunicación social eficiente y efectiva que contribuya, primero, a la gobernabilidad o gobernanza, después a la estabilidad, el crecimiento, La Paz social y la armonía que requiere y exige toda sociedad para crecer y prosperar.
Pese a que vivimos en la era de la comunicación instantánea, la información en tiempo real y la inmediatez de las reacciones, como reza el dicho español, “las cosas de Palacio van despacio”.
Pero cuando se trata de la diplomacia la lentitud se hace mayor, incluso cuando se ocupa de asuntos que por su gravedad y relevancia debieran desahogarse con extrema urgencia.
Así ha pasado con el tema de la libertad de expresión y sus limitaciones como resultado de la inseguridad y criminalidad que se viven en nuestro país, sobre todo en estados en que el fenómeno está mucho más descontrolado, como en Guerrero.
Hace más de siete años que su situación en México llamó la atención de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto de 2010 enviaron de manera conjunta a sendos relatores para observar lo que aquí ocurría y formular su informe y recomendaciones.
Siete meses después los visitantes dieron a conocer su reporte final, en el que señalan que “el pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos”.
La Relatoría concluye que estas agresiones “tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores, genera zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad”.
Siete años y algunos meses más tarde de su anterior incursión, la ONU y la CIDH están de vuelta en México, esta vez para “recabar información para identificar retos y formular nuevas recomendaciones, tendientes a promover y proteger mejor el derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus manifestaciones”, dice el comunicado de la Cancillería.
Ha pasado tanto tiempo que todos los actores, los visitantes y sus anfitriones, podrían repetir el verso de Neruda, “los de entonces ya no somos los mismos”. Ni los relatores, ni los directivos de la ONU y la CIDH, ni el Presidente de México ni ningún gobernador, menos el de Guerrero, donde suelen durar menos.
El hecho es que los relatores volvieron. No por casualidad, además de la capital son Sinaloa y Guerrero las entidades donde han repetido su presencia, además de Veracruz y Tamaulipas que se agregaron en esta ocasión. El sábado pasado acudieron a Chilpancingo, donde se reunieron con periodistas, funcionarios de gobierno, expertos y autoridades en derechos humanos.
Ayer concluyeron su programa de actividades en nuestro país, y cuando dentro de algunos meses (siete, si hemos de guiarnos por el antecedente) nos regalen su nuevo informe, constatarán que de muy poco ha servido la relatoría de 2010 y las recomendaciones entonces formuladas.
No que no se haya hecho nada. En el gobierno federal y en el de Gurrero hay ahora instancias que antes no existían. Tenemos “mecanismos”, comisiones, áreas de atención a víctimas, y oficinas específicas que se ocupan de quienes ejercen tareas periodísticas. Pero además de recibir y dialogar con relatores visitantes y justificar el engrosamiento de la burocracia y sus haberes, su utilidad es más que dudosa.
El resultado neto en lo que va del año, en lo que va del sexenio, en lo que va del siglo, es el incremento constante e imparable de las agresiones a los comunicadores. Eso se nota en todo el país y por supuesto en Guerrero.
El grupo de periodistas que se reunió con los relatores en la capital estatal les informó de cifras tan frías como contundentes: durante 2017 se han documentado treinta y dos agresiones en contra de más de cuarenta comunicadores.
La parte cualitativa es tal vez más preocupante que la cuantitativa. Los periodistas trabajan literalmente bajo fuego, en zonas controladas por el narcotráfico, lugares donde la ley no existe y pululan bandas armadas, entre otras las llamadas autodefensas. Y en todo ello hay una fuente de inseguridad. Pero también es evidente que en la mayor parte de las agresiones que sufren los profesionales de los medios, puede advertirse no la mano de delincuentes de la calle, sino de servidores públicos, estén o no aliados con aquéllos.
Así que si los relatores que nos visitaron, los señores David Kaye, de la ONU, y Edison Lanza, de la CIDH, precisaran de una conclusión para sus observaciones, podríamos sugerir la frase con la que inicia una vieja película mexicana sobre los hechos sangrientos en Canoa, una comunidad de la sierra de Puebla: “Antes estábamos mal; ahora estamos peor”.
Sí, peor, porque el diagnóstico de la gobernabilidad está errado, porque buena parte de los funcionarios públicos creen en la formación de “corrientes de opinión”, cuando la riqueza de la era de la información es, precisamente, lo contrario. La riqueza de opciones, la riqueza de mensajes producto de una sociedad viva, activa, que utiliza los medios de comunicación modernos para expresarse, quizá con rudeza o con lenguajes “políticamente incorrectos”. Pero de eso, como de la ausencia de contenidos informativos gubernamentales oportunos, atractivos y eficientes los periodistas no tienen la culpa, aunque ellos se conviertan en las víctimas.