El debate electoral está abierto y se ha multiplicado el número de voces participantes. La polémica está viva y ha tomado los más diversos escenarios, pues es materia que ocupa los corrillos en el vecindario, en el transporte público, los mercados, las escuelas, las iglesias y otros sitios que antes sólo escuchaban la melodía monocorde del PRI.
Es muy bueno y muy sano para la democracia que se expresen ciudadanos de todos los sectores sociales y que lo hagan en voz alta, aunque para un observador queda claro que en la discusión priva una notoria intransigencia, como puede constatarlo quien escuche a un seguidor de Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo y con mayor énfasis, a un adversario del tabasqueño.
La pelea entre los tres candidatos en la práctica se reduce a dos bandos: los que quieren que todo siga igual y los que desean un cambio. Son dos visiones del momento que vive México. El continuismo lo representa, por una parte, el candidato panista del PRD y Movimiento Ciudadano y, por la otra, el abanderado priista que no es del PRI, ni del Panal ni del Verde. Ambos se enfrentan a la fuerza que propone un cambio, representada por López Obrador, quien encabeza la coalición de Morena, el Partido del Trabajo y el PES.
En los tres frentes hay novedades: nunca el PRI había tenido como candidato presidencial a un personaje, como José Antonio Meade, sin antecedentes de militancia partidaria salvo, quizá, con Ernesto Zedillo, un oscuro tecnócrata del que no se recuerda que alguna vez se hubiera parado en la sede priista. Lo apoyan también el Panal, que es la expresión partidaria del charrismo magisterial, y el llamado Partido Verde Ecologista de México, una firma mercantil pintada de verde, sí, pero que nada tiene de ecologista ni de “de México”, pues es propiedad de una familia.
Por otra parte, Ricardo Anaya encabeza una coalición de izquierderecha, si lo que resta del PRD puede ser considerado de izquierda, lo que ya negó uno de sus líderes. Por su parte, López Obrador, líder indiscutido de Morena, representa igualmente al Partido del Trabajo, que en sus inicios fue apadrinado por Raúl Salinas de Gortari, y ahora también al PES, una formación integrada por evangélicos que se opone al matrimonio gay, el aborto y la adopción por parejas del mismo sexo.
Lo único claro en esta tesitura es que tanto Anaya como Meade representan el continuismo y que AMLO es la posibilidad de reorientar al país en busca de abatir en lo posible las desigualdades. Por eso es del todo natural que un grupo de prominentes empresarios se opongan a un cambio que milita contra su interés, entre otros, Héctor Hernández Pons, de Herdez; Germán Larrea, a quien en los dos últimos sexenios se ha entregado gran parte del territorio nacional; Eloy Vallina, del Grupo Chihuahua; o Claudio X. González junior, quien se ha dedicado a combatir a los profesores.
Sin embargo, en este mar de contradicciones que es el proceso electoral, tanto el Consejo Coordinador Empresarial como la Coparmex han salido a exigir al gobierno –al de hoy, no al de mañana– que ponga freno a la violencia y la inseguridad, con la esperanza, suponemos, de que algo se pueda hacer antes de las elecciones y así demostrar que vamos bien.
Por supuesto, que organismos tan importantes del sector patronal levanten la voz exigiendo seguridad es en beneficio de todos los mexicanos, pero lo cierto es que la descomposición social obedece, precisamente, al fracaso del modelo que representan el PRI y el PAN, debido al cual, desde hace 35 años, la economía crece menos que la población y la riqueza que se produce se distribuye cada día con mayor injusticia, como lo exhibe el hecho de que 60 por ciento de las familias percibe menos de 8 mil pesos mensuales.
Vivimos en una economía que no crea empleos y los que genera son mal pagados. Para los jóvenes, ese triste panorama es una invitación al delito. No es casual que hasta hace menos de cinco años se estimara en medio millón de personas el número de participantes en el crimen organizado, cifra que hoy debe ser mucho mayor.
Por eso mismo, el cambio debe ser apoyado por los empresarios que nada deben temer si han actuado legalmente. Mejorar las condiciones de vida del grueso de la población, junto con otras medidas económicas, políticas, jurídicas y sociales nos llevará a una transformación que combata las desigualdades y propicie la seguridad. De otro modo, nadie estará seguro.