El pasado domingo se llevaron a cabo elecciones municipales en Chile, con resultados desalentadores para la coalición de centro-izquierda en el poder, encabezada por la presidenta Michelle Bachelet. Si bien en términos generales los resultados electorales no fueron totalmente negativos para la coalición de la presidenta (llamada “Nueva Mayoría”, que aglutina a partidos social-demócratas, social-cristianos y socialistas), al obtener 37.5 por ciento de los votos frente a los 38.45 por ciento obtenidos por la coalición “La Alianza” de centro-derecha, la pérdida de municipios importantes, como el de Santiago de Chile, evidencia la impopularidad del gobierno de la presidencia. Al mismo tiempo, con una abstención de más del 66 por ciento, es posible afirmar que estos resultados mandan también una señal de descontento a toda la clase política. En efecto, la vida política chilena ha estado marcada en los últimos meses por una sucesión de escándalos de corrupción en el gobierno así como por malos manejos del dinero de las campañas electorales, financiadas en buena medida con fondos ilícitos. De cierta manera, la situación política en Chile es similar a la que vive América Latina en general: gobiernos (de derecha como de izquierda) crecientemente impopulares en buena medida por sus malos resultados en el plano de la economía y del combate a la corrupción, pierden elecciones intermedias, locales y regionales en particular, en vísperas de elecciones presidenciales.
Como lo hemos venido comentando en este espacio durante los últimos meses, la región vive tiempos difíciles en el plano económico, en particular por la caída abrupta y hasta cierto punto, estructural, de los precios de las materias primas. Un país como México, si bien es dependiente del precio del petróleo, dispone también de un tejido industrial fuerte (en parte en el sector automotriz), lo cual lo hace (un poco) menos vulnerable a los humores del mercado. En cambio, en un país como Venezuela, que depende a 95 por ciento de la exportación de crudo, estos desajustes tienen un impacto dramático. Chile, que es dependiente de las exportaciones de materias primas, en particular de la exportación del cobre, estas fluctuaciones han frenado considerablemente el crecimiento económico. El problema para Bachelet, como lo ha sido también para Peña Nieto, se encuentra en el cansancio de la sociedad ante la sucesión de escándalos de corrupción que implican personalmente a los mandatarios o a los miembros de su familia. En el caso chileno, se trata de su hijo, acusado de haber manipulado la compra-venta de terrenos en una provincia por un monto de 15 millones de dólares. Este hecho ha provocado que Michelle Bachelet, a pesar de haber puesto sobre la mesa temas tan importantes para la sociedad chilena como la reforma educativa y la reforma fiscal, con un enfoque definitivamente más progresista que en México durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, enfrente niveles inéditos de impopularidad. Hoy en día, menos de una cuarta parte de los chilenos aprueban su gestión.
Para su coalición, que se encuentra inmersa en un proceso de discusión sobre la sucesión presidencial (en Chile, los presidentes no pueden ser candidato(a)s a una reelección consecutiva), que se llevará a cabo a finales del próximo año, esta impopularidad y sobre todo, estos resultados electorales, vislumbran problemas a futuro. El problema reside en la dificultad para la clase política de proponer nuevas soluciones, y en particular nuevas caras, a un electorado que espera un cambio en las formas de hacer política. En efecto, el pre-candidato de la coalición en el gobierno es el ex presidente Ricardo Lagos, quién, a pesar de haber sido un buen presidente de Chile, difícilmente puede encarnar la renovación y el cambio político. Por su parte, la derecha tiene como principal contendiente al ex presidente Sebastián Piñera, que tampoco es un representante de cambio. Tal vez por eso, frente a este panorama poco alentador, Valparaíso, una de las principales ciudades del país, eligió como alcalde a un candidato independiente, de 31 años, Jorge Sharp, apoyado por los movimientos estudiantiles críticos de las políticas educativas del primer mandato de Bachelet (“los pingüinos”), encabezados por Giorgio Jackson y Camila Vallejo.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada