Para el gobierno de la Ciudad de México, los temblores son una desgracia de la gente común, pero un negociazo de los funcionarios deshonestos, esos que no escasean en escritorios y ventanillas donde se ofrece considerar “damnificados” a quienes estén dispuestos a soltar mordida, mientras se tiene en el abandono a quienes perdieron techo y pertenencias.
La Oficina de la Presidencia, la actual, asegura que de un total de 169 mil viviendas afectadas por los sismos de hace un año, “98 por ciento de los propietarios y recibieron ayuda” (La Jornada, 19/IX/2018), la que suma 8 mil millones de pesos. Si lo anterior fuera cierto, cada propietario de casa habitación dañada tendría que haber recibido más de 48 mil pesos, lo que no es cierto si atendemos a que son muchos miles los capitalinos que se hacinan en tiendas de campaña o están arrimados con sus parientes cuando no, de plano, han decidido meterse de nuevo a las viviendas afectadas. Pero son las típicas y alegres cuentas de fin de sexenio.
Solamente en Iztapalapa hay 21 mil 800 viviendas con daños, de acuerdo con el recuento de la autoridad delegacional. En algunos casos, pocos, los damnificados han recibido hasta 150 mil pesos, pero no saben si vale la pena gastarlos en la reconstrucción de un inmueble situado en una falla geológica o en cualquier otro lugar igualmente peligroso, a lo que se agrega la falta de dictámenes definitivos.
En el otro extremo social hay fórmulas todavía más eficaces para el beneficio de los corruptos. Por citar un caso, el Instituto de la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF) da por buena la “revisión” de un edificio de la colonia Condesa donde vive gente de un respetable nivel de ingresos y, pese a que no hay daño estructural, algún burócrata dice que puede cambiar la clasificación para que los habitantes del inmueble aparezcan como “damnificados” y puedan cobrar 150 mil pesos y hasta más, según promete el tinterillo.
En el documento que ampara la dudosa revisión, dirigido a dos personas que se ostentan como “representantes del edificio” sin serlo, se considera “la estructura del edificio en riesgo medio”, por lo que “se deberá efectuar la reparación puntual de los muros afectados y en su caso, someter a la estructura a un proyecto de rigidización; adicionalmente se deberá efectuar en la edificación un programa de mantenimiento integral”, lo que “debe culminar con la reparación y reforzamiento de la edificación”, etc.
Pero ocurre que el documento no acredita tales conclusiones, pues “el edificio en comento presenta un porcentaje de inclinación de 0.2 por ciento, valor que se encuentra muy por debajo del límite señalado en el Reglamento de Construcciones” y otras normas, “de donde podemos concluir que se encuentra dentro del estado límite de servicio”. La inclinación, por cierto, la tiene el inmueble desde hace más de veinte años y nunca se ha considerado catastrófica.
La desvergüenza de quien elaboró el documento de marras, se evidencia en la conclusión, donde dice que las acciones recomendadas “deberán culminar con la reparación y reforzamiento de la edificación”. Cualquiera supondría que el edificio “en comento” está a punto del derrumbe. Hay, sí, paredes cuarteadas, humedades, desprendimiento de los acabados y otros daños menores, sobre todo por “intemperismo” y falta de mantenimiento, pero nada más.
En los anexos en ninguna parte se menciona la existencia de daño estructural, pero sí dice que las columnas “muestran un estado estructural aceptable”, “los elementos estructurales muestran condiciones adecuadas”, no se aprecia “afectación alguna que ponga en duda la estabilidad local de la edificación” que se halla “carente de afectaciones estructurales de relevancia” o con “afectaciones menores que no menoscaban la estabilidad”; no se observan “mayores riesgos de inestabilidad” y cinco veces se repite que el edificio tiene “condiciones estructurales adecuadas” (¡cinco veces!). ¿Entonces?
Los ciudadanos podemos sospechar que los funcionarios corruptos se valen del justificado miedo de muchos capitalinos para exagerar los daños, recomendar a ingenieros y constructores cómplices (si no los aceptan se niega el dictamen) y gestionar buenas cantidades de dinero a los falsos damnificados que estén dispuestos a entrar en el cochupo. Esperemos que Claudia Sheinbaum acabe con estos negocitos y meta a la cárcel a los sinvergüenzas.