En plática de inicio de año con algunos amigos, hacíamos vaticinios que pueden presentarse en la ciudad capital del estado, en un futuro cercano. Por principio de cuentas, estuvimos en igual sintonía sobre lo imperativo de “no normalizar” nuestra vida cotidiana a las circunstancias adversas que hoy en día se presentan y desde tiempo atrás, en los temas de homicidios, secuestros, extorsiones, latrocinios e impunidad imperantes en este municipio y alrededores. Como pueblo agachado seguiremos cubriendo con un manto de abnegación y sometimiento ciudadano perenne, a una impunidad fuerte, delictiva y expansiva, propiciadora de todo tipo de delitos, que han contado siempre con la venia paralizante de la mayoría de las instituciones de seguridad pública que operan en el municipio a pesar de que es sede-cuartel de una de las dos zonas militares que existen en Guerrero.
También reflexionamos sobre la necesidad de vernos en el espejo de lo acaecido en el puerto turístico de Acapulco, inmediatamente después del paso del huracán Otis. O sea, el total saqueo popular, impresionante y masivo, de casi todos los haberes de los negocios establecidos en la principal avenida Costera del puerto y otras calles circunvecinas. Fue una acumulada bomba de tiempo que explotó cuando se dieron las condiciones propicias.
Circunstancias explicables solamente en una ciudad cuya desigualdad social es brutal; y donde la mayoría de la población vive históricamente en pobreza permanente, al igual que otras muchas ciudades de Guerrero.
De tal magnitud fue el vandalismo social para apropiarse de lo ajeno, que dejó pasmadas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, además del profundo impacto en la opinión pública nacional e internacional. Repito: las fuerzas institucionales para hacer respetar la ley y el orden cívico brillaron por su ausencia; de ahí que hubo libertad total para que se realizara el bandidaje con total impunidad.
Las posibilidades de que esta forma de rapiña colectiva pudiera cundir en futuros desastres naturales a nivel nacional –que conlleven pérdida masiva de seres humanos y bienes materiales–, movió al gobierno federal a tomar la decisión de establecer, a la brevedad posible, más de veinte cuarteles militares a lo largo y ancho del territorio de Acapulco y Coyuca de Benítez con el objeto de inhibir a la delincuencia, simple y organizada, para que siga asentando, aún más, sus reales, ante un vacío de poder institucional certificado.
A la par, se dio prioridad en atender la instrucción presidencial de implementar rápidamente amplios programas de apoyo eventual, de urgencia y cortoplacistas, para una inmensa ciudadanía damnificada, como una respuesta pronta a esa descomunal tragedia social, económica y ambiental.
Con el escuálido aforo de turistas que hubo en la pasada temporada vacacional, se quebró la columna vertebral económica del principal municipio de Guerrero que tiene en su cabecera municipal una población, fija y flotante, de alrededor de un millón de habitantes. Su actividad económica se redujo en no menos del 70 por ciento de la que tenía en la temporada de fin de año del 2022; incrementándose abruptamente el desempleo urbano y semiurbano, con la consecuente caída masiva de ingresos económicos en la mayoría de los hogares acapulqueños.
Esto último hará seguramente que la delincuencia empiece su reactivación y prosiga su expansión poco a poco, una vez que se hayan agotado los apoyos eventuales que actualmente se están otorgando; pero, como el pronóstico es que no va a haber mucho dinero que robar, ahora serán los malandros que residen en el puer­to turístico de Acapulco los que se trasladen a Chilpancingo a realizar sus fechorías; cuestión abonada de antemano; siendo ya un territorio municipal disputado desde el sexenio pasado, principalmente por dos bandas de “chicos organizados”, muy agresivas. Esa es la razón de la migración que ya están realizando muchas familias chilpancingueñas hacia otros estados del país. El escenario apenas descrito es pues, de pronóstico reservado.
El tema esbozado surgió como referencia al fenómeno de la movilización post Otis de una parte de la población acapulqueña a la ciudad de Chilpancingo, para comprar agua, víveres, mercan-cías y combustible para vehículos, en los diversos establecimientos de conveniencia; saturando además la hospedería y el comercio local. Ojalá estemos equivocados, pero el panorama pesimista es que dentro de un corto plazo le tocará a la delincuencia porteña trasladarse a Chilpancingo, por no haber cosecha monetaria que levantar en el centro turístico referido. (Continuará)

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