La reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump en Hamburgo la semana pasada tuvo un resultado totalmente inesperado y lamentable, anunciado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al término del encuentro. Los presidentes acordaron, dijo, negociar un acuerdo de trabajadores temporales de México para que vayan durante periodos específicos a apoyar al sector agrícola de Estados Unidos y lo ayuden a mantener sus niveles de competencia. Frente a la anécdota del “absolutamente”, con lo cual Trump, en respuesta a una pregunta de la prensa, ratificó su idea de que México pague por un eventual muro fronterizo, pasó desapercibida la aberración de tan semejante intención. Un acuerdo de esa naturaleza revive el nefasto Programa Bracero, vigente entre 1942 y 1964.
El spin que le dieron las autoridades mexicanas al acuerdo es que reconocía la realidad mexicana (¿cuál?, ¿qué México es un país cuyo destino manifiesto es ser el patio de Estados Unidos?), y que era un avance dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con relación a la regulación del sector laboral, que en Washington quieren que sea renegociado (en el entendido que este paso no abre las puertas del mercado estadunidense a todos los que tengan la capacidad y entrenamiento para competir, sino sólo a la mano de obra intensiva en el sector primario). En cualquier caso, la visión mexicana es cortoplacista y vergonzosa.
No se sabe aún de quién fue iniciativa este nuevo programa, pero caben dos interpretaciones: si la idea es estadunidense, los mexicanos están bailando al ritmo que les impuso Trump; pero si la idea es mexicana, la ignorancia histórica sobre lo que este tipo de programa significa, conduce a una subordinación política y el final de la búsqueda del ideal asimétrico en las relaciones bilaterales. Sin embargo, hay razones para suponer que el planteamiento surgió de los estadunidenses. Videgaray explicó que la idea salió del déficit de mano de obra en algunas partes de la economía de Estados Unidos, como el campo y la industria de la construcción, con lo cual se subrayaba el mejoramiento de las relaciones bilaterales. De dónde sacó el canciller esa idea, no se sabe. El acuerdo que quieren estudiar no incluiría a obreros, sino solamente campesinos.
La analogía con el Programa Bracero es monumental. Durante los 22 años que funcionó este programa, conocido como el Mexican Farm Labor Agreement, firmado en agosto de 1942, permitió que casi 5 millones de campesinos mexicanos trabajaran en los campos de 22 estados de la Unión Americana, principalmente en California y Texas. Una vez concluido, nunca se remplazó. Años más tarde se crearon las visas de trabajo temporal, conocidas como H2A, para trabajadores en el campo, y H2B, para trabajadores no agrícolas. Otro programa, el H-1B, conocido como visas de negocios, ha sido reducido significativamente por Trump.
El Programa Bracero, de acuerdo con lo negociado, garantizaba para los mexicanos condiciones de vida adecuados, en cuanto a salud, vivienda y comida, así como un salario mínimo de 30 centavos por hora. Una parte muy importante que contenía el documento, es que los mexicanos no podrían ser sujetos de ningún tipo de discriminación o que fueran excluidos de las zonas reservadas sólo para los blancos. Nada de esto se cumplió. En Texas, los mexicanos fueron tratados como perros en el transporte público, donde los obligaban a viajar en la misma zona de los animales, y lejos de asegurarles las condiciones de vida y los salarios comprometidos entre los dos gobiernos, sufrieron una explotación sistemática que violaban lo suscrito por los dos gobiernos, que incluía abusos físicos. En California, los orillaron a vivir en cuevas dentro de los campos de cultivo. Los braceros rara vez se quejaban del maltrato, por el temor de que se les cancelara la visa.
Por años, el Programa fue criticado. Los gobiernos mexicanos alentaron la expulsión económica de sus campesinos al ser incapaces de abrir oportunidades en su país, mientras que en Estados Unidos produjo externalidades, como la caída de los salarios de los campesinos estadunidenses. La Comisión sobre el Trabajo Migratorio creada por el presidente Harry Truman, afirmó en un reporte en 1951 que mientras los sindicatos se oponían a la inmigración mexicana sin restricciones, los agroindustriales, con respaldos en el Capitolio, querían garantizar la continuidad de la mano de obra “barata y dócil” mexicana.
El programa otorgó alrededor de 200 mil visas anuales durante ese periodo y fue utilizado con otros fines por Washington. El Departamento de Estado lo utilizó como un mecanismo para frenar el creciente apoyo al Partido Comunista –ilegal en ese entonces–, y el Pentágono encontró en él un mecanismo de reclutamiento para las guerras en las que se embarcaba. De esa forma, reclutaron mexicanos para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la de Vietnam. El programa obligaba a los mexicanos a regresar al término de la vigencia de la visa, sin generar antigüedad ni derechos, y sólo podía ser utilizado para resolver los déficits laborales, sin desplazar o remplazar a los trabajadores estadunidenses.
De acuerdo con lo que dijo Videgaray, para allá van. El lobby agroindustrial ha presionado como ningún otro a Trump para que fortalezca ese sector durante la renegociación del TLCAN, y uno de sus impulsores es el senador texano John Cornyn, a quien visitó en su oficina el canciller mexicano el lunes. ¿Indignidad completa la de los mexicanos, y desdén por la historia y por los mexicanos? Si se trata de complacer a Trump y el lobby agroindustrial, este será el primer paso, una genuflexión ante los ojos de todos los mexicanos.

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