Los narcotraficantes son los verdaderos dueños de Culiacán, Sinaloa. Y no sólo lo son en mi municipio, en mi casa, lo son también en toda la Sierra Madre Occidental, y en decenas o cientos de municipios de México; lo son en amplios sectores de Guerrero, de Tamaulipas, de Morelos, de Michoacán, del Estado de México, de Veracruz, de Chihuahua, de Sonora, de Baja California, de Durango, de Nayarit, de Jalisco, de Colima, de Guanajuato, de Oaxaca, por mencionar sólo algunos estados.
El término “dueños” puede parecer una exageración. No lo es.
No lo es porque sus actos no tienen verdaderas consecuencias: se pasean en vehículos armados, sin placas, con los vidrios polarizados; se pasan los altos, asesinan en la vía pública, privan de la libertad a jóvenes, señores, menores de edad, roban gasolina a Pemex y la venden dentro de las ciudades, en casas o a domicilio, y nada los detiene. La impunidad campea. La autoridad ha renunciado a su función y la postura social es terrible: no les hagas nada, húyeles, córreles para que no te pase nada. La indefensión social ante el rebase del Estado.
El endurecimiento de la política anticárteles de Estados Unidos ha hecho crecer el consumo de drogas en México. Ahora se pelean colonia por colonia, esquina por esquina, metro por metro. Pero este incremento en la violencia tiene una explicación lógica: el cobijo de parte del gobierno a cambio de millones de dólares. Sí, millones de dólares.
La relación corrupta de políticos-narcotráfico-policías se ha convertido en el coctel perfecto para la violencia. El periódico Reforma acaba de publicar que el cártel de Los Rojos financió en 2015 las campañas de 11 candidatos de ocho partidos en Morelos, a cambio el grupo delictivo les cobraba entre 100 y 500 mil pesos mensuales, además de una sumisión gubernamental implícita y el control de la obra pública.
En Guerrero hay varios casos, uno de ellos, el del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos acusados de pertenecer al grupo delincuencial Guerreros Unidos, una escisión de los Beltrán Leyva. Ambos son parte fundamental de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El municipio entregado al crimen.
El ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, era el personaje más temido del estado durante el gobierno saliente de Roberto Sandoval, ahora acusado de enriquecimiento inexplicable. La Comisión de la Verdad local ha documentado que el ex fiscal torturó a personas, las secuestró, las despojó de terrenos y bienes, mientras que el gobierno de Estados Unidos lo señala de tráfico de drogas. Veytia mantenía una “paz mafiosa”, tanto que con el cambio de gobierno en Nayarit han aumentado drásticamente los niveles de violencia.
El ex fiscal nayarita fue detenido hace un año cuando cruzó a Estados Unidos, y ha sido acusado de conspiración para distribuir, importar y producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas.
Una llamada retumbó en los oídos de un jefe de policía que no fue identificado, salvo por su apodo Delta 1. En septiembre de 2016 se dio a conocer la llamada telefónica donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, sometió a un policía de ese estado. “Todos agarran dinero”, le recordó El Mencho al jefe policiaco en referencia a una treintena de policías que le estaban complicando su operación delictiva. El jefe policiaco sucumbió a la amenaza y prometió que se iba a disciplinar. Más tarde fue despedido.
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se halla acusado de narcotráfico por México y por Estados Unidos. Los gringos lo acusan de fraude, asociación delictuosa, vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero, entre otros; en México se le persigue por delincuencia organizada y lavado de dinero. En su sexenio (1999-2005) el crimen organizado se enquistó fuerte en el estado fronterizo, tanto que no ha podido salir de esa penumbra.
En Sinaloa la cosa no es menor. Es la cuna de la mayoría de los grandes cárteles del país, aunque ahora ya están muy fragmentados. En el estado hay dos casos emblemáticos: el de el ex jefe policial Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuy Toño, y el de la ex diputada Lucero Sánchez.
Desde hace 15 años a Chuy Toño se le ha acusado de proteger al crimen organizado. En 2004 se descubrió que policías a su cargo protegían a líderes del Cártel de Juárez que vivían en Sinaloa; en 2010 la PGR giró una recompensa para dar con su paradero porque lo acusó de lavado de dinero junto con un grupo de presuntos narcotraficantes. Al tiempo, Chuy Toño pudo librar la acusación. A pesar de estos antecedentes, el ex gobernador, Mario López Valdez, Malova (2011-2016), lo nombró director de la Policía Ministerial de Sinaloa, y en los hechos controló al resto de policías locales.
El caso de Lucero Sánchez es paradigmático. Una joven que no tenía verdadera experiencia política fue postulada por la oposición y le ganó la elección al PRI en el municipio rural de Cosalá. Poco después se le acusó de ser parte de la red de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y por ello está detenida en Estados Unidos.
Las muestras de corrupción son claras. Para que el narcotráfico funcione con ese poder que ostenta sólo es posible con la participación del gobierno: políticos, policías, gobernantes, jueces, legisladores. Por eso, si en realidad queremos disminuir la violencia generada por el narcotráfico, hay que empezar por aquello que la potencia, la permite, la estimula. Y eso se llama corrupción.