Resumiendo lo expresado en la anterior entrega: los verdaderos orígenes de la inseguridad pública se encuentran en las delincuencias violentas que tienen como caldos de cultivo: a)  Las complicidades criminales de una parte del sistema gubernamental, que las propicia y preserva; b) La pobreza y miseria material de la mayoría del pueblo, c) Los bajos niveles de educación, valores y principios de la población en general; d) La amplia e insultante brecha de desigualdad social existente en nuestro país; e) Un sistema de justicia puesto al mejor postor, d) La extendida corrupción e impunidad institucional, irradiada a lo social como sistema de vida cotidiana, e) El muy atrayente por rentable, mercado mundial de los estupefacientes y otros negocios criminales y f) Un futuro cancelado para el sano desarrollo de la mayoría de nuestra juventud.
Mientras la estructura gubernamental se auto proteja en la impunidad, no podrán reducirse las circunstancias que generan lo delincuencial y sus prácticas más agudas. En el caso de Guerrero ha habido más de un presidente municipal, diputado local, funcionario público, político o gobernador que han eludido la justicia gracias a ese blindaje legal que les permite transgredir y asociarse para tal fin, sin mayor sanción.
La incapacidad, corrupción e impunidad gubernamental son claves para explicarse por qué la inseguridad se mantiene y crece. Esa debilidad es explicada a su vez por la omisión, simulación o comisión ligada a la acción delictiva. Ese accionar soterrado también confirma su participación en el mercado de la ilegalidad y en la expansión de todo tipo de delincuencias. En ese contexto, las organizaciones delictivas aun cuando las descabecen, terminan por regenerarse y multiplicarse, no importando que sean de menor tamaño porque actúan con mayor letalidad.
La voluntad política gubernamental para enfrentar con éxito el problema de la inseguridad pública no se mantiene en forma constante y continua, lo que provoca una espiral del delito que ocasiona desfases o vacíos en las estrategias adoptadas para contenerla y disminuirla en el mediano plazo.
México, en algunos estados de la república, presenta una dramática, dolorosa y sangrienta realidad: La inseguridad pública prevaleciente es combatida por una parte del gobierno federal, los estatales y municipales, pero otra sección del mismo Estado, la fomenta y protege. Agreguemos a los anterior lo siguiente: 1) El sistema de justicia mexicano está colapsado, en el ámbito de la prevención y procuración de justicia, ejemplo es la exasperante lenidad en la certificación y depuración de las policías, así como la poca viosible erradicación de malos elementos incrustados en las fuerzas armadas. 2) El marco de opacidad que cubre las acciones y la rendición de cuentas gubernamentales, deviene pérdida de control de lo que es y lo que no es el Estado mexicano. Sobreviene la existencia de la delincuencia encarpetada dentro del gobierno, quedando el pueblo en la indefensión total. Por eso, algunos analistas del delito afirman que el Estado mexicano es en sí mismo la delincuencia organizada de cuello blanco.
En México, en términos generales, el crimen paga bien y no se castiga. El 96 por ciento de los casos queda impune. En la cotidianeidad somos una nación donde no se respeta la ley y en donde en el gobierno predomina la ilicitud como sello distintivo, perdiendo toda legitimidad y autoridad de exigir a otros, lo que a ellos no los distingue.
PD1. La balacera que dio inicio la masacre en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, fue provocada por soldados francotiradores camuflados, pertenecientes a un batallón del Estado Mayor Presidencial, cuyos disparos los dirigieron premeditadamente hacia soldados de batallones regulares del Ejército mexicano. Así lo dejó asentado, en sus memorias póstumas, el general de división Marcelino García Barragán, en ese entonces secretario de la Defensa Nacional.
PD2. El clamor de una buena parte de la ciudadanía de Chilpancingo y Acapulco es decirles a sus respectivos alcaldes: ¡Ya váyanse!