A la memoria de la eterna leyenda del Che Guevara

La seguridad de la delincuencia organizada para hacer prevalecer la inseguridad pública se la otorga la política, entre otros factores. Los malandrines aprovechan la democracia mercantilizada de nuestro actual sistema electoral, donde la compra de voluntades de los electores es el pan de cada trienio.
El dinero de la delincuencia sirve al financiamiento de las campañas electorales de políticos de indistinta ideología; siempre y cuando, una vez conquistado el poder, pague el candidato (a) triunfador (a) lo previamente pactado, que generalmente se centra en ponerles a su disposición los sistemas policiacos, los registros públicos de la propiedad y otras concesiones de diverso tipo permitiéndoles expandir los tentáculos de sus criminales negocios a lo largo y ancho del tejido social.
Para disminuir la inseguridad pública no basta tan solo perseguir y capturar físicamente a sus principales protagonistas; sino también seguir el flujo de las grandes cantidades de dinero con que lo operan y acumulan, para confiscárselos inmediatamente. Disminuir esa fuerza monetaria que les permite tronchar la justicia y seguir operando; incluso encerrados en la cárcel o desde las oficinas de lujo de la delincuencia “de cuello blanco”.
En nuestro sistema democrático electoral existen espacios de financiamiento soterrado que ponen algunas estructuras gubernamentales bajo control de los capitostes de la delincuencia. Urge, por tanto, reforzar la vigilancia de las campañas políticas para que sean lo más transparente posible, sancionando con mayor rigor el financiamiento ilícito que se presenta durante la litis electoral.
Indispensable resulta la participación autocrítica y honesta de los partidos políticos para erradicar el financiamiento de los malosos con fines de clientelismo político. Es grave por deshonesta la actual demagogia de no querer el financiamiento público para su operación, cuando hasta la fecha viven de él, ya que recursos propios tienen en muy poca cuantía. Solamente les quedaría buscarlos con los barones del buen dinero o del malo.
Así, los mercados mundiales de la ilegalidad crecen y se desarrollan con la participación de la política y de los políticos en la órbita de la delincuencia, junto con la actuación también de un segmento empresarial, sobre todo de la rama financiera y la inmobiliaria. Esta trilogía multifacética de poder en torno al crimen, lo eleva a altos niveles de impunidad e inmunidad. Es la narco-política y el narco-emprendurismo empresarial.
Programas a implementarse por el gobierno para frenar la inseguridad pública y que no se aplican eficazmente, son: a) Despenalización de las drogas suaves, tanto para fines farmacéuticos o lúdicos. b) Atender el problema del consumo de drogas como un asunto de salud pública y no meramente punitivo. c) Limpiar de corrupción, impunidad e ineptitud el sistema integral de justicia nacional, tanto a nivel de policías, ministerios, jueces y magistrados d) Mayor participación ciudadana y de los partidos políticos en acciones pro seguridad. e) Rediseño integral del sistema penitenciario nacional.
La juventud requiere un especial énfasis: Ningún joven quiere convertirse en sicario por deseo espontáneo. Su motivación parte de una “cultura narca” en la que está imbuido todos los días de la semana. De un subyugante poderío letal y monetario de fuerte aliciente seductivo, en un entorno de violencia extra e intrafamiliar, con pobreza circundante, sin empleo y con vías clausuradas para continuar sus estudios. Al contarse por cientos de miles, engrosan el ejército de la carne de cañón disponible del sicariato.

PD1. Si el Frente Ciudadano por México no explicita en su programa común la reversión de las concesiones de nuestros recursos energéticos y minerales, no marcara diferencia importante con el PRI.
PD2. El Frente-Coalición tendría un candidato muy competitivo para la presidencia municipal de Chilpancingo en la persona de Toño Gaspar.