Las cárceles son los mejores centros de enseñanza que hay en nuestro país para ser delincuente de toda ralea. Tanto en la expansión como en la perfección de las peores artes de perjudicar, robar o asesinar al prójimo. El sistema judicial nacional funciona para procurar y administrar la justicia (supuestamente), pero uno de sus componentes, el Subsistema Penitenciario Nacional (SPN), promueve todo lo contrario en los hechos. La inseguridad pública tiene en las cárceles mexicanas un manantial permanente donde abreva y nutre, manteniéndose vigente y desafiante.
Es redundante afirmar que los propósitos que marca la Constitución al SPN han sido trastocados por la delincuencia. Eso, en colusión con buena parte de las autoridades gubernamentales que tienen bajo su responsabilidad, directa o indirecta, la operación de dicho subsistema. Tomando como base datos estadísticos, las conclusiones a que llega, Juan Pablo García Moreno, en su ensayo Las fallas del sistema penitenciario son contundentes, a saber:
Su capacidad para alojar población procesada y sentenciada está sobresaturada. Existe un uso excesivo de la prisión preventiva, sin considerar desfogues con otras sanciones alternativas. La aberración es que un interno en prisión preventiva, después de esperar varios años por una sentencia, al final es declarado inocente. (Es el caso de los presos políticos de la CRAC que retiene el poder gubernamental de Guerrero.)
A principios del 2016, según datos de la Secretaría de Gobernación, personas que no contaban con una sentencia condenatoria sumaban el 42 por ciento de la población total recluida en las cárceles del país. En las cárceles de Guerrero más del 45 por ciento de la población no está sentenciada. Mejores reclutas no hay para entrenarse y desarrollarse en la criminalidad.
Un sistema penitenciario que aloja mayoritariamente delincuentes menores –que son materia prima para engrosar la delincuencia mayor– refleja además la débil capacidad gubernamental de persecución del crimen organizado. Como escuelas del delito, los Centros de Rehabilitación Social (Cereso) le resultan, en términos monetarios y de costo social, muy caros al país. Terminan produciendo seres deformados en la perversidad que atentaran contra la seguridad pública tan pronto pongan un pie en la calle.
“El paso por un centro penitenciario, por más corto que haya sido, tiene un largo efecto en la vida de los internos. La falta de oportunidades para ex reclusos, causada por el estigma de haber estado en prisión, aumenta la probabilidad de que vuelvan a cometer actos delictivos”.
Los centros carcelarios en su mayoría son auto-gobernados por la delincuencia organizada. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 59 por ciento de los Ceresos en México, se rigen por autoridad propia de los internos de facto. Eso trae como consecuencia que periódicamente existan motines sangrientos en la disputa por el poder. Hace poco más de tres meses, hubo en la penitenciaría de Las Cruces, en Acapulco, uno muy connotado con un saldo de 28 internos muertos y tres heridos.
El SPN ha fracasado al no respetar los derechos humanos de los recluidos y no lograr la reinserción de los internos en forma adecuada y sana a la sociedad. La propensión a la criminalidad de las personas privadas de su libertad está en razón directa a la violación de su dignidad humana, a la inadecuada separación entre procesados y sentenciados, a la precaria atención a su salud, al aislamiento e incomunicación, a la indefensión de su integridad física, al hacinamiento, al regateo para la comunicación familiar y, sobre todo, a la colisión de autoridades carcelarias con criminales para realizar actividades delictivas: sobornos, extorsiones y tráfico de drogas de toda índole.
PD. El luchador político, Ranferi Hernández Acevedo y su familia, al igual que otros dirigentes progresistas, han sido vilmente asesinados en Guerrero en lo que va de esta administración estatal. ¿Cuál orden? ¿Cuál paz? ¿Cuántos más? La realidad desborda las ficciones y engañifas institucionales.