Desde hace 36 años, los regímenes neoliberales que gobernaron nuestro país, intentaron desaparecer al Ejido y los Bienes Comunales como núcleos agrarios sociales, no obstante que su existencia está consagrada en el artículo 27 de la Constitución Mexicana. Son conquistas campesinas de la Revolución Mexicana de 1910; es decir de la tercera transformación de México.
Los gobernantes neoliberales trataron de reducir la tenencia de la tierra de carácter social por ser obstáculo para el desarrollo de la economía capitalista rapaz. Tenían necesidad imperiosa de incorporarlas al mercado de la desigualdad. Ante la resistencia campesina, trataron entonces de minimizar al ejido y comunidades como actores principales del campo. De tal suerte que los comisariados fueron convertidos en simples tramitadores de documentación, para regularizar la tenencia de la tierra si es que estas eran cedidas, heredadas, vendidas, expropiadas o rentadas.
La Ley Agraria establece que los núcleos agrarios tienen también funciones y responsabilidades de tipo jurídico, económico y social. Entre las principales están la de representar legalmente al núcleo agrario, fomentar las actividades productivas y promover la cohesión social hacia su interior; así como preservar, administrar y defender los territorios que poseen.
Estos últimos, han pasado a ser codiciados por las grandes corporaciones económicas nacionales y extranjeras. Sobre todo, los ubicados en zonas con alta potencialidad económica como son las de vocación turística, las dedicadas a la expansión urbana y aquellas que poseen recursos naturales estratégicos, de carácter energético, minero, acuífero o forestal, entre otros. Los núcleos agrarios socialmente más vulnerables son los más susceptibles de ser sometidos para fines del atraco y despojo.
En Guerrero, los terrenos de propiedad social ubicados en mil 257 núcleos agrarios, (que representan casi el 80 por ciento del territorio estatal) vuelven a tener especial atención municipal, estatal, nacional e internacional; por ser objetos de alta codicia económica; por ejemplo, en las concesiones mineras en zonas indígenas.
La extinta Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, en colusión con algunos comisariados y caciques regionales, eran cómplices del saqueo legalizado. Eso dio paso al surgimiento de las organizaciones campesinas productivas regionales, formadas para participar activamente en los procesos económicos que se dan en el medio rural. Con el paso de los años, los gobiernos neoliberales las fueron cooptando al ofertar a sus líderes candidaturas electorales, dinero directo o moches de programas institucionales.
También en Guerrero, el Programa de Fertilizantes gratuito devino en codicia y control político-electoral, económico y social. Los principales protagonistas fueron los gobernantes estatales, municipales, partidos políticos, los lucradores sociales y los “amigos organizados”. En el año de 2019, con el traslado del programa al gobierno federal, se pretendió sustraerlo de esa maraña de intereses creados; estableciendo nuevos lineamientos para su operación; iniciando con la muy necesaria depuración del padrón vigente por corrupto y politizado. Lamentablemente el gobierno estatal, algunos conspicuos funcionarios federales, ciertos gobiernos municipales, en contubernio con seudo líderes campesinos, se opusieron desde un principio a limpiarlo; dando como resultado que el programa resultara todo un desastre.
Este año, la Coordinadora de Autoridades Ejidales y Comunales de Guerrero ha logrado que las autoridades gubernamentales tomen consciencia sobre la importancia de llevar a cabo asambleas comunitarias para la veraz, democrática y transparente elaboración del padrón de beneficiarios y en la entrega oportuna y pertinente del fertilizante a los campesinos que verdaderamente siembran maíz, frijol o arroz.
Es fundamental que en las asambleas comunitarias (donde están participando todos los auténticos sembradores de maíz, con su documentación agraria en regla o no) se levante el padrón. Debido a que el tiempo apremia, los comisariados de los ejidos y bienes comunales están haciendo ya las asambleas y se han convertido en verdaderas contralorías campesinas.
PD. Es de reconocerse la sensibilidad política y social del subsecretario de la Sader, Miguel García Winder, al admitir a las asambleas comunitarias como uno de los instrumentos necesarios para el adecuado funcionamiento del programa de fertilizantes 2020. Ojalá nadie interfiera directa o indirectamente para mal.