Jorge G. Castañeda
Febrero 15, 2022
Es absolutamente comprensible que la comentocracia se vuelque sobre el caso de la Casa Gris, y de manera concomitante, con el de la inadmisible agresión y la flagrante invasión a la privacidad, de López Obrador a Carlos Loret. Por tanto, resulta en alguna medida innecesario que otros lo hagamos, en vista de que no es ni mucho menos el único frente que ha abierto el gobierno en las últimas semanas, aunque sea el más importante.
Por ello, quisiera centrarme hoy en uno de esos frentes, no sin antes decir que, a pesar de la gravedad de los ataques contra Loret y de los precedentes que sienta, me parece primordial el tema de la casa del hijo del presidente y del conflicto de interés. No creo que lo de Loret sea un distractor pero puede fungir como tal. En otras palabras: al toro, es decir, al escándalo que involucra a José Ramón López Beltrán.
Siempre dijimos aquí que la postura del gobierno de Biden frente a López Obrador era miope pero lógica, y que le brindaba un margen de maniobra muy amplio al mexicano al insertarse esa postura en una correlación de fuerzas provisionalmente ventajosa para México. Muchos lo han dicho hasta la saciedad: Biden necesita que López Obrador le mantenga lo menos abierta posible la frontera sur de México y la frontera sur de Estados Unidos para impedir el ingreso de migrantes ya de buena parte del mundo. Así espera aminorar el efecto demoledor que el supuesto mal manejo de la migración le cause severos daños al Partido Demócrata para las elecciones legislativas de noviembre. También dijimos que esa política miope era de corto plazo: no podría sostenerse indefinidamente, ya que, por un lado, los retos que López Obrador le iría planteando a Biden en múltiples otros temas de la agenda bilateral termina-rían por obligar a Washington a definiciones más allá de lo migratorio; por el otro, congresistas, senadores, lobbies, asociaciones de empresas y organizaciones de la propia sociedad civil norteamericana, termina-rían por presionar al gobierno lo suficiente para que éste a su vez tuviera que hacerlo con México en esos otros múltiples temas de la agenda bilateral.
Así ha comenzado a suceder en las últimas semanas. Algunos de los temas de la agenda México-Estados Unidos que ya han saltado a la palestra, trayendo divergencias públicas y profundas entre México y Washington, son bien conocidos. Se trata principalmente del tema de la energía y de la reforma eléctrica. Es decir, la “preocupación” real del gobierno de Biden ante la reforma eléctrica mexicana y en general ante la postura del gobierno de López Obrador con relación a las inversiones norteamericanas en materia energética en México. Otros temas, también ya vistos, implican diversas posibles violaciones al T-MEC, que van desde la extinción de la vaquita marina hasta la prohibición de importación de granos genéticamente modificados (GM), e incluyendo propiedad intelectual, otras cuestiones agrícolas, etcétera.
En días recientes surgió un nuevo tema, tanto en comunicados de la embajada de Estados Unidos en México, como en cartas de senadores como Marcos Rubio y Tim Kaine, a propósito de los asesinatos de periodistas en México y la falta de protección del gremio en general cuando algunos de sus integrantes se encuentran amenazados.
Ahora se vienen a agregar algunos elementos adicionales. El primero de importancia relativa pero que sumándose a otros empieza a ser preocupante es la prohibición a partir del 7 de febrero a barcos pesqueros mexicanos en el Golfo de México de ingresar a puertos norteamericanos en el Golfo. Se les negará el acceso a servicios portuarios, debido a la sobrepesca y las violaciones a normas según Estados Unidos. Un segundo tema de litigio emergió hace unos días con la suspensión aparente de la exportación de aguacates a Estados Unidos (probablemente no afectó el sobreconsumo del día del Super Bowl) debido al peligro que corren los inspectores del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) en Michoacán, amenazados por el crimen organizado, o ya no protegidos debidamente por los aliados de los aguacateros de Uruapan. Habría que incluir un cuarto tema que aún no se hace público pero que puede reflejar la preocupación de algunos senadores norteamericanos por la politización de la administración de justicia en México y la acción persecutoria de la Fiscalía y su incursión en temas obviamente políticos, algunos en curso y otros ya del pasado.
A todo esto, se agrega un elemento un poco rocambolesco, pero no por ello carente de significado. Se trata de la metida de pata del embajador Salazar al manifestar su “entendimiento” o “apoyo”, o reconocimiento que AMLO “tiene razón” en la reforma eléctrica. Según él, las leyes suelen modificarse en cualquier país con cierta frecuencia y que es perfectamente natural que eso suceda en México (salvo que se trata de modificaciones constitucionales). Tuvieron que enmendarle la plana al embajador Salazar, tanto el subsecretario de Estado para Las Américas, Brian A. Nichols, y la propia Embajada de Estados Unidos en México, en dos ocasiones, como el enviado para temas climáticos, John Kerry, quien planteó las “preocupaciones significativas” de Estados Unidos sobre la reforma eléctrica. Aunque algunos consideran que Salazar simplemente cometió un error en parte por el tipo de español –muy bueno sin duda– que habla, y por dar entrevistas de banqueta que se prestan a distorsiones por parte de las fuentes mexicanas, otros piensan que se trató de un lapsus en el sentido freudiano estricto: lo que dijo fue lo que realmente piensa. En otras palabras, el embajador sí apoya la reforma eléctrica de López Obrador, aunque su gobierno no lo haga, ya que quiere a toda costa llevar la fiesta en paz, o mejor aún, estar siempre en buenos términos con el presidente mexicano. El problema desde luego es que cuando un embajador se acerca demasiado al jefe del gobierno ante el cual está acreditado, corre el riesgo de lo que los norteamericanos llaman “going native”, es decir volverse más el embajador de México ante Estados Unidos que el embajador de Estados Unidos en México. Y cuando eso sucede pierde efectividad, no en México. pero sí en su propia capital. En fin. Un frente más de los que le parece encantar abrir a López Obrador, como si no bastaran los que ya tiene abiertos por todos lados.