Hace algunos días, el gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumplió 100 días de existencia. Y, como lo habíamos anunciado en este espacio, las condiciones políticas de ejercicio de su gobierno no han dejado de deteriorarse con el – rápido – paso del tiempo. Desde su toma de posesión, el ex capitán del ejército dejó en evidencia su poca capacidad de articulación política, al nombrar la mayoría de sus ministros sin tener en mente el equilibrio de fuerzas existente en el congreso brasileño. Lo anterior en un país en el cual el régimen político es considerado uno de los más complicados del mundo, y que tiene un régimen presidencialista que funciona dentro de un sistema de partidos profundamente fragmentado, lo cual provoca que todos los presidentes de la República, de izquierda como de derecha, sean minoritarios, y por ende, que tengan que formar amplias coaliciones de gobierno en el Congreso. De Fernando Henrique Cardoso a Michel Temer, pasando por Luis Inácio Lula da Silva, todos los presidentes que concluyeron sus mandatos tuvieron que aceptar compromisos políticos en aras de obtener una estabilidad institucional mínima, aunque sea difícil aprobar reformas políticas y económicas impopulares. Desde la institución de la nueva República, a raíz de la Constitución de 1988, los jefes del Ejecutivo que perdieron la mayoría política en el Congreso terminaron perdiendo su cargo: Fernando Collor de Mello y Dilma Rousseff. Si las cosas siguen como al día de hoy, no es imposible que el futuro de Jair Bolsonaro vaya en ese camino.
En efecto, Jair Bolsonaro intentó desde su llegada a la cima de la vida pública de Brasil desmarcarse de los partidos políticos y de la clase política tradicional. En este sentido, durante la campaña presidencial, criticó duramente a los grandes partidos políticos que se repartieron el poder desde finales de los años 1980: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido de la Social-Democracia Brasileña (PSDB), y el Partido de los Trabajadores (PT). A raíz de haber sufrido un atentado terrorista a principios de septiembre, en plena primera vuelta presidencial, Bolsonaro se atrincheró en las redes sociales, evitando debatir los grandes problemas del país. Después de su elección como presidente, en vez de buscar a los demás partidos para lograr construir una mayoría política en las cámaras, decidió apostar por la radicalización contra sus enemigos favoritos, es decir el PT, Lula, la izquierda en general, así como las minorías, los negros y los pobres. Para constituir su gabinete, llamó a las bancadas suprapartidarias, como la bancada evangélica, la bancada ruralista, la bancada ligada al sector armamentista, para nombrar a sus principales ministros. Si bien en el papel, estas “bancadas” (que funcionan más bien como asociaciones que ejercen presiones sobre el poder ejecutivo en función de agendas específicas) disponen de un número considerable de escaños en el congreso, su poder real para aprobar proyectos de ley en temas distintos a las agendas defendidas por estas asociaciones indica que su peso es más que relativo.
En este caso, los nombramientos ligados a estas bancadas, en particular en sectores claves como Salud, Educación, Desarrollo Social y Ciudadanía, se han traducido en verdaderos dolores de cabeza para un gobierno disfuncional e inmiscuido de manera permanente en graves polémicas ligadas al gobierno y al propio presidente de la República. De tal suerte que las cabezas de los ministerios han comenzado a rodar, sin que sea posible constatar un cambio real en el comportamiento del presidente. Bolsonaro continúa rechazando a los llamados partidos políticos tradicionales. De tal manera que el principal proyecto de reforma impulsado por el gobierno, la reforma al sistema de pensiones, no dispone al día de hoy de una mayoría clara para ser votada. Si las cosas no cambian en el corto y mediano plazo, no es imposible que el destino de Jair Bolsonaro sea el mismo que el de Fernando Collor de Mello o de Dilma Rousseff. Solo que en este caso, asumiría un general en su reemplazo, y los militares se quedarían con todo el poder en la principal potencia de América del Sur.
*Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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