Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.

Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.