El gobierno federal ha concentrado su atención en el tema de los aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, con los que el gobierno norteamericano de Trump ha estado amenazando a México y a otros países, debido a que afectan de manera sustancial a la economía. Trump tiene su estrategia para soñar con la grandeza global de su nación, una estrategia construida de amenazas y de confrontaciones. Por fortuna, hasta ahora el gobierno mexicano ha podido lidiar con el gobierno norteamericano para no caer en sus trampas.
En este mismo contexto, duele tanto que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales han puesto la atención necesaria a los aranceles que, desde hace muchos años, establece el crimen organizado a través del cobro de piso y de las extorsiones, que en los últimos años se han ido multiplicando de manera exponencial. En algunas regiones del estado de Guerrero, como en la Tierra Caliente, han llegado a controlar la economía local y regional. Viven desangrando a las familias, a las empresas, a las comunidades y a sectores de la economía formal e informal, como a los comerciantes y a los transportistas. En los mercados locales les cobran hasta a los vendedores de limones o de verduras que llegan del campo a la ciudad a ofrecer sus productos.
Si, por un lado, el comercio formalmente establecido paga los impuestos federales, estatales y municipales, tiene además que pagar cuotas a los criminales porque si no lo hacen les queman sus negocios, o los asesinan o los amenazan. Y la disyuntiva que tienen es cerrarlos o huir, lo que significa que no hay condiciones de seguridad ni para comprar ni para vender.
Si, por un lado, no pueden compararse las de Trump con las del crimen organizado, por otro lado, ambas son amenazas a la economía local o regional que repercuten en las condiciones económicas de las familias, de las pequeñas empresas y de los empleos. Mientras el gobierno norteamericano pone aranceles a las exportaciones mexicanas, el crimen organizado pone sus propios aranceles, a su modo, a la economía interna, provocando el alza de los precios, el desempleo y la merma de la economía familiar.
La cuestión está en ¿qué pueden hacer los gobiernos para disminuir los aranceles que cobra el crimen organizado? Cada familia tiene el derecho de contar con los ingresos producto de un empleo seguro y digno y que les permita obtener los alimentos que requieren y el acceso a los servicios de salud y educación. Los aranceles del crimen organizado arrancan de tajo dichos derechos. De esta manera, la frágil economía de los pobres y de los más pobres se va desangrando todos los días con las consecuencias ya conocidas en la alimentación, en la salud y en la capacidad de ahorro.
Si tanta atención se pone en los aranceles de Trump que ponen en riesgo la economía nacional, también hay que poner atención a los aranceles que establece el crimen organizado que está afectando, de manera cotidiana, a todos, sobre todo, a los más pobres. Al menos, ¿no deberían los gobiernos establecer políticas públicas de seguridad y de justicia para disminuir esos criminales aranceles?