Cada vez son menos, ante la contundencia de los hechos, quienes escatiman la decisión, profundidad, eficacia y oportunidad de la estrategia de seguridad, combate al crimen organizado y recuperación de territorios dominados por diversos cárteles, pandillas u organizaciones de delincuentes que no sólo sienten lo duro, sino también lo tupido, de las acciones del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheimbaum, a través de un estructurado gabinete de seguridad que coordina la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Más allá de la espectacularidad de movilizar a 29 reconocidos jefes o capos de la producción, tráfico y crimen organizado extraditados a Estados Unidos, las consecuencias en el sistema penitenciario mexicano y en la estrategia y operación de la delincuencia en todo el país sufren, con este sólo hecho, consecuencias mayúsculas e irreversibles. Si no, que les pregunten a los directores y a los funcionarios encargados de la administración de los penales si la salida de estos presos provoca consecuencias en las cárceles a su vigilancia y cuidado.
Si se acepta el hecho de que buena parte de la estrategia y la operación de la delincuencia se realiza desde los penales, incluidos los llamados de “alta seguridad” hasta los municipales, se tendría que concluir que con la aceptación por el gobierno de la presidenta Sheimbaum de que cumplan los juicios por violaciones a las leyes estadunidenses, no sólo se atienden las peticiones de extradición sino que se desarticula el modus operandi de las organizaciones de las que estos reclusos son fundadores, jefes o miembros.
No son sólo los 29 jefes extraditados a Estados Unidos sino, desde hace más de un año, han ocurrido decenas de detenciones que van minando el poderío de las bandas criminales en todos los estados de la república y poco a poco se va recuperando territorio, la conducción y fortaleza del gobierno, en coordinación y vigilancia con los gobiernos estatales y municipales. Esta estrategia ha sido perfectamente acordada y coordinada con Estados Unidos en tanto ha involucrado la producción, importación, distribución y consumo de drogas especialmente, y su consecuente lavado de dinero, así como tráfico ilegal de armas y equipos de combate.
Sin embargo, el escándalo, los prejuicios y la falta de observación atenta y análisis agudo dominan el panorama mediático. Muy pocos se detienen a tratar de descubrir las consecuencias de los hechos de gobierno y se “enfocan” en las superficies. Es más fácil hablar de acatamiento de supuestas recomendaciones o instrucciones del gobierno de Trump al de México, que el aceptar el hecho de que la presidenta Sheinbaum tiene ya el control político de su administración, aunque muchos quieren o desean seguir diciendo que está bajo las órdenes de su antecesor el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras tanto, en el ámbito internacional, figuras políticas del mundo entero expresan desde asombro e indignación hasta el rechazo decidido ante las inciviles formas que Donald Trump, en funciones de presidente de la otrora potencia imperial, mostró durante la visita a Washington del mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, en días pasados. La rudeza en el trato y el abandono de toda forma diplomática pintaron de cuerpo entero al habitante de la Casa Blanca y a su vicepresidente, y mostró a todo el planeta su talante. Con ésas tenemos que lidiar en la relación de México con su principal socio comercial, ahora contaminada con los temas de criminalidad y violencia, y la seguridad nacional que es una prioridad para ambos gobiernos. En este contexto tuvieron lugar de manera simultánea dos hechos importantes: la reunión de los gabinetes de seguridad de las dos naciones y la entrega de los veintinueve reos importantes reclamados por la justicia norteamericana.
Por un lado, hay muestras claras de que el gobierno mexicano ha cumplido su parte en el combate a las bandas que trafican con drogas y también los involucrados en el crimen organizado, en particular el fentanilo, y son las principales generadoras de violencia en la región. Destrucción de decenas de laboratorios y centros de acopio de estupefacientes y de los químicos utilizados para procesarlos, cuantiosos decomisos de droga, la aprehensión de varios miles de delincuentes, algunos de ellos de muy alto relieve, y el despliegue de fuerzas de seguridad para recuperar la tranquilidad de la población, son algunas de las evidencias, a la que se suma la expatriación de los criminales más buscados.
La medida generó incluso cierta polémica, pues en México y en las cortes de justicia de Estados Unidos se puso de manifiesto que el traslado de estos reos no se hizo en el marco de las leyes y convenios de extradición, sino basado en lo que disponen las normas de seguridad nacional en circunstancias extraordinarias. Lo cierto es que México ha cumplido su parte y falta por ver si del lado norteamericano se está haciendo algo para impedir que a los cárteles les sigan llegando armas de alto poder con la anuencia o la negligencia de aquel gobierno.
A partir de este martes la administración de Trump cumplirá su amenaza de imponer aranceles a las importaciones de diversos productos provenientes de México, lo cual, se ha repetido, no tiene que ver con una estrategia o un reclamo comercial, sino con la percepción de que en el territorio nacional se protege a las mafias de la delincuencia organizada.
Además de lidiar con el bravucón de la Casa Blanca, otros asuntos han generado también polémica interna, uno de ellos la reforma constitucional para contener lo que se ha llamado nepotismo electoral, es decir, la sucesión en puestos de elección popular por familiares de quien deja el cargo. La propuesta presidencial fue que esta ley se aplicase desde el año 2027; en el Senado se aprobó pero se aplazó su vigencia hasta 2030. Ya el partido de la presidenta Sheinbaum, Morena, ha ofrecido su ayuda para que familiares de funcionarios o gobernantes no sean postulados por este movimiento.
Si se mantiene esta postergación de la entrada en vigor de la reforma, en varios estados, entre ellos Guerrero, podrá darse el caso de que el mandato siguiente, así sea convalidado con una elección, quede en manos de la misma familia. Por supuesto los involucrados no han ocultado su contento con la demora votada, amparados en el vacío legal producido y en el apoyo popular del que presumen. Para muchos observadores, se ha hecho evidente que han quedado atrás los tiempos en que a una iniciativa presidencial no se le movía ni una coma; lo notable es que la rebeldía se genera desde dentro del grupo que detenta el poder con una muy amplia mayoría.
En un contexto donde tantos moldes se han roto, no deja de llamar la atención esa resistencia inocultable, resuelta por la vía de la procrastinación, o como se diría en el lenguaje callejero, “pateando el bote” y postergando o manipulando los hechos para que todo quede igual.
Pronto sabremos cómo le va al país con Trump y sus agresivas ocurrencias, y el desenlace del proceso legislativo de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum.