Anteriormente eran apenas perceptibles las acciones de la delincuencia organizada durante los procesos electorales. Ahora no lo son tanto. Aparejadas al pasado proceso electoral se pueden contar por cientos las víctimas, entre aspirantes, candidatos, militantes y dirigentes políticos, que fueron afectadas en razón de los cambios de gobierno. La delincuencia organizada y, en particular, el narcotráfico está haciendo sentir su presencia como un actor político cada vez más ligado al poder público.
No es nueva la simbiosis entre podre público y narcotráfico, al grado de que no es fácil detectar donde comienza uno y donde comienza el otro. Sobre todo, en los municipios, que son la parte más vulnerable del sistema político mexicano. Desde hace años es conocida la situación de los municipios de la Tierra Caliente de Guerrero donde la mano de la delincuencia se pudo sentir ahora hasta en los procesos de selección de los candidatos, en forma de veto o de amenazas. La tendencia de esta práctica se va generalizando cada día más. Lo que parece ser muy cierto es que en las cifras electorales está la mano de la delincuencia.
Ahora que se preparan los cambios de gobierno, la delincuencia debe estar muy activa. Tienen sus métodos muy eficaces para negociar y quedarse con espacios del poder público y para sacar ganancias de los presupuestos municipales. Esto es lo que ya han hecho, desde años, en un número creciente de municipios.
Lo que no conocemos es la respuesta del Estado ante esta tendencia hacia un Estado mafioso que se está dando, en el que se da un cogobierno con las más variadas formas. En ocasiones la delincuencia tiene cooptado al gobierno municipal, en otras, hay acuerdos para intervenir o no intervenir, en otras se da el control de los territorios. ¿Cuál es la estrategia del Estado para quitarse las ataduras de la delincuencia en el funcionamiento de los gobiernos municipales y estatales? ¿Cómo piensa revertir esta dinámica corruptora del poder público en la que la democracia ha quedado reducida por el poder de las armas y de la ilegalidad?
Azorados por el crecimiento del poder político de la delincuencia organizada, los ciudadanos no sabemos a qué atenernos, ni sabemos si ya hay una salida prevista desde el poder público para sacudirse ese parásito trepador que ya está incrustado en ámbitos del poder público municipal. Los municipios dejados a su suerte están indefensos y no les queda más opción que someterse y negociar. Se prevé que en los primeros meses de gobierno haya reacomodos y, con ello, se incrementen las acciones violentas como consecuencia de los mismos.
¿Qué sigue? Es evidente que en sus ambiciones políticas la delincuencia organizada no tiene llenadera y que va por más. Los municipios son sólo el principio de sus escaramuzas políticas y seguirán con otros espacios públicos, como los partidos políticos y los gobiernos estatales. Nadie puede afirmar que no estén ya en esos lugares, pero es necesario prever que las complicaciones políticas serán mayores.
Esto significa que la delincuencia organizada se ha estado convirtiendo en un actor importante no solo durante las campañas electorales sino también en el sistema político. Ha estado conquistando espacios y ha entrado en el concierto de las negociaciones y de los acuerdos con las fuerzas políticas legales e ilegales. Se ha sumado a los ciclos de la política, desde la cual toma parte en muchas decisiones importantes que afectan a la población.
Lo grave de este asunto está en que, de no atenderse esta intromisión política de las bandas criminales y de los cárteles de la droga, la democracia queda perturbada desde sus fundamentos, el desarrollo se frena y la legalidad deja de tener sentido. Y la fatal consecuencia será la ingobernabilidad con daños mayores a la población. Y un sistema político embrutecido por la violencia.
En muchos municipios se ha encendido una señal de alarma. Hay que ponerle atención.