EL-SUR

Sábado 15 de Junio de 2024

Guerrero, México

Opinión

Los claroscuros. A la mitad del camino

Tlachinollan

Septiembre 20, 2021

Para el maestro Humberto Villavicencio Bazán, quien entregó su vida en La Montaña para formar nuevas generaciones en la construcción de una sociedad igualitaria, ondeando las banderas del PCM al lado del maestro Othón Salazar

El nuevo libro que publicó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, con motivo del tercer año de su gobierno, manifiesta claramente que está enfrentando varios desafíos. Se ha comprometido a reducir la violencia para devolver la tranquilidad pública que tanto reclama la sociedad y también está empeñado en alcanzar mejores niveles de desarrollo, para las mayorías empobrecidas. Confiesa que lo que desea de todo corazón, es que al final de su administración haya menos desigualdad.
Para hacer realidad la cuarta transformación se propuso enfrentar el grave problema de la corrupción y para combatirla contrapone la virtud de la honestidad, que es la parte más valiosa del pueblo mexicano. Califica al modelo neoliberal como la política del pillaje. Estos gobiernos estaban consagrados a facilitar la corrupción y no se preocupaban ni por asomo por el bienestar del pueblo. Para legalizar este despojo se adulteró el marco jurídico con varias reformas a la constitución con el fin avieso de transferir los bienes de la nación a particulares. Se conformó la mafia del poder que se propuso privatizar los bienes de la nación y facilitar los negocios privados de quienes desempeñaban cargos públicos. El andamiaje gubernamental se diseñó para legalizar el saqueo y abrir las puertas al capital trasnacional.
En buena medida su diagnóstico y su plan de gobierno ha adquirido una nueva fisonomía con la implantación de una política social centrada en el bienestar de la población más depauperada y con la reasignación de mayor presupuesto público, retomando fondos de varios programas o fideicomisos que desaparecieron. La política de la austeridad impuesta al interior de la administración federal eliminó los gastos suntuosos y redujo al mínimo los gastos de operación. Se acabó el glamur de la clase política y sus altos ingresos como servidores públicos. Iniciaron las pesquisas contra ex funcionarios que participaron en operaciones fraudulentas, y que fueron causa de grandes quebrantos en las finanzas públicas.
Su principal aliado para la operación de sus grandes proyectos como el nuevo aeropuerto internacional de santa Lucía y como el nuevo contingente de la guardia nacional, es el ejército mexicano, que ha recibido mayores asignaciones presupuestales, otorgándole mayor poder y presencia en la vida pública. El ejército es el principal constructor de las obras estratégicas del gobierno federal. Por otra parte, el modelo de seguridad pública que privilegió el presidente Andrés Manuel, fue la vía militar, cancelando la posibilidad de fortalecer un modelo policial ciudadanizado, centrado en el respeto a los derechos humanos, en la prevención del delito y en la seguridad de la población. A pesar de que ha remarcado que el ejército ya no recibirá ordenes para reprimir a la población, su mandato y su esencia es de otra índole. Su formación está centrada en la seguridad nacional, su entrenamiento es para enfrentar al enemigo y su misma estructura jerárquica es para obedecer ordenes de las autoridades militares, no de las autoridades civiles.
En Guerrero, la presencia del ejército ha sido para violar los derechos humanos de los ciudadanos; para hacer la guerra al pueblo que ejerce su derecho a la protesta y que en todo momento ha increpado al poder caciquil. Las acciones violentas de los militares dejaron centenas de personas desaparecidas, ejecutadas y torturadas, implementando una estrategia de contrainsurgencia, con el objetivo expreso de causar terror entre la población, de atentar contra la seguridad y la vida de la gente pobre del campo y de la ciudad. Ocupó territorios comunales, arrasó poblaciones, asesinó a los jefes de familia y mancilló a las mujeres que protegían a sus hijos. Destruyó cosechas y robó el precario patrimonio de las familias trabajadoras. No hubo autoridad civil ni ley que los obligara a respetar la vida de los luchadores sociales, catalogados como disruptores del marco constitucional. Por órdenes presidenciales, aplicaron toda la fuerza represiva del estado, no solo contra los grupos guerrilleros sino contra las comunidades que simpatizaban con su lucha. Suspendían de facto las garantías constitucionales y se erigían como el poder supremo incontrovertible.
Esta cauda de la violencia ha sido denunciada en todo momento por los familiares de las víctimas, sin embargo, hasta la fecha no se ha investigado ni castigado a los elementos castrenses. A pesar de que el Estado Mexicano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de derechos humanos en 4 ocasiones; por los casos de Rosendo Radilla, Teodoro y Rodolfo Montiel, Valentina Rosendo e Inés Fernández, las autoridades civiles no han garantizado investigaciones eficaces para dar con los responsables, como en los casos de Rosendo, Teodoro y Rodolfo. Con Inés continúa el proceso contra un militar y en el caso de Valentina se logró la sentencia de dos militares cuyos casos se encuentran en apelación. En los más de 600 casos de personas desaparecidas que han denunciado sus familiares no hay avances sustantivos, por el contrario, varios de ellos han quedado a la deriva por la lucha desgastante y porque a más de 40 años, la batalla por la justicia se ha debilitado ante tantos problemas de salud, pobreza y tragedias familiares.
En el marco del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, el presidente de la república creó la comisión presidencial para la verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición en favor de las víctimas de la guerra sucia. Es una gran iniciativa que atiende el reclamo histórico de verdad y justicia de centenas de familias, que desde la década de los setenta, no han cejado en su lucha para dar con el paradero de sus seres queridos. Es un nuevo impulso para colocar en la agenda pública los crímenes del pasado cometidos por el ejército. Falta saber cómo funcionará esta comisión y qué derrotero tomará para investigar más de 600 casos que han reportado los familiares del estado de Guerrero. Sobre todo, tiene que dilucidarse lo que pasó con sus familiares, desentrañar las actuaciones arbitrarias que llevaron a cometer estas atrocidades y saber de su paradero. Tiene que haber responsables y castigo ejemplar para garantizar medidas de no repetición. Esta noticia es un gran respiro para todas las familias que no encontraban la forma de visibilizar sus casos y de que su reclamo fuera escuchado y atendido por el presidente de la república.
La historia cruenta de la guerra sucia tiene un hilo conductor que se extiende por varias décadas. Los casos de personas desaparecidas siguen cometiéndose por parte del ejército, también por las corporaciones policiales federales, estatales y federales. Además, han acaecido matanzas de campesinos; masacres de indígenas; ejecuciones de estudiantes normalistas; torturas y asesinatos de campesinos, maestros y universitarios; torturas sexuales contra mujeres indígenas. Se han consumado varios asesinatos de dirigentes sociales, defensores comunitarios, periodistas, familias desplazadas y estudiantes normalistas, quedando todos estos casos en la impunidad. Lo que impera en nuestro estado es la inacción de las autoridades y su complicidad. Hay una práctica gansteril por parte de los cuerpos de seguridad que no están capacitados para respetar los derechos humanos; persiste el uso faccioso de la ley, la criminalización contra los defensores de derechos humanos, el contubernio que se acrecienta entre agentes del estado, policías, militares, autoridades municipales, ministerios públicos, diputados y jueces con grupos de la delincuencia organizada, quienes se encargan de realizar el trabajo sucio, para proteger intereses económicos ilícitos y acallar a quienes denuncian las tropelías de los gobernantes.
El caso del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano que fue desaparecido el 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Tlapa, es un ejemplo claro de cómo se coludieron algunas autoridades municipales con el grupo delincuencial que tenía el control de la plaza, para silenciarlo. Su mayor delito fue exigir la rendición de cuentas del presupuesto asignado para las obras del municipio. La lucha que abanderó con el Frente popular de la Montaña, afectó intereses económicos de varios grupos de poder que tienen negocios al interior de la presidencia y que, al mismo tiempo, están involucrados en actividades ilícitas. Esta forma de gobierno se ha expandido en la mayoría de gobiernos municipales que han institucionalizado la corrupción para garantizar un negocio redondo, utilizando las finanzas públicas, para negocios particulares. La forma más efectiva es establecer alianzas con la delincuencia, para que se encarguen de imponer el terror en la población y asesinar a quien se atreva a desenmascarar estas tropelías.
El caso reciente del defensor comunitario, Vicente Suastegui, quien fue desaparecido en la periferia de Acapulco el 5 de agosto, tiene el mismo modus operandi; están involucradas personajes del crimen organizado coludidos con elementos de la policía ministerial y un comandante de la UPOEG que tiene el control de la plaza de Tres Palos. A pesar de que ya existen pruebas fehacientes de su responsabilidad, no se han ejecutado las órdenes de aprehensión, y más bien los grupos involucrados en los casos de varias desapariciones, obstaculizan las búsquedas que se han realizado en el Arenal porque se asumen como los dueños de la plaza. Son los familiares de Vicente las que ponen en riesgo su seguridad para incursionar en estos lugares vetados por la delincuencia. Las autoridades de los tres niveles de gobierno han dejado crecer este entramado delincuencial, porque genera mejores dividendos, sin que les importe el costo de vidas humanas.
A pesar del esfuerzo presidencial de transferir mayores recursos para la población más depauperada de México, los programas sociales resultan ser insuficientes entre las familias que enfrentan multiplicidad de problemas generados por la pobreza, que obliga a los jóvenes a enrolarse a las filas del sicariato. Buscan un ingreso mejor remunerado y no les importa qué tipo de trabajo sea, lo importante es resolver las necesidades más inmediatas.
La militarización de la guardia nacional, tampoco es garantía de que con su presencia habrá más seguridad, y que no permitirán que se arraigue la delincuencia al interior de las mismas instituciones y cuerpos de seguridad. En Guerrero el ejército con su estrategia de contrainsurgencia contribuyó para que floreciera la marihuana en el puerto y la costa grande. La militarización vino aparejada con la proliferación de los cultivos ilícitos en amplias franjas del estado, transformado a Guerrero como un enclave propicio para la siembra de la amapola, para su procesamiento rústico y en un lugar propicio para el trasiego de la droga de sudamerica y la Unión americana. Los negocios de la economía criminal se han asentado en el estado con la complicidad y complacencia de quienes tienen el control militar del estado, lo paradójico es que es una de las entidades más violentas e inseguras y donde más se violan los derechos humanos. En la mitad del camino, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿podrá mínimamente sentar las bases, para medio emparejar el terreno accidentado de la desigualdad social, y con la guardia nacional podrá desenmarañar las redes del crimen organizado que se ha enquistado en la estructura gubernamental y en la misma clase política del estado?