El histórico triunfo alcanzado por Andrés Manuel López Obrador, con más de 30 millones de votos, el primero de julio del 2018, representó un golpe de timón en la aplicación de las reformas estructurales impuestas desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. El Pacto por México, firmado el 2 de diciembre del 2012 en el Castillo de Chapultepec, por las principales formaciones políticas –Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista (PVE)– fue la culminación de un proceso construido por las élites políticas y económicas para incorporar de lleno a nuestro país en la economía de mercado. Todo fue urdido a espaldas del pueblo, acelerando la privatización de los recursos estratégicos y ensanchando, al mismo tiempo, la brecha de la desigualdad. La clase política no sólo se engolosinó con los negocios, sino que también se coludió con el crimen organizado. No es casual que ocho gobernadores hayan sido detenidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción y peculado, entre otros.
Por otra parte, el modelo de seguridad implantado por Felipe Calderón, quien envió al Ejército a las calles para combatir al narcotráfico, incrementó la violencia y nos colocó en una situación muy crítica, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y efectivos de la Marina, principalmente. Los asesinatos fueron a la alza y los casos de personas desaparecidas se generalizaron en el país. El punto de quiebre fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27. El gobierno federal nunca dimensionó las implicaciones políticas y sociales que desencadenaría esta acción atroz perpetrada por agentes del Estado, coludidos con el crimen organizado. La indolencia gubernamental y su misma arrogancia cavaron su propia tumba. Crearon su narrativa centrada en el basurero de Cocula, que el ex procurador general de justicia José Murillo Karam, la bautizó como la “verdad histórica”.
La indignación ciudadana tomó las calles y exigió en un primer momento la renuncia de Enrique Peña Nieto. Fue un movimiento que cimbró el sistema presidencialista y agrietó su estructura, que era la de un poder anclado en la corrupción y la impunidad. Su cerrazón para atender los reclamos legítimos de una población agraviada fue la debacle de una clase política acostumbrada a menospreciar al ciudadano. El movimiento disruptivo de los colectivos de personas desaparecidas marco un hito en la historia reciente de nuestro país, por el significado profundo que tienen, de ser un movimiento ético, basado en la increpación directa a las autoridades por incumplir sus responsabilidades constitucionales de salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Su autoridad moral es el motor que no sólo les da fuerza, sino visibilidad política y legitimidad ante la comunidad internacional. Su palabra alcanza un mayor impacto y credibilidad que los discursos de los funcionarios federales y hasta del mismo presidente de la República.
Este movimiento desenmascaró al poder obtuso ejercido por el Ejecutivo federal. Desnudó a la clase política y la mostró como parte del entramado delincuencial que soporta este modelo depredador. La puso contra la pared, sobre todo cuando se fue desmoronando su versión de que los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Toparon con una población ávida de verdad y de justicia. No quisieron entender el mensaje, se mantuvieron montados en su estrategia simuladora, alimentada de un discurso hueco y con una figura presidencial desgastada y disminuida.
Las expectativas de un cambio se volcaron el primero de julio. Fue un referéndum contra la administración peñanietista. Un sufragio que reprobó sus actos y, sobre todo, tachó el mal comportamiento de los partidos políticos que se subieron al pedestal del Ejecutivo para compartir las prebendas alcanzadas por su aprobación de las reformas neoliberales. Fue un mandato ciudadano por el cambio, una decisión libre y contundente para procesar otra forma de gobierno; uno que atienda el clamor popular, que respete a las víctimas, que proteja los derechos humanos, que combata la corrupción y que destierre los cotos de poder y la impunidad. La población se desbordó para exigir un trato digno y, sobre todo, para recuperar nuestra soberanía y nuestra capacidad para forjar el futuro que requiere nuestro país, con la participación de la clase trabajadora.
Las acciones del nuevo gobierno han mostrado ciertos cambios en la forma de procesar las demandas ciudadanas. La cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco avalada por una consulta, fue la primera prueba de fuego que confrontó al presidente con los grandes consorcios económicos. La estrategia implementada para combatir el robo de combustible, conocida popularmente como el huachicoleo, puso al descubierto el gran negocio de muchos políticos que ordeñaron los ductos de Pemex a manos llenas. La política de austeridad basada en la reducción salarial para los altos puestos burocráticos y el adelgazamiento del aparato público ha sido el sello de identidad que quiere imprimir a su administración Andrés Manuel López Obrador. Su anuncio de ya no vivir en Los Pinos, por ser un signo de ostentación y ofensa para el pueblo, ha sido un recurso efectivo para mostrar su distancia de la figura presidencial imperial. La venta del avión presidencial y de toda la flotilla de aviones que utilizaban los grandes funcionarios, forma parte de esa muestra de desapego de los bienes suntuosos que representan un alto costo para el erario público.
El nuevo gobierno ha emprendido una nueva ruta de apoyo para la población mayoritariamente pobre. El 11 de enero, en la ciudad de Tlapa, AMLO puso en marcha el Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. También en la ciudad de Iguala, el 7 de febrero, dio inicio el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Un día después dio el banderazo para el inicio del Programa Nacional de Fertilizante en Ciudad Altamirano. También se está implementado en varios estados el Programa de Atención a Comunidades Afectadas por los Sismos de 2017 y el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Lamentablemente, estos nuevos apoyos que buscan beneficiar directamente a las personas, no están logrando los objetivos programados. Existe un gran vacío informativo sobre el nuevo esquema de funcionamiento. Además, los “Servidores de la Nación” son insuficientes, no tienen la capacitación adecuada y desconocen el contexto cultural. La movilidad humana es un factor que no ha sido dimensionado y que es determinante para ubicar a la población objetivo, que se encuentra fuera de su comunidad y de su estado. La población beneficiaria ha gastado dinero infructuosamente para acudir a las cabeceras municipales donde supuestamente recibirán los apoyos. A muchos no les ha llegado ningún apoyo y, otros más, son presas de la desesperación porque existe solamente un cajero automático, que se encuentra a varias horas de su comunidad. La mayoría tienen problema para el cobro.
El desencanto de este triunfo electoral se ha centrado en los megaproyectos anunciados desde el primer día de gobierno del nuevo presidente de la República. El anuncio del Tren Maya, del Corredor Transístmico y la termoeléctrica de Huexca, que ha costado la vida de Samir Flores Soberanes líder opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), han dejado entrever que persisten grandes intereses económicos dentro de la nueva administración federal que se están imponiendo por encima de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es un gran desafío atender los reclamos legítimos de las comunidades que serán afectadas y que se oponen a estos planes de desarrollo capitalista.
Esta fecha tiene varios significados: por un lado, hoy se cumplen cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron asesinadas por elementos del Ejército. Es un caso donde prevalece el encubrimiento de los responsables y el patrón de impunidad que persiste hacia los miembros de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, este domingo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador puso en operación la Guardia Nacional, con una aparatosa demostración de fuerza, con los 70 mil elementos que se desplegarán en 150 regiones del país. Es una gran preocupación que siga apostándose a la intervención militar para realizar tareas de seguridad pública, que ha implicado violaciones graves a los derechos humanos, como varios organismos civiles lo hemos documentado. El caso del joven indígena Bonfilio Rubio Villegas, que fue asesinado en un retén militar en Huamuxtitlán cuando viajaba en un autobús a la Ciudad de México, permanece también en la impunidad. El pasado 20 de junio se cumplieron diez años en que la familia Rubio Villegas sigue demandando justicia. Actualmente su caso esta en proceso de admisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en nuestro país se mantiene aún intacto el pacto de impunidad con los perpetradores castrenses.
El mensaje del secretario de Seguridad Alfonso Durazo resaltó que con el despliegue de la Guardia Nacional “inicia el fin de la violencia”. Reitera que la nueva fuerza contribuirá al orden público y la paz social. Es un mensaje que debe tomarse con reservas, pese a la recomendación del presidente de la República a sus integrantes de que actúen con honradez, honestidad, dedicación y compromiso. De aplicarse de manera profesional, sin simulaciones.
La población sigue sin encontrar una respuesta efectiva al problema de la violencia y la inseguridad. Muchos colectivos de familiares asesinados y desaparecidos han emplazado a las autoridades para que investiguen y castiguen a los responsables. Que llamen a cuentas a militares y marinos que han sido parte de este entramado delincuencial. La llegada de la Guardia Nacional a Guerrero no parte de cero, porque la presencia de militares que realizan funciones de seguridad pública ha generado terror y ha escrito una historia de dolor, cuya herida sigue abierta. Por eso, nuestro optimismo en esta transición democrática se ensombrece ante los claroscuros de esta nueva administración.