EL-SUR

Martes 07 de Diciembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Los costos de la represión

Humberto Musacchio

Agosto 24, 2006

Con un abrazo para José Antonio Crespo

Suele decirse que política y violencia son las caras de una misma moneda, pero, más precisamente, con ambas sustancias se forma la aleación de que está hecha esa moneda que es, cabe aclararlo, de curso legal entre quienes luchan por alcanzar, mantener o recuperar el poder. Se hace valer la fuerza cuando se negocia y se negocia con éxito cuando se tiene fuerza.
Oaxaca tiene tres meses sin gobierno. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para efectos prácticos no existen. El artículo 76 de la Constitución dispone que cuando eso ocurre, toca al Senado de la República declarar “que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional” a partir de una terna que debe enviar el presidente de la República. El gobernador que llegue debe convocar a elecciones, pero aún más importante es que se desactive el conflicto y disminuya drásticamente la animosidad.
Pero ocurre que ni Vicente Fox ni la Cámara de Senadores se quieren dar por enterados de lo que sucede, porque pesan más los intereses políticos del momento: el PAN no está dispuesto a acabar con la impunidad de Ulises Ruiz e incluso apoya a su hermano el PRI en Chiapas a cambio del eventual reconocimiento de Felipe Calderón.
Bajo estas condiciones, el gobierno federal no interviene en serio y manda como mediador a un funcionario de octavo rango a quien nadie le hace caso. No aplica fórmulas de solución pacífica, pero tampoco, pese a la jauría que pide sangre, se atreve a entrar en Oaxaca tolete en mano, pues hasta Fox y Carlos María Abascal saben que reprimir tiene un costo y que ellos carecen de capital político para pagarlo.
Dicho de otra manera, reprimir en Oaxaca significaría echarle gasolina al fuego, y debemos suponer que no son suicidas. Ya lo intentaron en su pleito contra el sindicato de minero-metalúrgicos, en el que trataron de dar un charrazo; luego desataron la represión en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, mataron a dos obreros, los trabajadores se fueron a la huelga y finalmente la empresa tuvo que reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como líder del sindicato. Ahora el gobierno de Fox y su secretario “del Trabajo” quedaron en ridículo, los obreros del ramo los repudian igual que a su charrito y tal vez aprendieron que la represión tiene un precio.
Contra Andrés Manuel López Obrador se levanta un coro de voces enardecidas que exigen mano dura contra el bloqueo del eje Reforma-Juárez-Madero. Son los mismos que aplauden el zarandeo y los golpes contra diputados a las puertas de San Lázaro. Son, en fin, los que piden al gobierno aplastar toda protesta e incluso hacen correr el rumor de que, una vez que el Trife declare ganador al candidato de la derecha, la única voz que se oirá es la de los tanques.
Por supuesto, el gobierno federal dispone del ejército, la marina, la Policía Federal Preventiva, la AFI, la Procuraduría Federal de la República, de los agentes de Ministerio Público Federal y de muchos otros recursos coercitivos. Tiene el mando sobre ellos y la tentación autoritaria es una tremenda compulsión que empuja a los países al terror.
No está a discusión que la fuerza del Estado es incontrastable. Lo que debe sopesarse es si los gobernantes tienen la necesaria aptitud para emplear la fuerza. El orden se guarda básicamente por la amenaza de que el Estado emplee métodos coercitivos contra los ciudadanos que transgreden la ley o que realizan actos que el poder considera inaceptables. Pero cuando la fuerza del Estado se ve insuficiente o ineficaz ante la delincuencia, como ocurre ahora con el narcotráfico, el Estado pierde la respetabilidad que en otras condiciones daría con meras apariencias.
La capacidad intimidante de la fuerza siempre debe estar presente, es una condición de existencia del Estado, pero el empleo directo de la violencia debe ser el último recurso, y si se emplea, deben estar calculados los costos de todo orden. Igualmente, el gobierno debe revisarse los bolsillos para saber si tiene con qué pagar.
Algunos observadores señalan que si el Estado se ve arrinconado, no le quedará más que reprimir. Es cierto, pero eso significará que no se emplearon antes los recursos propios de la política: negociación, acuerdos, solución, coptación, sobornos, chantaje y todo lo que forma parte del catálogo del poder (que no de la moral, ciertamente). Si un gobierno se muestra incapaz de resolver conflictos y a la vez le resultan ineficaces los recursos para debilitar, dividir y confundir a los adversarios, lo más seguro es que se vea empujado hasta el límite y ya instalado ahí decida emplear la violencia, la legítima y la otra, porque llegado a ese extremo ya no hay diferencia ni manera de trazar una ilusoria frontera entre lo legal y su contrario. Pero cuando eso ocurre es que el poder no pudo y entonces el empleo de la violencia es un salto al vacío, una apuesta por la nada, y un gobierno no puede jugar en esa ruleta porque se arriesga a que el Estado deje de estar. Es lo único que le resulta totalmente vedado.