Los de arriba ya no pueden mantener el orden y los abajo ya no quieren ese orden terrorífico de bajos salarios, desempleo, pésimos servicios y total desamparo de la población ante la criminalidad. Un día sí y otro también nos despertamos con la noticia de que mataron a decenas de mexicanos, que “desaparecieron” a varios más y que poblaciones enteras se desplazan en busca de paz y seguridad.
Ya son más de diez años de criminalidad sin freno, de logros gubernamentales inventados, de precariedad económica, de angustia familiar ante el peligro de perder a los seres queridos y de terror social ante el baño de sangre que en forma insensata inauguró Felipe Calderón Hinojosa, el responsable de cien mil muertes y por lo menos 25 mil desapariciones.
El cobarde asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, y el mismo día en Autlán, Jalisco, el de Jonathan Rodríguez Córdoba en un ataque en que resultó herida su madre, se suman a la lista de atentados contra hombres y mujeres de prensa en un país donde los representantes del Estado son incapaces de brindar la indispensable protección a la labor informativa.
La matanza de periodistas forma parte del clima general de inseguridad que tiene en vilo al país. Las mil y una policías son incapaces de impedir la violencia criminal que crece como yerba mala por todas partes. Lo peor es que las procuradurías y agencias del Ministerio Público carecen de aptitud o de ganas de investigar y llevar a los culpables ante un juez y por su parte los jueces, que en el fondo también son seres humanos, prefieren que caiga todo el peso de la ley sobre gente indefensa, porque los delincuentes pueden ser muy peligrosos.
Por supuesto, nadie pide privilegios para los periodistas. Lo que se demanda es protección para las tareas informativas, vitales para una sociedad democrática e indispensables para mantener la necesaria vigilancia colectiva sobre las instituciones, las que hoy han llegado a niveles de corrupción sin precedente, quizá porque sus ocupantes saben o presienten que la danza de los millones está por acabarse.
Todo indica que el regreso del PRI será efímero. El viejo régimen está liquidado y ya no es posible gobernar sobre las mismas bases del siglo pasado. El desgarriate de hoy tiene su origen en el desfase entre un discurso anticuado y una maquinaria estatal oxidada y chirriante. La desigualdad social se ha ahondado y las respuestas gubernamentales son meramente retóricas.
Un buen ejemplo de esa insolvencia estatal es que la política general de seguridad es reactiva, no preventiva. Durante casi tres lustros han actuado los llamados huachicoleros, esos ladrones de combustible que perforan los ductos de Pemex. Hay por esa causa cientos de detenidos, pero el robo de combustibles aumenta de manera incesante y se convierte en parte de la normalidad. Sólo son noticia los estallidos de los ductos o los enfrentamientos como el reciente de Quecholac, Puebla.
En Tamaulipas, en Chihuahua, en Guerrero o Michoacán, la actividad de la delincuencia es asunto común y cotidiano. Sólo cuando la violencia se desborda reaccionan las autoridades y envían cientos de policías federales y fuertes contingentes militares, pero pasada la emergencia la fuerza pública se retira y continúa el cultivo y trasiego de drogas, la venta de protección, los asesinatos y otros delitos.
Los criminales actúan sin recato, a la vista de todos. El mismo día que mataron a Javier Valdez y Jonathan Rodríguez Córdoba, cerca de Irapuato un grupo de pistoleros bajó de una camioneta y sin más empezó a disparar contra los asistentes a la fiesta patronal de la localidad. Las autoridades ignoran la identidad, el móvil y el paradero de los agresores.
En este escenario nacional, por mucho que alguien quiera creer en las autoridades, suenan huecas las palabras del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien prometió que en Tamaulipas se dejará caer toda la fuerza del Estado contra la delincuencia organizada. Solamente en Reynosa, en las últimas dos semanas, han muerto 32 personas por combates callejeros.
Frente a los hechos, las autoridades reaccionan a posteriori, por aquí y por allá sueltan promesas que no pueden cumplir, porque las respuestas a los grandes problemas nacionales no pueden ser únicamente de saliva. Se requieren nuevas políticas y capacidad para llevarlas a la práctica, y eso es precisamente lo que este gobierno no tiene.