EL-SUR

Viernes 14 de Junio de 2024

Guerrero, México

Opinión

Los derechos humanos y el quiebre de nuestra democracia

Tlachinollan

Diciembre 10, 2007

Un indicador clave para poder evaluar la calidad democrática de cualquier gobierno es el compromiso que asume en los hechos
para proteger y defender los derechos humanos de la ciudadanía.
Juan Jacobo Rousseau, el filósofo del Siglo de las luces, nos ayudó a entender que el Estado democrático está cimentado en la
voluntad general del pueblo, que es la fuente y la razón última de su existencia. La soberanía popular es la esencia del contrato
social que le da consistencia e identidad política al Estado moderno. Nace con el compromiso de velar por los derechos
fundamentales de la población pobre.
En Chilpancingo José María Morelos y Pavón, en el contexto de la lucha por la independencia y con el nuevo espíritu
constitucionalista expresado en los Sentimientos de la Nación, en 1813 insta a que las nuevas leyes moderen la opulencia y la
indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal al pobre, que mejoren las costumbres, se aleje la ignorancia, la rapiña y el
hurto.
La misma Constitución de 1917 nos habla de los derechos básicos de los trabajadores del campo y de la ciudad, del derecho a la
educación, al trabajo, a la propiedad comunal, a la salud, a la vivienda, entre otros, como la base social para el desarrollo de los
pueblos.
El 10 de diciembre de 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, las naciones desarrolladas se vieron obligadas a crear una
instancia universal que pugnara por la paz y por el respeto a los derechos de todo ser humano. En esa fecha se emite la
Declaración universal de los derechos humanos, que significa un compromiso de los gobiernos del mundo para abatir la pobreza,
la desigualdad, la injusticia, la barbarie, la violencia, el abuso del poder, la corrupción, la impunidad, el despotismo.
En 1966 la mayoría de estas naciones firma el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, ante la
situación internacional oprobiosa, en la que los países desarrollados gozan de los privilegios que les generó la conquista y la
rapiña, al someter y esclavizar a los países que formaron parte de otra civilización.
Es importante destacar que la polarización económica en el mundo ha gestado una lucha dentro de los mismos países calificados
como subdesarrollados, para poder deshacerse de todo resquicio colonialista y para pugnar por un modelo de país diverso,
independiente y soberano.
A nivel mundial, junto con la caída del muro de Berlín en 1989, el neoliberalismo económico vino a derribar las fronteras
nacionales y a desmantelar el modelo del Estado benefactor para imponer una nueva hegemonía con la economía de mercado y
un tipo de democracia liberal que pregona el individualismo, la ley del más fuerte, la libre competencia y la lógica mercantilista
en las relaciones sociales.
Con este nuevo paradigma economicista los derechos humanos quedaron fuera de los tratados del libre comercio y de las nuevas
reformas constitucionales neoliberales, porque lo que más les importa son los negocios, los mercados bursátiles y no la dignidad
de las personas.
Los nuevos gobiernos que han emergido en esta coyuntura de la globalización económica y que se ostentan como la expresión
más acabada de nuestra democracia en México, se han transformado más bien en los operadores políticos de los grandes
intereses económicos de los países desarrollados. En lugar de abrirse a la sociedad para atender sus reclamos, han reaccionado
con virulencia y en los hechos se han erigido en gobiernos autoritarios.
El crecimiento desmesurado de la pobreza a lo largo y ancho de nuestro país es una expresión absoluta de la negación de los
derechos económicos, sociales y culturales de la población excluida e ignorada en los tratados comerciales, que vienen a
suplantar ahora a las normas constitucionales.
La democracia neoliberal ha generado un modelo de gobierno autoritario, por el aumento de la protesta social y ante la ausencia
de mecanismos de negociación y atención a las demandas básicas de los sectores empobrecidos.
Los gobiernos “del cambio”, tanto federal como estatal, han utilizado el discurso de los derechos humanos sólo para crear la
imagen de gobiernos sensibles y solidarios con las causas más sentidas de la ciudadanía. Le han apostado más a la pose
mediática, sin preocuparse por atender las causas estructurales que violentan los derechos humanos de los que luchan por la
justicia y la democracia.
En Guerrero no sólo se ignoran los preceptos internacionales de los derechos humanos, sino que además se denigra la figura del
ombudsman guerrerense y se le trata como un personaje sin autoridad moral, por el sólo hecho de haber sido nombrado por
autoridades provenientes de otro régimen político-partidista.
A los luchadores sociales, que de acuerdo con la Declaración de los defensores de los derechos humanos, son reconocidos como
legítimos defensores de esta causa, el nuevo gobierno de Guerrero les ha dado un tratamiento de delincuentes y vándalos, por
atreverse a levantar la voz y a manifestarse de manera pública, con el único fin de interpelar a las autoridades para que cumplan
con sus obligaciones constitucionales de garantizar los derechos básicos de los desposeídos.
La visión empresarial del nuevo gobierno estatal le impide ver que la piedra angular del verdadero desarrollo de Guerrero, se
cimenta en el respeto a los derechos ciudadanos. Estos derechos en lugar de reconocerlos como parte del patrimonio de todos
los guerrerenses, que ilumina el camino de la democracia, son percibidos como un obstáculo para afianzar los intereses de la
clase gobernante. Los ven como un dique que impide el crecimiento desmedido del capital transnacional, y por lo mismo, las
autoridades asumen actitudes viscerales, xenofóbicas y represivas contra los que ondean estas banderas de la dignidad.
La ausencia de una política de Estado en el tema de los derechos humanos ha ido resquebrajando la relación entre sociedad y
gobierno. Esta relación trató de reconstruirse en la lucha electoral de febrero de 2005, sin embargo, este rencuentro por la
democracia devino en un desencuentro fatal, porque la agenda ciudadana de los pueblos y de las organizaciones sociales y civiles
no empató con la agenda político-empresarial del nuevo gobernador.
La prioridad de los ciudadanos guerrerenses se centra en los derechos fundamentales, como la alimentación, la educación, la
salud, el trabajo, la vivienda y el desarrollo. Son derechos reclamados por actores con un rostro propio y que representan una
historia de agravios y de olvidos, en la que muchas generaciones nunca lograron ver un medicamento en su comunidad para
poder curar su dolor y su tristeza causada por el hambre ancestral, o que tuvieron que padecer toda su vida la discriminación,
por no tener la oportunidad de asistir a una escuela del sistema bilingüe.
Hoy, por reclamar estos derechos los indígenas me’phaa, de la variante bathaa, han tenido como respuesta del nuevo gobierno el
encarcelamiento de Cándido Félix, y varias órdenes de aprehensión contra sus autoridades comunitarias. En Chilapa, los
indígenas agrupados en el Consejo Ciudadano sufrieron la fuerza represiva de un gobierno municipal racista, que responde a sus
reclamos legítimos con golpes y gases lacrimógenos. Los egresados de la Normal de Ayotzinapa, que se han asumido como
sujetos políticos con plenos derechos y que han ejercido el derecho a la libre manifestación para protestar contra las políticas
privatizadoras, que les niegan el derecho al trabajo y a una educación culturalmente apropiada, son reprimidos y encarcelados
por un gobierno que no tolera la discrepancia política, los cuestionamientos, la interpelación y la exigencia de diálogo y atención
a las demandas legítimas de actores incómodos, que han puesto en entredicho la legitimidad del nuevo gobierno.
Es importante recalcar que sin la participación de los ciudadanos en la política social, entendida como una política de los
derechos económicos, sociales y culturales, estará flaca y deslegitimada toda la acción gubernamental porque no permite que las
voces de la ciudadanía le den vigor y consistencia a las acciones del gobierno. Lo contrario a este desafío es simplemente
predicar la democracia con los policías antimotines blandiendo su macana contra la ciudadanía del futuro.