Esta semana, se instaló la convención constituyente en Santiago de Chile. Esta asamblea, compuesta por 155 integrantes, quedará abierta durante nueve meses, prorrogable por tres más, y tiene por ambición redactar el pacto político y social que habrá de guiar el destino de Chile, tras años de manifestaciones y descontento social, cuyo punto álgido se alcanzó poco tiempo antes del inicio de la pandemia, a finales de 2019. Este profundo malestar social existe desde hace tiempo: durante el gobierno de la entonces presidenta (socialista) Michelle Bachelet, en 2011, surgió el movimiento estudiantil llamado Los Pingüinos, que exigía la transformación y la nacionalización de la educación, que en ese país es controlada principalmente por actores privados. Y es que si bien Chile tuvo un proceso exitoso de transición política en los años 1980-1990, pasando de la dictadura de Pinochet a una democracia representativa, la Constitución que rige a Chile sigue siendo la que fue redactada en 1980 por el poder militar. Si bien los gobiernos democráticos lograron reformar en cierta medida esta carta magna –en particular, el de Ricardo Lagos (2000-2006) al respecto de los llamados “enclaves autoritarios” presentes dentro del texto constitucional, como la existencia de senadores miembros del ejército cuyos mandatos eran de por vida–, el hecho que esta Constitución, y sus disposiciones retrógradas, en particular hacia los derechos de las mujeres, continúe teniendo vigencia ha provocado numerosas críticas. No es para menos.
Hace pocos meses atrás, las chilenas no podían casarse hasta 270 días después de su divorcio o de la muerte de su marido, ni si estaban embarazadas. Y hasta el día de hoy las mujeres que se casan por el sistema de sociedad conyugal deben mantener sus bienes bajo la administración del marido. Las aseguradoras privadas de salud aún le cobran precios más altos a las mujeres, mientras las pensiones y sueldos son un 30 por ciento más bajos para ellas. Como la Constitución no garantiza la igualdad de género, leyes así no son inconstitucionales. Y como las mujeres representan el 23 por ciento de la Cámara de Diputados y el 23 por ciento del Senado, las posibilidades de modificar estas leyes no abundaban, hasta ahora.
En este sentido el nombramiento de una mujer, indígena mapuche, como nueva presidenta de la convención constituyente, representa un símbolo muy fuerte en una sociedad que históricamente ha dejado de lado a los indígenas de los procesos políticos. Sin embargo, para lograr su objetivo, la convención constituyente tendrá el desafío de ir más allá de los símbolos, por más poderosos que sean, para lograr construir mayorías políticas que permitan que el texto fruto de estos trabajos sea respaldado por la población cuando se lleve a cabo el referéndum de ratificación de la nueva carta mayor. Y es que el desafío no es menor: se trata de lograr que la sociedad chilena se reencuentre, después de décadas de descontento. En esta perspectiva, los resultados de la convención fueron un reflejo de la falta de confianza en los partidos políticos: más del 60 por ciento de sus integrantes se declararon “independientes”, es decir, que no forman parte de ningún partido político. Si bien esto podría significar una voluntad profunda de renovación, la pregunta que podemos hacernos ahora es saber cómo funcionará en la práctica esta convención, con una representación política tan atomizada donde será difícil imponer una disciplina de partido. No obstante, la mayoría de los constituyentes electos –incluyendo los llamados “independientes”– han dejado en evidencia su inclinación por las ideas progresistas.
Frente a ello, la derecha y la extrema derecha chilena se encuentran desamparadas. Estas últimas pensaban que al presentar una lista de unidad, obtendrían por lo menos el tercio de los escaños de la convención constituyente, lo que les permitiría vetar cualquier cambio de su desagrado.
Sin embargo, contrariamente a sus pronósticos, los chilenos solo les dieron 29 por ciento de los votos, con lo cual su poder de veto no existirá, lo que podría permitir, al menos en teoría, que la nueva Constitución sea un parteaguas en la historia de Chile. Esperemos que así sea.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada