Desde que asumió el poder en agosto del 2022, Gustavo Petro –el primer presidente de izquierda y ex guerrillero de la historia de Colombia– ha invertido gran parte de su capital político en poner fin a décadas de conflicto en el país. Su estrategia, conocida como Paz Total, pretendía hacer cumplir los acuerdos de paz firmados en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que su predecesor, Iván Duque (2018-2022), no logró implementar. También preveía reformas de los sistemas tributario, de bienestar y de salud, así como programas de redistribución de tierras y el abandono de una política antidroga basada en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Sobre todo, la Paz Total se centraba en entablar conversaciones de paz con los grupos rebeldes, paramilitares y armados urbanos que siguen activos en el país. El marco legal para estas negociaciones, consagrado en una ley que Petro firmó el 4 de noviembre de 2022, permitió al gobierno negociar acuerdos de paz con grupos rebeldes y acuerdos de justicia con estructuras de crimen organizado de alto impacto.
Dos años después, el Gobierno de Petro ha alcanzado algunos logros emblemáticos, como un cese al fuego de un año con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –el más largo que el grupo haya acordado desde su creación en 1964– y ha logrado frenar una escalada de violencia política que el país venía experimentando desde 2019. Sin embargo, ésta se ha visto impulsada por un recrudecimiento de las hostilidades entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados, lo que, a su vez, ha fomentado la expansión territorial y la competencia violenta entre los grupos armados que se disputan el control de las actividades ilícitas.
La apuesta de Petro por poner fin al conflicto armado colombiano a través de negociaciones con todos los principales grupos armados que operan en el país reavivó las esperanzas de que la paz aún estaba al alcance de la mano. Como primer paso, el gobierno de Petro indicó que entablaría negociaciones paralelas con los siguientes grupos armados: tres remanentes de grupos guerrilleros, las facciones EMC y Segunda Marquetalia de las FARC, y el ELN; dos grupos de delincuencia organizada de tipo paramilitar, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de Sierra Nevada (ACSN) y bandas callejeras de Buenaventura, la región del Valle de Aburrá y Quibdó. Sin embargo, se ha enfrentado a obstáculos legales relacionados con las diferentes características de los actores implicados: se ha cuestionado el estatus político del Clan del Golfo –un grupo híbrido de crimen organizado cuyos miembros proceden de las fuerzas paramilitares, de seguridad y de la guerrilla– y el de los disidentes de las FARC, lo que ha suscitado dudas sobre la capacidad del gobierno para buscar acuerdos de paz. Estos retos legales, sumados a la limitada capacidad del gobierno para manejar tantos procesos y al compromiso poco entusiasta de ciertos grupos armados con las negociaciones, han llevado a que algunos de estos procesos avancen poco, se estanquen o descarrilen, mientras que otros sólo han sido anunciados pero aún no han comenzado formalmente.
Por otro lado, la violencia volvió a dispararse. Algunos frentes disidentes de las FARC, que se negaron a firmar los acuerdos de paz, siguieron operando y reuniéndose bajo el nombre de Estado Mayor Central (EMC). Otros grupos rebeldes y de delincuencia organizada aún activos, como el ELN y el Clan del Golfo, invadieron zonas anteriormente controladas por las FARC y estratégicas para el narcotráfico y las actividades mineras ilegales, en particular a lo largo de las costas del Caribe y el Pacífico, la cuenca del Amazonas y los departamentos fronterizos con Venezuela. La defectuosa implementación del acuerdo de paz de 2016 con las FARC bajo la administración de Iván Duque, que desaprobó abiertamente el acuerdo y las negociaciones con los grupos armados en general, también impulsó a muchos antiguos miembros de las FARC a abandonar el proceso de desmovilización y reintegración y volver a tomar las armas, dando origen a la facción Segunda Marquetalia. Como resultado, entre 2019 y la llegada de Petro al poder, Colombia experimentó un aumento significativo de la violencia de los grupos armados. Desde entonces, esta tendencia se ha mantenido. De manera que, sin un cambio de rumbo claro y rápido, el final del gobierno Petro está en peligro.

* Miembro del Comité Asesor de la unidad del Sur Global de la London School of Economics.
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