Es indignante ver en la primera plana de los periódicos a jóvenes normalistas sometidos por los golpes inclementes de la Policía
Federal Preventiva, como el único recurso que usa el Estado a estas alturas del conflicto, para contener sus manifestaciones y sus
acciones directas para presionar a las autoridades a que cumplan con su obligación de escuchar y dialogar con la población que
lo demanda.
En este tipo de conflictos de alta intensidad nos damos cuenta de los propósitos reales del gobierno federal al crear cuerpos
policiacos militarizados que no tienen un sustento jurídico: reprimir a la sociedad que se organiza. Es conveniente recordar que la
PFP es la que se ha utilizado para enfrentar a los movimientos sociales que han emergido en los últimos años para reivindicar
derechos legítimos de los pueblos. En San Salvador Atenco se encargó de golpear salvajemente a la población indefensa, violar a
mujeres y detener a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, para supuestamente arrancar de raíz esta lucha
autonómica por su territorio. En Oaxaca tuvo la encomienda de desmantelar el movimiento de la APPO generando terror entre la
población civil. No podemos olvidar la agresión que sufrieron los jóvenes que se manifestaban en la Cumbre del G8 de
Guadalajara para protestar contra los gobiernos neoliberales que han reducido sus presupuestos en los campos de la educación,
la salud, la alimentación, la vivienda y la creación de empleos.
Lo que hay en común en todas estas protestas es la libre manifestación de los sectores sociales amenazados por las políticas
privatizadoras, que los excluyen de la posibilidad de desarrollar con libertad y creatividad sus capacidades. Lo que hay en común
también por parte de esta policía es su actuación ilegal y abusiva, porque su objetivo central es usar la fuerza para denigrar al
ciudadano que ejerce su derecho a la libre manifestación. Están entrenados para dar lecciones de barbarie, para dar el mensaje a
la opinión pública que el poder del Estado es el de la fuerza policiaca, lo que importa es sembrar el terror, inmovilizar a la
población e imponer “el orden” con macanas, toletes, gases lacrimógenos y armas de fuego.
Para mal de los ciudadanos esta corporación es la menos transparente, nadie conoce sus métodos de reclusión ni sabe la
formación que adquirieron, mucho menos sus cargos y sus nombres. Es un cuerpo policiaco que nada tiene que ver con los
procesos de democratización de nuestra sociedad. Forman parte del lado oscuro del poder que actúa a espaldas y en contra de
los intereses geneerales de la sociedad.
Ningún ciudadano en su sano juicio puede pensar que estos cuerpos de elite han sido creados y entrenados para garantizar
seguridad y tranquilidad a la población. Todos sabemos que responden a una estrategia de contención del movimiento social y
que su aparición en la escena política como un actor armado es una expresión del endurecimiento del poder, ante la incapacidad
para establecer condiciones de diálogo y negociación con los actores que se atreven a cruzar el umbral de las normas del sistema
dominante que oprime, para poder encarar a las autoridades, poniendo en entredicho sus políticas y sus formas de gobernar y
así reclamar lo que en legítimo derecho les corresponde.
Tenemos que ubicar con mucha criticidad que el sistema económico que impera en nuestro país no ha significado para las
mayorías garantías para poder vivir dignamente. La reducción de los presupuestos públicos es una violencia provocada por el
sistema económico, que sin necesidad de usar armas, arroja al abismo y excluye del bienestar social a miles de familias y de
jóvenes cuyo único sueño es contar con un trabajo seguro, tener la posibilidad de estudiar una carrera, de acceder a los sistemas
estatales de salud y de encontrar ayuda y protección en el sistema de procuración de justicia.
El desmantelamiento de la política social del Estado, y la descomposición de las instituciones han dejado que el ciudadano
busque protección bajo otros mecanismos de defensa. Si la Secretaría de Educación en Guerrero se empeña, a cualquier costo, de
reducir el número de plazas para maestros y el número de matrículas para estudiantes, sabe que le está apostando a una medida
violenta porque es negarle el empleo y el estudio a jóvenes de escasos recursos económicos, por lo mismo, en ese acto se incuba
el malestar que va desencadenando un movimiento de protesta y de resistencia por parte de los sectores excluidos que no
encuentran cobijo en ninguna instancia gubernamental, y que más bien son víctimas de la descalificación y del linchamiento para
colocarlos fuera del sistema y de la legalidad imperante.
Desde la visión de las élites económicas y políticas impera la lógica racionalista del ahorro de recursos, y la visión empresarial y
citadina de que ya no se necesitan más maestros en nuestro estado. Esta concepción que asumen los gobernantes como verdad
absoluta los vuelve intransigentes e insensibles para poder comprender a los de abajo. Para vastos sectores que viven en el
campo, sobre todo en las regiones de La Montaña y Costa Chica, sin necesidad de que medie una investigación realizada por las
dependencias o las universidades, la gente tiene la certeza de que hacen falta maestros. Su experiencia les dice que su
sufrimiento es grande porque no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela por falta de maestros. Actualmente decenas de
familias se ven obligadas a migrar a los campos de Sinaloa porque las instancias gubernamentales cada día están más lejos de su
alcance: no hay medicinas, no hay médicos, no hay maestros, no hay actas de nacimiento, no hay carreteras, no hay agua, no hay
drenaje, no hay maíz, y no hay autoridad municipal que se haga eco de sus reclamos.
Este vacío gubernamental es lo que más le pega al ciudadano que no tiene ningún ingreso y que apela a sus derechos para
exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones. Esta realidad en el sistema dominante no es interpretada como una violencia
estructural contra la población pobre, que no sólo mata la esperanza de un cambio sino que destruye y trata de envilecer a la
población desposeída.
El fondo de esta realidad que ofende cuando un policía pisotea a un joven normalista indefenso es una desmesura que no tiene
cabida en un gobierno democrático. Cuando las ideas se congelan por el sentimiento de venganza de parte de la autoridad es
cuando aparece la fácil tentación de la represión que es producto de sistemas autoritarios. Contra éstos se han levantado los
ciudadanos de otras generaciones que no arriesgaron su vida para que en este llamado gobierno democrático haya policías
militarizados lanzados en contra de jóvenes estudiantes que luchan con dignidad por sus derechos fundamentales, es decir, por
la democracia.

* Ofrecemos disculpas a los lectores y a Tlachinollan, pues éste árticulo debió publicarse el lunes pasado.