En Bolivia, la Constitución aprobada en 2009 no permitía dos reelecciones. En 2014, el presidente Evo Morales pudo reelegirse porque el Tribunal Constitucional, cooptado por el gobierno, interpretó que la Constitución era “originaria” y, por lo tanto, “no contaba” la elección de 2005.
El presidente Morales en 2016 cita a un referéndum, para cambiar la prohibición de la Constitución, pero la mayoría de quienes participan en ese ejercicio rechazan la iniciativa presidencial. Él había prometido que si perdía ya no intentaría la reelección. No cumplió con la palabra empeñada.
En 2017, Morales, utilizando los mismos argumentos de los presidentes Daniel Ortega (Nicaragua) y Juan Hernández (Honduras), logra que el Tribunal Constitucional, bajo control del gobierno, decida pueda reelegirse indefinidamente ya que la Constitución violenta “un derecho humano” al no permitirle participar en la contienda electoral de 2019.
Al cierre de la campaña electoral todas las encuestas, sin excepción, señalaban que en la contienda del domingo 20 de octubre ganaba el presidente Morales, pero los votos no le alcanzaban para triunfar en la primera vuelta y había que ir a una segunda donde podría perder la elección.
La ley electoral de Bolivia señala que un candidato gana en la primera vuelta si obtiene el 50 por ciento más uno de los votos emitidos o gana con una diferencia de diez puntos sobre el candidato que le sigue. Cuando se llevaba contado el 85 por ciento de las casillas los resultados decían que el presidente Morales ganaba, pero se requería ir a una segunda vuelta. Lo mismo decían las encuestas de salida.
Así las cosas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), controlado por el gobierno, decidió, sin más, suspender por 24 horas el conteo. Cuando lo reabrió Morales ya tenía una ventaja superior al 10 por ciento sobre Carlos Meza, su más cercano oponente, y resultaba ganador en la primera vuelta.
De inmediato los candidatos de la oposición y los analistas independientes denunciaron el fraude. Dijeron que se trataba de que los resultados que se presentaban era “un cinismo sin límites” y que el fraude se hacía en cumplimiento de una “orden presidencial”. Ante la maniobra del gobierno, el vicepresidente del TSE renunció a su cargo.
El economista y analista político boliviano, Carlos Toranzos, que vivió su exilio en México, dice, a propósito de la elección, que “las dictaduras del presente no vienen, como en los viejos tiempos, de la mano de las tanquetas de los militares o de golpes de Estado entre militares y civiles, hoy caminan las vías de la destrucción del Estado de derecho, de la subordinación del Poder Legislativo, Judicial y Electoral a los deseos del caudillo (…)”.
A diez días de la elección en diversas ciudades de Bolivia continúan las manifestaciones en contra del fraude y exigen la realización de una segunda vuelta. La ONU, la OEA, la Unión Europea (UE) y algunos países de América Latina y Europa cuestionan el resultado del TSE y piden que tenga lugar la segunda vuelta. Por lo pronto el gobierno de México, en el marco de la nueva política exterior, ya avaló el fraude.

Twitter: @RubenAguilar