El caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, sigue siendo un tema de la más alta prioridad en materia de derechos humanos en México y en la comunidad internacional. El procedimiento tortuoso en las instancias de “procuración de Justicia” como la Procuraduría General de la República (PGR) y los juzgados y tribunales federales, mantiene este asunto en una situación de incertidumbre y por lo tanto de falta de justicia expedita como lo mandatan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución General de la República.
1.- Como sabemos el Primer Tribunal Colegiado del décimo noveno circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, dentro del Amparo en Revisión 203/2017, en su sesión del 21 de mayo de este año, en una sentencia resolvió la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), la cual debe integrarse con el Ministerio Público (PGR) con investigadores distintos a los que hasta ahora han estado interviniendo en la investigación, con familiares de las víctimas, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales o internacionales. Esta Comisión esta debidamente fundada en distintos ordenamientos internacionales, protocolos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
2.- La sentencia emitida por este Tribunal Colegiado es de una riqueza jurídica extraordinaria por su profundo contenido argumentativo y su carácter innovador en la justicia mexicana, toda vez que se pone a la vanguardia doctrinaria y jurisdiccional en México en materia de protección de los derechos humanos al resolver que la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no ha sido expedita ni imparcial, en consecuencia resuelve crear una Comisión de la Verdad con el objetivo que se conozca qué fue lo que ocurrió realmente con los estudiantes hasta ahora desaparecidos, y para ello propone que además de la PGR participen en esta comisión familiares de los alumnos, la CNDH y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, con el objetivo de garantizar una indagatoria imparcial, que se conozca la verdad de los hechos y se sancione a todos los responsables de la desaparición forzada y ordena al Ejecutivo federal y a los diputados federales que proporcionen a esta comisión todos los recursos indispensables para su adecuado funcionamiento.
3.- La reacción del gobierno de Peña Nieto y de sus defensores ha sido por demás absurda, pues en vez de allanarse a la sentencia de los magistrados, quienes les pusieron en charola de plata una salida digna y decorosa en este asunto que ha marcado y marcará para siempre a su gobierno, ordena a la PGR que promueva un incidente de imposibilidad de cumplir la sentencia ante un Magistrado del Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, Tamaulipas, quien en forma incongruente y contrario a la tendencia mundial de la máxima protección a los derechos humanos, resuelve que existe la imposibilidad jurídica de crear esta Comisión de la Verdad para el caso de los alumnos normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, mediante una interpretación conservadora y regresiva de las normas internacionales y de nuestra Constitución federal en el sentido de que el monopolio de las investigaciones lo tiene el Ministerio Público, es decir la PGR.
4.- La creación de la Comisión de la Verdad para el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es una prioridad nacional e internacional, por ello la sentencia del Tribunal Colegiado debe acatarse en todos sus términos, pero independientemente del curso jurídico en que derive, los senadores de República y los diputados federales que entrarán en funciones el próximo primero de septiembre, así como el nuevo gobierno de la República, dotados de una gran legitimidad y con un mandato claro de proteger los derechos humanos, deben abocarse como una de sus primeras tareas a que mediante una ley se cree esta Comisión de la Verdad, que permita dar un curso legal-institucional y humano a la exigencia de los familiares de los normalistas desaparecidos, de sus compañeros estudiantes, de las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos para que se esclarezca a fondo este caso, se aplique la ley a los responsables y forme parte sustancial del proceso de pacificación y de impartición de justicia en México.

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