El estado de Guerrero tiene los mayores niveles de marginación y pobreza en el país, paradójicamente cuenta con un clima cálido y sus suelos son bañados por las aguas del océano pacífico. Una tierra propicia para la agricultura y ganadería, con grandes extensiones de suelo en la Costa grande y Costa Chica. Pero la corrupción, avaricia e ineptitud de sus gobernantes nos mantiene sumidos en el sótano del desarrollo humano.
Sus pobladores se caracterizan por una activa participación política. Las luchas de los pueblos han desafiado a la clase política y caciquil. Grandes reivindicaciones han tenido ocasión, tales como las de los hermanos Escudero en Acapulco, Amadeo Vidales y Feliciano Radilla en la Costa Grande. Reclamando la tierra, salarios y jornada laboral justa. Más tarde los profesores rurales Genaro Vázquez y Lucio Cabañas emprenderían una lucha de corte socialista más general por una sociedad justa e igualitaria. La osadía de los pobres resultó cara. Los líderes fueron asesinados y la estructura de poder y opresión permanecieron incólumes.
El ejemplo de los insumisos y rebeldes quedó grabado en la memoria de los guerrerenses por ello las luchas han continuado. Nuevas organizaciones y liderazgos sociales emergieron desafiando al poder caciquil tales como la Organización Campesina del Sur (OCSS), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), la Normal Rural de Ayotzinapa, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop) y todo el movimiento indígena que reclama el reconocimiento de jure y facto de sus derechos. En estas luchas se templaron las figuras de Pedro Nava Rodríguez, Bertoldo Martínez Cruz, Benigno Guzmán Martínez, Hilario Messino Acosta, Marco Antonio Suástegui Muñoz, las madres y padres de los 43, Arturo Hernández Cardona, Ranferi Hernández Acevedo, Rocío Messino Messino, Marcial Bautista Valle, Eva Alarcón, Vicente Suástegui Muñoz, Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino y Arnulfo Cerón Soriano. Los nueve últimos han sido asesinados y desaparecidos sin que en sus casos haya verdad y justicia.
Arnulfo Cerón Soriano un indígena Nahua de Zacualpan municipio de Tlapa fue uno de esos guerrerenses rebeldes e insumisos con una profunda convicción de que un mundo más justo era posible. No dudó en ayudar a los pobres. Como abogado pudo optar por litigar para ganar dinero y acrecentar su patrimonio personal, pero decidió servir a los que menos tienen. Tenía la sensibilidad para organizar a las comunidades, valentía para encarar a las autoridades y poderosos, su palabra era precisa y dotada de razón. Sabía el momento de tensar y flexibilizar sus posiciones ante el adversario político. Era un líder natural con arrojo y dignidad.
A fines de 2018 cuando el Frente popular empezó a cuestionar transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos al Ayuntamiento de Tlapa, las autoridades municipales no dudaron en enfocar su campaña de desprestigio contra el defensor indígena Arnulfo Cerón. Él era el flanco de ataque del gobierno municipal que no quería cuestionamientos de ninguna especie. Cuando el desprestigio y la descalificación contra el defensor indígena no hicieron mella pasaron a las amenazas y como tampoco estas lo arredraron decidieron silenciarlo con la desaparición y el asesinato.
Durante un año fueron constantes las tensiones y desencuentros entre el Ayuntamiento de Tlapa y el Frente Popular. En todo este tiempo las amenazas contra el defensor no pararon. Varias veces estando en su casa en horas de descanso con su familia recibía llamadas advirtiéndole que lo privarían de la vida. Finalmente, los agresores cumplieron su amenaza.
Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que desde el Ayuntamiento de Tlapa se planeó la desaparición y el asesinato del defensor indígena. Todas las amenazas que el defensor indígena sufrió se dieron en el contexto de tensiones con el Ayuntamiento. Cada que el Frente se movilizaba Arnulfo Cerón recibía amenazas. Es pública una denuncia que hizo donde dice que responsabiliza al presidente municipal y al jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa de lo que le pudiera ocurrir.
El día de ayer terminó la instancia de un proceso penal plagado de irregularidades. El juez Emanuel Reyna Vélez dictó un fallo absolutorio para el autor intelectual de la desaparición del defensor indígena. Con un criterio sesgado, valoró de manera aislada las pruebas de cargo terminando por favorecer al acusado. Desde los inicios del juicio el juzgador había mostrado parcialidad misma que quedó evidenciada con la exoneración del acusado.
En etapas anteriores del proceso otros jueces también incurrieron en irregularidades: cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva a una en libertad, siendo la desaparición forzada un delito grave. Pasaron por alto que el imputado podía influir en testigos y peritos terminando por obstaculizar el proceso, lo que finalmente ocurrió. Con la medida, el imputado se paseaba en libertad por varias ciudades del estado. En Tlapa andaba en fiestas, jaripeos y haciendo proselitismo político, pues aspira a la presidencia municipal, sin que autoridad judicial alguna reparara en su proceder ya que su libertad tenía restricciones y condiciones. Ante esa flexibilidad procesal el imputado envió sus emisarios para coaccionar a testigos de cargo que terminaron por no ir a declarar en el juicio.
Así, fue declarada su libertad en un proceso plagado de irregularidades y corrupción. El autor intelectual de la desaparición del defensor indígena festeja su batalla que ganó a fuerza de la compra y coacción de testigos y autoridades. Se dice víctima de un artificio judicial que pretendía truncar su meteórica carrera política.
Pero nada dicen del defensor indígena desaparecido y asesinado, ni de las condiciones de sufrimiento que enfrenta la familia de Arnulfo que ha sido desplazada de Tlapa y se encuentra viviendo en otro lado. Tampoco asumen su responsabilidad de los altos índices de criminalidad y violencia que prevalecía en Tlapa cuando el ahora acusado dirigía en la vía de los hechos el Ayuntamiento. Tan solo en ese periodo hubo más de 33 desapariciones y cien asesinatos en esta localidad. Era público que las direcciones de Tránsito y Seguridad Pública eran dirigidas por la banda delictiva de la “Chiva” que era el jefe de plaza. Cómo explicar que esta banda delictiva asesinó a Arnulfo en plena ciudad, pasando con su cuerpo por las calles céntricas en la total impunidad.
Luego de la desaparición del defensor indígena hubo un total silencio del Ayuntamiento y del ahora acusado. No medió ni una exigencia de justicia. La policía municipal no se movilizó, mucho menos hicieron búsqueda alguna.
Son muchas las pruebas, son muchos los indicios de la responsabilidad penal y política del acusado como autor intelectual de la desaparición del defensor indígena. El fallo de primera instancia no lo exonera.
Ojalá el poder judicial en segunda instancia revise el caso y no se den señales de impunidad frente a los asesinatos y desapariciones de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Es menester que el gobierno del estado realice un reconocimiento público de la labor de los luchadores sociales asesinados y desaparecidos. Enfatizando su aporte a la vida democrática de la entidad, su labor para acceder a la educación, salud, vivienda y a la justicia.
Resulta particularmente relevante reconocer la vida y lucha del defensor indígena Arnulfo Cerón Soriano. Por que su sacrificio trajo lecciones positivas y que dan esperanzas en una sociedad asolada por la violencia sórdida. En este caso se realizaron búsquedas coordinadas y eficaces que hicieron posible encontrar al Defensor indígena. Se logró desmantelar el grupo delictivo dando una relativa tranquilidad a Tlapa. Estos elementos deben colocarse en el centro del mensaje político de reconocimiento de la incansable labor de los luchadores sociales.