Hace poco más de cuarenta años, llegó a la redacción del diario unomásuno cierto boletín que anunciaba la disposición del gobierno –entonces de José López Portillo—para autorizar la explotación de los nódulos de manganeso que se localizan en los fondos marinos. Por supuesto, la nota respectiva no llevaba “debe”, lo que significaba que podía o no publicarse, pues no se consideró noticia de interés general.
Ese día arribó después de las ocho de la noche Manuel Becerra Acosta, el genial director de aquel periódico. Como lo hacía por sistema, revisó el budget, (presupuesto o adelanto de información), tras de lo cual llamó al jefe de redacción y le ordenó llevar la nota en primera plana, ante el desconcierto de quienes estábamos en el proceso de edición.
A continuación, Becerra Acosta llamó al jefe de información y luego a cinco reporteros a quienes dio instrucciones precisas para el trabajo del día siguiente. Por la tarde llegó la información y el director ordenó llevarla en primera plana. Al otro día creció periodísticamente el asunto y la Cancillería no tuvo más remedio que desmentirse y asegurar que no se autorizaría a extranjeros la explotación de los fondos de nuestro mar territorial ni del patrimonial.
Se preguntará el lector lo mismo que los periodistas de aquel episodio: ¿Qué son los nódulos de manganeso? La Wikipedia informa que tales nódulos, hoy llamados polimetálicos, son concreciones de roca formadas por capas concéntricas de hidróxidos de hierro y manganeso. Miden de uno a 20 centímetros de radio y sólo por excepción son mayores. Contienen minerales como cobalto, cobre y níquel, necesarios para fabricar baterías o paneles solares.
Viene al caso lo anterior porque Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente denunciaron que “Hidden Gem, la embarcación más grande del mundo dedicada específicamente a la extracción minera del fondo marino, está preparando su primera operación desde el puerto mexicano de Manzanillo en el Pacífico” y llaman a “los líderes mundiales a establecer una moratoria sobre la minería en aguas profundas para proteger el océano”.
Existe, con la bendición de la ONU, una Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, más conocida por la sigla inglesa ISA. Y es precisamente esta “autoridad”, la que hace unos días extendió una licencia a la empresa Nauru Oceans Resources Incorporated (NORI), subsidiaria de la firma The Metals Company (TMC), para “iniciar la explotación minera exploratoria”, que el citado boletín define como “un pilotaje de colecta de nódulos polimetálicos, es decir, rocas que contienen metales, en la zona Clarion Clipperton, entre Hawai y México”, espacio que nuestro país ha reclamado como suyo.
La preocupación de Greenpeace y las otras organizaciones es que la autorización a NORI “es otro paso de la estrategia de TMC para abrirle camino a la minería en aguas profundas… lo cual dejaría a los océanos del mundo expuestos a la destrucción causada por las actividades mineras a gran escala”.
Sin embargo, la mayor responsabilidad recae en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, a la cual pertenece México y tiene como representante al embajador en Jamaica, donde está la sede de dicha “Autoridad”, que hasta ahora ha asignado 200 mil millas cuadradas del fondo marino para exploración, paso previo a la explotación.
Con la amenaza del cambio climático y la incontenible contaminación de los mares, lo aconsejable es que México no convalide ese atraco al mundo, sobre todo porque ISA, como ocurre con la Organización Mundial de la Salud, parece más interesada en servir a los grandes consorcios y no a los seres humanos, lo que despide un fuerte tufo a corrupción.
Será bueno conocer la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si es que tiene alguna.