La Ley General de Población creada en 1974, hace poco más de 40 años, tenía como su principal objetivo contener el crecimiento poblacional, lo cual se consiguió al reducirse la tasa de fecundidad por mujer de 6.8 hijos en 1970 a 2.2 por ciento en 2014, sobre todo en las mujeres adultas, gracias entre otras medidas al uso ampliado de métodos anticonceptivos. También habría que destacar, en el logro de esta meta, el primer Programa de Planificación Familiar 1977-1982. Sin embargo, uno de los pendientes es asegurar el acceso de esta política pública a la población adolescente, particularmente a la indígena.
En la segunda década de este siglo nuevos retos demográficos tenemos los mexicanos, entre otros el envejecimiento de la población, el embarazo adolescente y la migración, por lo cual habría que actualizar nuestra ley poblacional. En el caso del Estado de Guerrero nos afectan de manera importante el embarazo adolescente y la migración. En los últimos cinco años los embarazos de adolescentes se han duplicado, considerando entre otros datos los registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues de los siete millones de estudiantes que se han afiliado, 40 por ciento de las personas entre los 14 y los 16 años han sido atendidas por embarazo.
Otros datos que sustentan esta preocupación nacional es que cada año, en promedio, 400 mil adolescentes mexicanas, entre los 10 y los 19 años, resultan embarazadas; estas cifras no se han reducido desde 2006. En los últimos 10 años, hubo en México más de 20 millones de partos, dos de cada 10 fueron de adolescentes, en donde se destaca que el grupo de edad entre los 17 y los 19 años suma 2.9 millones de embarazos en este periodo; tratándose de las menores de 15 años los embarazos alcanzan más de 200 mil nacimientos. Por otro lado, el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que de los 400 mil embarazos de las adolescentes el 40 por ciento son no planeados.
Un problema adicional del embarazo de las niñas y adolescentes es su condición económica, se trata de las mujeres más pobres, que la mitad no lo planeó, ni quieren saber de su hijo. Estos niños no deseados van a crecer no sólo en la pobreza económica, también en la pobreza afectiva y emocional.
Este problema, de acuerdo con los conocedores del tema, es a causa de conservadoras políticas públicas y al desconocimiento de los adolescentes de que hay establecimientos del sector salud a donde se puede acudir para asesorarse en temas de sexualidad, destacando la prevención de embarazos no deseados.
En el caso de nuestra entidad, ya se han tomado algunas previsiones como la instalación, en junio de 2016, del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), que encabeza el Ejecutivo, con esta decisión se pretende disminuir al 50 por ciento los embarazos de jóvenes de 15 a 19 años para 2030 (El Sur, 28/6/16).
Y es que de acuerdo con la representación en Guerrero de la Conapo, el 21 por ciento de la población son jóvenes, registrándose cerca de 12 mil nacimientos de madres adolescentes, lo cual ha dado lugar a que el 17 por ciento de ellas abandonen la escuela. Así también están identificados 18 de los 81 municipios, entre ellos los de Acatepec, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Copanatoyac, Tlacoapa, todos ellos en la región de la Montaña, en los cuales la tasa de embarazo adolescente se encuentra por arriba de la media nacional. Otro dato preocupante es que Acapulco, en donde vive uno de cada cuatro guerrerenses, se encuentra en el vigésimo lugar nacional de los 2 mil 457 municipios del país con más nacimientos de madres entre los nueve y los 19 años.
Un dato a destacar es el firme propósito de la presidenta del GEPEA, Mercedes Calvo, de erradicar los embarazos en niñas menores de 14 años, que muestra una importante tendencia al alza. Asimismo, resulta relevante el trabajo de los integrantes de este grupo para que las niñas y adolescentes de los municipios guerrerenses de mayor incidencia cuenten con la asesoría y la capacitación para prevenir los embarazos no deseados, es decir la información y formación para no hacerlo. Así como, apoyados en la Estrategia Poblacional Nacional, etiquetar recursos para la compra de anticonceptivos, que forman parte del decálogo de propuestas para reposicionar la planificación familiar en México.

* El autor es el delegado del IMSS en Guerrero.