La Comisión Nacional de Búsqueda anunció ayer una actualización de las cifras de desaparecidos en México. Sumaron, desde 1964, 73 mil personas, once mil más que la cifra divulgada en enero de este año. Dos mil 300 corresponden a este año, las demás, a años anteriores. Es un total estratosférico en sí mismo, pero qué al desglosarse, resulta aún peor. Conviene subrayar que son números producidos por este gobierno, es decir por un equipo que no le guarda simpatía alguna a ninguno de sus predecesores, por lo menos de Miguel de la Madrid para acá.
En todos los años de la guerra sucia en la década de los sesenta y setenta, en los sexenios de Salinas y Zedillo, se produjeron, según esta cuenta, un total de mil 500 desaparecidos. En el sexenio de Fox, menos de 500. En otras palabras, alrededor de 95 por ciento de las 73 mil desapariciones forzadas tuvieron lugar en los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador. Son directamente producto de la guerra desatada por el primero, proseguida por el segundo, y mantenida por el tercero.
Los dos peores años fueron 2017 y 2019, con más de siete mil desapariciones cada uno. Es posible que el 2020 termine debajo de estos totales descomunales, ya que hasta julio “solo” llevamos 2 mil 400 desaparecidos. Aunque conviene señalar que, con mucha honestidad, Karla Quintana, Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero advirtieron anteayer que hay un rezago importante en la entrega de información de estados como Guanajuato, Baja California, Tabasco y Sonora. De modo que la disminución en el 2020 con relación al año anterior no necesariamente va a persistir.
Durante los 19 meses del sexenio de López Obrador, han tenido lugar casi diez mil desapariciones, es decir un poco más de 500 cada mes, o 17 diarias. De acuerdo con cifras del Harvard Review of Latin America (de 2013), se produjeron unas 40 mil desapariciones en Guatemala durante todo la Guerra Fría, entre mil y dos mil en Chile durante la dictadura de Pinochet, tal vez 30 mil en Argentina entre 1976 y 1982, 60 mil en Colombia a lo largo de treinta años, seis mil en El Salvador y 15 mil en Perú. Todos estos países poseen una población mucho menor que la de México, pero los periodos en cuestión fueron mucho más largos.
La labor de la Comisión es loable, pero como declaró José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, sería deseable que el gobierno se esforzara tanto a encontrar a los culpables de las desapariciones como a construir la nueva base de datos. Por desgracia, como advertimos muchos desde principios de sexenio, los únicos desaparecidos en la agenda de este gobierno son los 43 de Ayotzinapa.
Abundan las personalidades que han afirmado a lo largo de estos ya casi catorce años de guerra que este era el costo a pagar para evitar algo peor: una narco-presidencia; que perdiéramos el control del país; que nos volviéramos un país consumidor de drogas; que la seguridad nacional peligrara. Es difícil cuantificar estas nociones o las tesis que las evocan, ciertas o falsas. Me quedo con una pregunta: ¿qué puede ser peor que 73 mil desparecidos, casi todos durante los últimos trece años y medio? ¿No era preferible en esta materia el status quo ante, con o sin Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox? ¿Con narcos y sin desaparecidos (salvo en la guerra sucia), en lugar del presente, con los mismos narcos, y con 73 mil desaparecidos?