La revelación, a partir del pasado lunes, de la mayor filtración de datos de una entidad financiera de la historia – se trata de más de once millones y medio de documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca– ha puesto en el centro de la agenda pública internacional el grave problema de la evasión fiscal, y por ende la necesidad de tener órganos de regulación mundial para evitar tales prácticas. Esta investigación, realizada por 110 periódicos de 76 países a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a raíz de una filtración interna dentro de la compañia especializada en domiciliación de empresas offshore (es decir, empresas constituidas fuera del país de residencia, con el objetivo principal de ocultar un patrimonio), no tiene precedentes, tanto por el volumen de información (este trabajo colectivo contiene mil 500 veces más datos que Wikileaks, en 2010) como su amplitud histórica (los hechos descritos en la investigación van de 1977 a 2015). Si bien todavía es difícil medir el impacto mediático, político y jurídico de estas revelaciones, queda claro que tendrán consecuencias importantes en cada país de los políticos, empresarios, artistas y desportistas señalados y en el plano internacional en el corto plazo, como por ejemplo la renuncia del primer ministro islandés ayer. La pregunta que subsiste, sin embargo, es si el peso político de estos hallazgos permitirá realizar cambios sustanciales en la manera como funciona el sistema financeiro mundial.
A partir de los años 1980, los mercados financieros han multiplicado su influencia y su capacidad de acción, a raíz de los procesos de reformas llamados “el triple D” (“Desregulación, Descartelización, Desintermediación”). Este triple movimiento produjo la globalización financiera que hoy vivimos, y que en tiempos de crisis puede exponernos a variaciones bruscas de la economía mundial, con consecuencias negativas para países en desarrollo como México. En este marco, los grandes bancos internacionales han multiplicado sus operaciones, haciendo que sus dimensiones aumenten de manera sustancial. En tiempos de crecimiento económico, se podría suponer que esta nueva realidad sería provechosa para el financiamiento de la economía productiva. Pero en tiempo de crisis, como la vivida a partir de 2007-2008 en Estados Unidos antes de propagarse al resto del mundo, esta situación creó una problema mayúsculo para la economía mundial. Al volverse tan importantes, estas instituciones financieras se han convertido en entes demasiados grandes para quebrar (“too big to fail”, en inglés), lo cual plantea un dilema económico y ético muy importante: ¿se deben salvar estos organismos financieros privados en aras de salvar el funcionamiento del sistema financiero internacional? Como lo vimos a partir de septiembre de 2008, cuando el gobierno de Estados Unidos entró al rescate de los principales bancos privados de aquél país, la orientación política fue clara: los gobiernos nacionales decidieron evitar su quiebra para salvaguardar el funcionamiento del sistema económico internacional. Es decir, lo que era deuda privada (de los bancos), pasó a ser deuda pública (que los Estados nacionales contrajeron para rescatar a los bancos).
¿Cual es el vínculo de esta transformación con Los Papeles de Panamá? Los Estados nacionales, al escoger este camino, vieron sus finanzas públicas degradarse rápidamente, lo cual ha contribuido a debilitarlos. De ahí la necesidad de los gobiernos de aumentar la recaudación fiscal para reducir el peso de la carga fiscal sobre los ciudadanos y las empresas. Sin embargo, este movimiento de globalización financiera ha permitido que grandes, muy grandes sumas de dinero, eviten la fiscalización de los organos nacionales correspondientes, sin que los bancos –responsables en buena medida de la actual crisis económica internacional– sean declarados culpables por la situación que contribuyeron a crear. La revelación de esta imbricación profunda entre los grandes bancos internacionales y los paraísos fiscales muestra que los grandes actores bancarios, a pesar de haber sido salvados de la quiebra, no han jugado el juego de la transparencia.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
@Gaspard_Estrada