Hace una semana, Alberto tomó posesión como nuevo presidente de Argentina. Y, de la misma manera que sus antecesores en el cargo, no dispondrá de mucho tiempo para dar resultados, en un contexto de crisis económica aguda. En su discurso de investidura como jefe del Ejecutivo de ese país, el líder peronista afirmó su voluntad de disminuir la pobreza y las desigualdades, al mismo tiempo que se propone cambiar profundamente el perfil de la deuda externa adquirida por el gobierno de su antecesor, Maurcio Macri.
El pasado lunes, el nuevo presidente anunció dos bonos de 5 mil pesos argentinos a cobrar en diciembre y enero para jubilados que perciben el salario mínimo, y uno de 2 mil pesos argentinos para beneficiarios de la “pensión universal por hijo”, uno de los principales programas sociales de ese país, que será otorgado antes de fin de año. Poco después, también adelantó que se entregarán medicamentos gratis para jubilados que reciben el salario mínimo, y la congelación de los precios de los servicios públicos hasta junio. Sin embargo, la pregunta central que ronda en los círculos del poder en Buenos Aires y en las grandes capitales internacionales es la misma: ¿cómo el nuevo presidente argentino logrará obtener los recursos para mantener y ampliar los programas sociales, y por otro lado disminuir considerablemente la deuda, para lograr que esta última vuelva a ser sostenible a corto, mediano y largo plazo?
Para llevar a cabo esta tarea, Fernández viene trabajando en varios frentes. En primer lugar, decidió nombrar al frente del Ministerio de Economía a un economista reconocido por su experiencia en el estudio de la deuda soberana, Martín Guzmán. Al haber estudiado con Joseph Stiglitz, y ser profesor de economía en la prestigiosa Universidad de Columbia, Martín Guzmán dispone de una credibilidad inicial fuerte frente a los principales acreedores públicos y privados de Argentina, comenzando por el Fondo Monetario Internacional, que realizó el préstamo más importante de su historia en 2018, cuando su Consejo de Administración aprobó un desembolso de 57 mil millones de dólares. Si bien no dispone de una experiencia gubernamental grande, el equipo de funcionarios que lo acompañarán si la tiene. Las primeras reacciones de los mercados financieros y del FMI han sido bastante positivas, pero no se podría excluir que esta perspectiva cambie en el transcurso de las próximas semanas.
En segundo lugar, la principal prioridad del equipo económico y del propio presidente Fernández consiste en aumentar significativamente los ingresos del Estado. En particular, el gobierno argentino ha declarado su intención de usar el arma de la fiscalidad para llegar a su objetivo. En línea con las últimas medidas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri, el nuevo gobierno mantuvo el aumento a los impuestos sobre las exportaciones de soya, trigo y otros granos, que constituyen la principal fuente de ingresos de divisas extranjeras a ese país, dólares en particular. El anuncio de esta medida provocó fuertes reacciones del sector agrícola, que ha sido el sostén de la maltrecha economía argentina en los últimos tiempos. Pero ante el frágil panorama de la economía en el corto plazo, es improbable que el gobierno dé marcha atrás. Inclusive porque la primera cita crítica para el gobierno peronista de Fernández llegará pronto: en marzo, el consejo de administración del Fondo Monetario Internacional se reunirá de nuevo, y es probable que en ese momento exista una propuesta argentina de renegociación de la deuda. De tal suerte que es indispensable que antes de esa fecha ya existan consensos mínimos al respecto del futuro de la deuda. Sin duda, las próximas semanas y meses serán cruciales para definir la orientación del gobierno de Alberto Fernández.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en Paris.

Twitter: @Gaspard_Estrada