Hablar de los derechos de los pueblos indígenas en plena contingencia generada por el coronavirus que se esparce aceleradamente por todo el mundo, pareciera un despropósito, dado que las preocupaciones están puestas en su contención para evitar más muertes. Sin embargo, a propósito de la pandemia es preciso hacer algunas reflexiones.
Con independencia del Covid-19 hoy día asistimos a una crisis del patrón civilizatorio. El dogma antropocéntrico del desarrollo, la fantasía de un crecimiento ilimitado en un planeta finito está minando de manera acelerada las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida en el planeta. El llamado dominio científico-tecnológico de la naturaleza que asocia el bienestar humano con la acumulación de bienes materiales y un crecimiento infinito, tienen el tiempo contado.
Esta crisis se ha profundizado aceleradamente en las últimas décadas por la globalización neoliberal. Este modelo económico se ha apropiado de las dinámicas naturales de reproducción de la vida y de las prácticas culturales de los pueblos sometiéndolos a las exigencias de la acumulación del capital.
La pandemia que hoy azota el mundo, desnuda la fragilidad del dogma antropocéntrico. Una bacteria está logrando con éxito poner en jaque a una especie que se cree disociada o emancipada de la naturaleza y que cree ejercer un dominio sobre ella.
En este concierto donde los patrones civilizatorios hegemónicos son inviables, ante el límite de la monocultura moderna y colonialista es menester reconocer sociedades diversas y pluriculturales, y en tal virtud es preciso restituir sus derechos a los pueblos indígenas, pisoteados y esquilmados por un sistema capitalista, colonialista y patriarcal.
La cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas, las relaciones sociales basadas en el respeto mutuo, la solidaridad incondicional, el cuidado de la tierra y el territorio, al considerarlos parte de su hábitat, garantizan la continuidad de la reproducción de la vida. Por ello resulta fundamental reconocerlos como pueblos sujetos de derecho.
Atinadamente, el año pasado los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y otros diputados del Congreso del Estado de Guerrero iniciaron un proceso legislativo para el reconocimiento legal y constitucional de los derechos de los pueblos indígenas que culminó con la presentación de una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guerrero, misma que a la fecha se encuentra congelada.
Es de destacar que varias organizaciones sociales previamente trabajaron el tema y elaboraron una iniciativa popular que fue ignorada en la Legislatura pasada que, contrario a ello, aprobó una reforma sumamente regresiva y tampoco se consultó a los pueblos indígenas.
La nueva iniciativa presentada al Congreso local representa una oportunidad histórica para reconocer los derechos de los pueblos indígenas.
El texto constitucional reconoce integralmente esos derechos en dos grandes capítulos: una parte general y una especial.
a) En la parte general, reconoce el carácter de pluricultural y plurilingüe del estado de Guerrero, y a los pueblos como sujetos de derecho público y su derecho a la autonomía y libre determinación.
b) En la parte especial reconoce el cuidado a la tierra y territorio, la consulta previa libre e informada, el autogobierno y representación política, así como el acceso a los presupuestos de manera directa.
Los derechos reconocidos en la parte general son una condición esencial para los pueblos indígenas y afromexicano. Considerarlos sujetos de derecho público y con la garantía a la libre determinación les permite decidir libremente su forma de organización política, económica y social. El reconocimiento de esta prerrogativa es condición sine qua non para el ejercicio de los demás derechos, pues sencillamente no podrán tener su propio gobierno, ejercer sus sistemas normativos y el respeto a su cultura si el derecho a la libre determinación no se garantiza.
Por lo demás, reconocer un estado pluricultural y plurilingüe implica que en nuestra entidad cohabitan diversas culturas con sus propias lenguas que interactúan en un plano de igualdad, por lo que la política púbica debe trazarse considerando esas circunstancias.
En la parte especial el reconocimiento del cuidado de su territorio y el derecho a la consulta libre, previa e informada, el ejercicio de sus sistemas normativos y el autogobierno son de gran relevancia. Con el reconocimiento de estas prerrogativas estaríamos dando un salto cualitativo sin precedentes.
Lo anterior representaría nada más y nada menos que los pueblos indígenas y afromexicano decidirán libremente si un ente externo ingresa o no a su territorio y usa sus bienes naturales, que tendrán su propio sistema de seguridad, justicia y reinserción social y su propio gobierno.
Estos tres aspectos han sido los puntos de tensión con los gobiernos que se han negado a reconocer tales prerrogativas en las constituciones estatales, esgrimiendo argumentos absurdos como la integridad constitucional, unidad nacional y territorial. Con la aprobación de la iniciativa Guerrero sería una de las entidades más avanzadas en reconocer tales prerrogativas a favor de sus pueblos. Los derechos que incluye son torales para garantizar la vida de los pueblos y su entorno y que no sigan siendo objeto de exclusión por parte de gobiernos neocoloniales y de saqueo por el capital transnacional.
Gobierno y partidos políticos deben poner en el centro que aprobar en sus términos y a la brevedad la iniciativa es saldar una deuda histórica con los dueños de estas tierras, pero también nos obliga a reconocer que el modelo económico y de organización política actual se encamina de manera acelerada a un colapso en el que aparecerán problemas medioambientales y pandemias como las que enfrentamos y que solo los pueblos indígenas y tribales, que por miles de años han vivido en armonía con la naturaleza, puede representar una luz en la obscuridad.
Pero para ello es menester reconocer sus derechos y qué mejor que iniciemos en Guerrero.