A pesar de los triunfos del PAN en el 2000 con Vicente Fox y la impugnada victoria electoral de Felipe Calderón en el 2006, los
pueblos indígenas de México no han encontrado un lugar digno en la Carta Magna, en la implementación de políticas públicas
orientadas a revertir el rezago histórico, ni en la asignación de presupuestos equitativos. A pesar de haber logrado un
movimiento nacional de reivindicación por sus derechos colectivos, hoy la situación que enfrentan más de 11 millones de
mexicanos que descienden de los pueblos originarios del país, nos remite a las condiciones de esclavitud que vivieron en la
colonia y el porfiriato.
En el ámbito estatal, el nuevo gobierno abanderado por el PRD, no sólo mantiene en el ostracismo a los pueblos indígenas, sino
que se obstina en socavar sus modos de vida y de gobierno, reproduciendo las mismas políticas asistencialitas, con el fin de
mantener un sistema de castas que aseguren su control y sometimiento. Lo peor de esta reedición de la política clientelar es la
actitud persecutoria que prevalece en el Ejecutivo y en las autoridades que procuran y administran justicia, que criminalizan a las
organizaciones indígenas y a sus líderes como los casos de Cándido Félix en La Montaña Alta, David Valtierra en la Costa Chica,
Obtilia Eugenio Manuel en la región de Ayutla, además de los líderes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa
La Parota (Cecop), quienes en la lucha por la defensa de su territorio se han asumido como un pueblo indígena, así como las
organizaciones sociales aglutinadas en la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) y los egresados de la Normal Rural de
Ayotzinapa, hijos de campesinos e indígenas.
Contrario al espíritu de la nueva declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, en nuestro país y en nuestro
estado, cada vez se vulneran los derechos de los pueblos. El Estado empresarial que hoy nos gobierna ha renunciado al mandato
constitucional de proteger y garantizar los derechos fundamentales a que todo ciudadano debe de tener acceso, para poder vivir
dignamente.
A pesar de los programas asistencialistas que vienen a paliar las demandas históricas de los pueblos y que tienen que ver con la
justicia, la equidad, el respeto a la diversidad, el reconocimiento a su autonomía, el pluralismo jurídico, el acceso a la salud, la
implementación de una educación que enaltezca los valores comunitarios entre otros, la vida de los pueblos indígenas se sigue
colapsando. Hay un desgarramiento profundo de las estructuras comunitarias y se ejerce un poder despótico que avasalla y
somete a la población indígena.
Después del movimiento zapatista y de su entrada al recinto legislativo para exigir la aprobación de la ley de la Cocopa, como el
techo mínimo para inaugurar una nueva relación del gobierno con los pueblos indígenas, que abonara para una reconciliación
nacional con los desheredados de la Patria, todo parece quedar en el olvido, y se quiere borrar a cualquier costo los intentos de
los pueblos por ejercer sus derechos, más allá de la voluntad y complacencia de las autoridades.
Contrario a lo que esperaban los pueblos indígenas, el gobierno les sigue integrando averiguaciones a las autoridades del
sistema de justicia y seguridad comunitaria de la Costa-Montaña, con el fin de intimidar y debilitar su organización, sin
importarle los grandes resultados que han alcanzado en el ámbito de la seguridad ciudadana. Sin ningún peso aportado por el
gobierno del estado, los pueblos indígenas han dado el ejemplo a la Nación de que es posible combatir la corrupción y garantizar
el acceso a la justicia de manera gratuita, a través de un sistema de control, puesto en manos de los pueblos y ejercido de
manera colectiva y autogestiva, logrando gran legitimidad, poder y reconocimiento entre propios y extraños.
Las organizaciones indígenas de Ayutla, después de la masacre de El Charco han tenido que enfrentar una guerra de baja
intensidad que se ha traducido en campañas de esterilización forzada, en ocupación de sus territorios por parte del Ejército, en la
violación sexual de sus mujeres como Inés Fernández y Valentina Rosendo, en amenazas y hostigamiento contra defensoras de
derechos humanos, como Obtilia Eugenio y la aparición de grupos civiles armados que además de asaltar, intimidan a los
miembros de la organización me’phaa, como una manera burda para silenciarlos e impedir que continúen con sus denuncias ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En La Montaña Alta emergió en esta administración del nuevo gobierno, un movimiento de las comunidades me’phaa catalogadas
como las más pobres de los municipios de Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Tlapa. Esta franja de comunidades migrantes
ha sido devastada por madereros voraces y se ha trasformado en la clientela privilegiada de los partidos políticos y sus
candidatos. Cansados de tanto engaño y de tanto trabajar para otros que lucran con el poder, decidieron formar el Consejo
Regional para el Desarrollo del Pueblo Me’ phaa de la variante lingüística Baatha, con el fin excelso de exigir maestros y maestras
comprometidos e identificados con su causa, dispuestos a valorar su cultura y sus variante lingüística. Constataron que por los
canales institucionales es imposible, con este nuevo gobierno, ser escuchados y atendidos con respeto y seriedad, por ello, se
vieron obligados a movilizarse, a tomar acciones de fuerza que les permitiera visualizar su lucha y les brindara la oportunidad de
tener una interlocución con las autoridades competentes. La osadía de los padres de familia que viajaron con sus hijos a Tlapa
para hacer un bloqueo en las tres entradas a la ciudad, ha tenido que pagar un precio muy alto, con las denuncias penales y el
encarcelamiento de sus líderes, como ha sucedido con Cándido Félix, quien ha sido privado de su libertad en tres ocasiones, por
atreverse a desafiar a las autoridades y reclamar los derechos de los más pobres.
Hoy con los nuevos gobiernos, del PAN y del PRD, vemos como parte de su línea política en el tratamiento de los conflictos
sociales, la tendencia a profundizar la división dirigida entre la ciudadanía más desprotegida. El asentamiento en el poder de
gobiernos de corte empresarial los ha llevado a endurecer las leyes criminalizando la protesta, creando nuevos cuerpos
policiacos especializados en someter y controlar las protestas, todo con la perversidad de un sistema político que no tolera la
disidencia, ni está dispuesto a compartir el poder con la diversidad de fuerzas sociales y políticas, y que prefiere la mano dura a
respetar los derechos humanos.
En este contexto de polarización política, donde el gobierno federal ha buscado el apoyo del Ejército en lugar de establecer una
alianza con los pueblos indígenas y campesinos, la visita de Felipe Calderón a Zapotitlán Tablas el día de hoy, no representa una
señal de cambio, en cuanto a la forma de gobernar y en la implementación de políticas públicas que busquen revertir la espiral de
pobreza y de violencia en que se encuentran sumergidos desde hace siglos nuestros antepasados.
Esta visita efímera del presidente de la República, que verá desde las alturas de un helicóptero la realidad de los habitantes de La
Montaña, no redundará en nada tangible y benéfico para los nahuas y tlapanecos de esta región, que ha sufrido desde hace más
de 15 años los asaltos en las carreteras de Tlacoapa y Acatepec, en los nuevos asaltos que se empiezan a dar en el crucero de
Ayotzinapa; en el problema de la violencia que se vive en la zona a causa de los conflictos agrarios, el problema del narcotráfico y
de las pugnas políticas.
Esta realidad que interpela a todas las autoridades y que obliga a los ciudadanos a asumir un mayor compromiso con los
pueblos, es ignorada por los líderes de organizaciones indígenas que gravitan en otra órbita, la del poder y del dinero, y están en
la rebatinga por el puesto del nuevo delegado de la Cdi. La experiencia de hace seis años parece repetirse, el gobierno avienta el
anzuelo para que el más avezado en estos juegos arrebate y se quede con la carnada, ahondando con ello la división entre las
organizaciones indígenas.
Mientras tanto los pueblos indígenas siguen sufriendo, en su soledad secular y en su silencio sepulcral, los estragos de una
política neoindigenista de corte empresarial, que han impuesto y en la que han coincidido los gobiernos del PAN y del PRD.