Mientras se resuelve el conflicto poselectoral –si es que existe una solución–, algunos secretarios de Estado, con el fin del sexenio a la vista, empiezan a hacer el balance de su gestión, y será muy difícil que reciban calificación aprobatoria.
Desde hace casi tres meses no hay gobierno en Oaxaca. Las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han sido tomadas por un movimiento que ha mostrado mucha más fibra de la que suponían sus críticos. El gobernador se ha refugiado en un hotel, del que entra y sale a escondidas, el Congreso local no sesiona y los jueces y magistrados, de por sí ajenos a la impartición de justicia, ahora tampoco aplican la ley.
Las medidas de fuerza que aplicó el “gobernador” Ulises Ruiz en los primeros días del movimiento resultaron contraproducentes. La razón es que la violencia del poder, para que funcione, debe ser acompañada del ejercicio de la política, pero es absurdo pedirle eso a Ulises Ruiz, quien siempre ha entendido la actuación pública como una oportunidad para el agandalle, como un camino que se ha de recorrer como el ciclista, pateando abajo y agachándose arriba.
Con un individuo de esa catadura al frente de los oaxaqueños, el gobierno de la República estaba obligado a intervenir. Si los poderes están desaparecidos en los hechos y el Congreso de la Unión se muestra indiferente, correspondía al Presidente de la nación promover ante el Senado la declaratoria de desaparición de poderes y el nombramiento de un gobernador interino que llegue a conciliar y poner orden una entidad desquiciada por la falta de gobierno. Lejos de proceder con la energía necesaria, la Secretaría de Gobernación envió a un funcionario de quinta dizque a fungir como mediador, lo que por supuesto fue considerado una burla por el movimiento opositor.
No andan mejor las cosas en el ámbito de las comunicaciones, donde Pedro Cerisola pudo ser la estrella del gabinete, pero se ha empeñado en equivocarse o actuar mal y con retraso. Después de que un grupo de ciudadanos armados de machetes frustraron la construcción del aeropuerto de Atenco, que sería la obra del sexenio, la gestión del titular de la SCT ha sido menos que nula.
Los botones de muestra abundan, pero hay dos o tres muy recientes que exhiben la inconsistencia y la debilidad del secretario de Comunicaciones y Transportes de este sexenio. Por ejemplo, resulta alarmante que Cerisola venga a ahora a decir lo que todos sabíamos, menos el gobierno: que la autopista del Sol “es una carretera que estuvo mal construida, que tiene problemas de aludes inestables”, que tiene problemas derivados de una cimentación inestable “que generan columpios” y “que por mucho que se nivele se vuelven a hacer, y taludes que cada temporada de lluvias se están deslavando”.
Nada nuevo para los sufridos usuarios de la autopista que lleva a Acapulco, pero alarma que hasta ahora se entere el señor secretario, 13 años después de que se puso en servicio y luego de que hace nueve el inefable Ernesto Zedillo la “rescató”, cuando en realidad lo que hizo fue indemnizar generosamente a los accionistas de un negocio chueco, pues no se puede llamar de otra manera a la construcción de esa carretera, una de las más caras del mundo, donde se han perdido vidas por su pésima construcción y por la negligencia de las autoridades que permitieron el timo y, para colmo, en lugar de meter a la cárcel a los constructores, optaron por premiarlos cuando el negocio no resultó tan grande como se imaginaban.
Otra medida que, suponemos, es de responsabilidad compartida con la Secretaría de Gobernación y alguna más, es que, como producto del servilismo hacia Estados Unidos, se ha prohibido a los pasajeros llevar a bordo de los aviones comerciales sustancias líquidas, pues dicen que con ellas los terroristas fabrican bombas. Tal vez, pero México no está en guerra contra nadie y la medida, en su escala, ha significado tanto daño a las tiendas de los aeropuertos como el plantón a los negocios del Paseo de la Reforma.
Pero no acaban ahí las tribulaciones de Cerisola. La puntilla se la vino a dar la Secretaría de Hacienda, que le echó abajo el proyecto del tren bala México-Guadalajara porque estimó que la relación costo-beneficio “no daba suficiente”. Dicho en castilla, porque la cantidad de pasajeros que movería ese ferrocarril no justifica el enorme gasto requerido y porque, además, la empresa ferroviaria tendría que competir con las líneas aéreas de bajo precio.
Lo curioso es que el secretario de Hacienda, tan puntilloso para entregar dineros, es él mismo un monumento a la ineficiencia. Hace unos días, Francisco Gil Díaz declaró que la evasión fiscal es de 40 por ciento. Si lo dijera un observador o un analista sería normal y aceptable, pero que lo diga precisamente el encargado de la recaudación de impuestos es una confesión de ineficiencia que debió presentar junto con su renuncia. Pero sería demasiado pedir en el gabinete del desastre.