“Vivimos en una democracia formal y no sustancial, una especie de comedia, de engaños en que todos mienten a todos, a la vez de que se van quejando de que el engaño es tan convincente para que dejemos de pensar de que esto podría ser diferente”.

Estas palabras de José Saramago nos obligan a reflexionar en torno a cómo los partidos políticos y sus candidatos recurren sistemáticamente a tácticas que contradicen los postulados de la democracia formal, que pervierten y prostituyen el proceso electoral. En cada región y en cada estado del país predomina una práctica electoral que se las ingenia para sacar provecho de los procedimientos electorales con el fin de ganar al costo que sea.

A pesar de que el Instituto Federal Electoral se ha ido ciudadanizando y de que se han perfeccionado los procedimientos electorales, sin embargo los consejos e Institutos Estatales Electorales de varios Estados siguen siendo una autoridad acotada, que no goza de plena autonomía y que no ha logrado ganarse la confianza y la autoridad necesaria entre los ciudadanos.

En nuestro estado el proceso electoral se ha caracterizado más por remarcar los elementos que no son propios de una contienda política civilizada. Tiene más bien tintes de una lucha política donde se puede estar por encima de la ley. Uno supone que el campo político es el que promueve la solidaridad colectiva, la participación libre y creativa, el desarrollo autónomo y la construcción de sujetos políticos como la expresión máxima para el desarrollo democrático de nuestras sociedades, sin embargo la contienda política actual tiene más elementos de un campo de batalla donde predominan los golpes bajos, las descalificaciones y los escándalos, acompañados de un trabajo subterráneo sucio.

Los ciudadanos seguimos estando a merced de las estrategias que aplican los partidos políticos. Constatamos que ante la opinión pública se da una imagen del partido y del candidato, que contrasta con lo que realmente se gesta al interior de los partidos, donde cuentan con especialistas para comprar y coaccionar el voto de la ciudadanía.

La operación Faro 2005 difundida en este medio y en la revista Proceso, nos muestra la estrategia oculta de este partido que abusando de los privilegios que le da el poder estatal, instruye a los servidores públicos para que todo el aparato gubernamental se ponga al servicio de la compra y coacción del voto.

En La Montaña de Guerrero lo que más sobresale son los actos impunes de líderes políticos, funcionarios públicos y algunas autoridades municipales. Sobresale la entrega de cemento en comunidades indígenas, como en el caso de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa donde también les han prometido la rehabilitación del albergue y su funcionamiento, como los ofrecimientos claves para conquistar el voto de la ciudadanía. En la Rivera, municipio de Tlalixtaquilla, han llegado los ofrecimientos a jefes de familia de proporcionar ocho bultos de cemento y 500 pesos a cambio del voto. En Tlatzala, municipio de Tlapa, en una asamblea de fin de semana, se les llevó una gran noticia, de que la comunidad contaría con una telesecundaria, sin embargo, el extrañamiento de los comuneros no se hizo esperar. Cuestionaron por qué en estas fechas electorales se les viene a ofrecer una escuela que como comunidad no han gestionado. Esto provocó una fricción innecesaria que concluyó en el retiro obligado de los portadores de promesas. Con gran extrañeza comuneros de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, que militan en el Frente Popular Revolucionario, presenciaron la visita de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado que llegó con el comisario para conocer los compromisos que el Presidente municipal había asumido y ver la posibilidad de cumplirlos a través de esta Secretaría. Cuando supo que la demanda era una camioneta para el traslado de enfermos, se limitó a decir que él podría conseguirles algún otro recurso, siempre y cuando apoyaran al candidato de su partido. La respuesta del comisario fue muy clara: “Esto que me dices es muy difícil, porque en el pueblo tenemos un acuerdo interno de que cualquier asunto relacionado con la comunidad debe de plantearse en una asamblea”. Reiteró que tiene prohibido tomar acuerdos a nombre propio. Ante este intento fallido sólo quedó como prueba la propaganda de su candidato y un teléfono de sus oficinas en Chilpancingo, por si llegaban a cambiar de opinión.

Estos testimonios de la gente pasan de largo, porque desgraciadamente sigue muy arraigada la cultura de la dádiva que en un contexto de alta marginalidad es el que ha llegado a marcar la diferencia del triunfo electoral, como sucedió en la elección de 1999. La mayoría de la ciudadanía, desconoce que este tipo de prácticas constituyen delitos electorales, que deben ser denunciados sin embargo, el desinterés y el temor se imponen sobre el ciudadano, dejándole el campo libre a los delincuentes electorales.

Los guerrerenses tenemos el gran desafío de sobreponernos a las prácticas electoreras que pervierten este ejercicio democrático y que denigran nuestra dignidad. Las estructuras corporativas creadas para la compra y coacción del voto solo podrán ser extirpadas de nuestro sistema político cuando los ciudadanos de manera organizada defendamos nuestro sufragio, denunciemos las prácticas fraudulentas y nos transformemos en actores políticos que demandemos a las autoridades transparencia, respeto a nuestra voluntad, rendición de cuentas, respeto a nuestro marco jurídico y castigo a los que se empeñan en inhibir la participación ciudadana e impedir la realización de un proceso electoral limpio y pacífico.