Para el gobierno, el caso Lozoya encierra tres posibles direcciones, no necesariamente compatibles cada una con las demás. Me refiero al caso importante para el gobierno y para la clase política, es decir, el juicio mediático, que se llevará a cabo, por definición, en los medios. El aspecto jurídico es otro asunto. Hoy como siempre, en México, eso es lo de menos. En esa materia, Lozoya será el Florence Cassez de este sexenio, pero eso es aparte.
Un eje de acción es obviamente el que involucra al régimen y a la campaña de Peña Nieto. Es el dinero que puede o no haber sido entregado por la empresa Odebrecht a Lozoya y de ahí a la campaña, a través de una serie de cuentas identificadas desde hace tiempo. También este eje involucra el tema de Agronitrogenados, es decir la compra por Pemex de la llamada “planta chatarra” de Alonso Ancira, y en su caso la de Fertinal, esto es, otra planta en teoría “chatarra”, cuya propiedad ha sido relacionada con Ricardo Salinas Pliego.
Este eje, el más evidente, solo será redituable políticamente si alcanza a Peña Nieto. Ya la sociedad mexicana está curada de espantos; ya ha visto demasiados chivos expiatorios a lo largo de los últimos cinco o seis sexenios, para conmoverse con una nueva camada de culpables subalternos. Eugenio Méndez Docurro y Félix Barra; Jorge Díaz Serrano; Joaquín Hernández Galicia; Raúl Salinas; Elba Esther Gordillo; Rosario Robles: dudo que con tres o cuatro miembros adicionales del gabinete de Peña Nieto alcance para un buen escándalo. El problema es que irse sobre el ex presidente viola el pacto de impunidad que sigo pensando existió, y que no se basó nunca solo en la buena voluntad o la palabra de López Obrador –para nadie es secreto que vale muy poco– si no en las fichas, los expedientes, la información, los testimonios, las pruebas, que Peña Nieto y su equipo hubieran podido tener contra López Obrador para imponerle la continuación del pacto.
El segundo eje es el que toma por blanco al gobierno de Calderón a través del caso del proyecto Etileno 21. También involucra en parte, se supone, al sexenio de Peña Nieto en la medida en que Odebrecht o más bien su filial en México, Braskem, asociada con una empresa mexicana, Idesa, mantuviera en vida el proyecto en ese sexenio. Pero el objetivo central sería el gobierno de Calderón. Éste habría firmado un acuerdo ilegal o dañino para el patrimonio del Estado con Braskem -Idesa, para construir un complejo productor de etileno con una garantía de abasto de gas etano por parte de Pemex y una garantía de protección monopólica para la venta de los productos del complejo cuando estuviera terminado. Lozoya tendría elementos también para incriminar de esa manera a Calderón y a Meade.
El problema con este eje de acción es que el mejor aliado posible de López Obrador y de Morena en las elecciones de 2021 es el propio Calderón y su nuevo partido. En algunos estados puede estar alcanzando hasta 6 o 7 por ciento en las elecciones de gobernador, y la casi totalidad de esos votos, o de los que se lleve en cualquier comicio el año entrante, se los resta al PAN, el verdadero adversario de Morena en el 2021. Es difícil sabes a priori qué podrá más, el hígado de López Obrador contra Felipe Calderón, o su cinismo y estrategia política.
El tercer eje es obviamente el propio Partido Acción Nacional y el dinero que habría fluido de Odebrecht vía Lozoya y otros, a diputados, senadores y gobernadores del PAN en 2013 y parte de 2014, para votar a favor de la reforma energética. Si bien, por un lado, este resulta ser la menos verosímil de las tres acusaciones que pudiera realizar Lozoya, ya que Acción Nacional no sólo estaba a favor de la reforma energética, si no que le exigía a Peña y al PRI, no descafeinara la reforma energética y se asociara a una reforma política, puede ser eficaz en la opinión pública. Es la táctica que ya utilizaron López Obrador y Peña Nieto en el 2018 contra el PAN y contra Ricardo Anaya como candidato del Frente. El problema desde luego es que en este tercer eje al igual que en los dos primeros, todo depende de las declaraciones de un testigo protegido, como en Brasil con el lava jato o en Estados Unidos con el plea bargaining, que siempre está sujeto a dos críticas demoledoras.
En primer lugar, el declarante ante los medios y ante un juez, es alguien que ha mentido repetidamente antes de su declaración. La cantidad de veces que Lozoya (o García Luna en Nueva York) dijo que no había robado nada, recibido nada, entregado nada, es descomunal. ¿Por qué diría la verdad ahora si ha mentido tanto antes? En segundo lugar, una cosa es el sistema jurídico brasileño o norteamericano, donde en efecto pueden los testigos protegidos llegar a un acuerdo porque prefieren eso a una sentencia aterradora, y otra cosa es México, donde lo que está en juego obviamente, no es solamente la sentencia de Emilio Lozoya, sino la libertad e integridad de su madre, su hermana y su esposa. ¿Qué estará dispuesto a decir Lozoya para que no encarcelen a su familia? Todo, lo que le pidan. Veremos cuánto le alcanza a López Obrador con Lozoya y cuál de los ejes de ataque escoge. Pero todos encierran contradicciones y debilidades y ninguno es ideal.