Hace algunos días, el gobierno colombiano, presidido por el ex senador del partido Centro Democrático Iván Duque, anunció su decisión de retirarse de la Unión de Naciones Sudamericanas, mejor conocida como la Unasur. Este organismo internacional, creado en 2009, tiene por objetivo fomentar la integración del subcontinente no a través del comercio, como lo hacen el Mercosur y la Alianza del Pacífico, sino por la vía de las políticas públicas y la coordinación política.
Para los que idearon esta organización, los ex presidentes Luis Inácio Lula da Silva de Brasil y Hugo Chávez de Venezuela, la principal misión de este organismo es funcionar como un espacio de mediación entre los países, evitando de esta manera la intromisión de Estados Unidos por la vía de la Organización de Estados Americanos (OEA, basada en Washington DC y financiada en buena medida por el gobierno estadunidense) en los grandes debates de la región. Para ello, desde su fundación, se buscó que su secretario general tuviera un peso político importante, de ahí que fuesen nombrados ex presidentes (Néstor Kirchner de Argentina y Ernesto Samper de Colombia) o ex cancilleres (María Emma Mejía de Colombia y Alí Rodríguez de Venezuela) para el cargo.
Sin embargo, a raíz de los cambios políticos llevados a cabo en los principales países de la región en los últimos años, en particular en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, el organismo se volvió el objeto de una disputa política. Su último secretario general, Ernesto Samper, criticó la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, calificándola de golpe de Estado, y fue prudente sobre la crisis venezolana. Ambos posicionamientos le valieron críticas, en particular de los nuevos gobiernos de derecha. Por ende, al salir el ex presidente colombiano de la secretaria general a mediados del año pasado, estos gobiernos de derecha intentaron nombrar a un nuevo secretario general más acorde a sus intereses. Esta iniciativa fue bloqueada por Bolivia, que ejerció durante el segundo semestre del año la presidencia pro tempore del organismo, con el respaldo de Venezuela. Después de varios meses de bloqueo del proceso de nombramiento del nuevo secretario general (para el cual es necesario tener un consenso de los países miembros), los gobiernos de derecha decidieron tomar la iniciativa política de abandonar la organización.
Sin embargo, a pesar de esta mala noticia, esto no quiere decir, per se, que el futuro de la integración regional quede en entredicho. A raíz de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero del 2017, los países latinoamericanos, paradójicamente, han encontrado en el presidente de Estados Unidos el mejor aliado para defender los mecanismos de integración regional, y de manera más general, los mecanismos de apertura económica. De tal suerte que la mayoría de los países latinoamericanos ha decidido apoyar un proceso de convergencia entre el Mercosur –compuesto por Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil–, y la Alianza del Pacífico, que tiene a México, Colombia, Perú y Chile como miembros permanentes. El año pasado, los cancilleres de los dos bloques se reunieron en Buenos Aires, donde hicieron un llamado a la integración de los dos bloques apostando a la apertura económica y al libre comercio. Más adelante, hace poco menos de un mes, en Puerto Vallarta, se llevó a cabo la primera cumbre presidencial entre los presidentes del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, en la cual se comprometieron a poner en práctica un plan de acción en conjunto, en vista de acelerar el proceso de convergencia de los dos bloques. Sin embargo, para que estos planes se vuelvan una realidad, es necesario que exista un liderazgo político capaz de procesar los costos políticos inherentes a este tipo de acuerdo, que necesariamente implica un cierto tipo de abandono de soberanía de parte de los países miembros. Ante ello, será necesario esperar los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil en octubre y en Argentina el próximo año para saber si esta convergencia se llevará a cabo o no.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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