De las acciones más relevantes de la nueva Fiscalía General de la Nación (FGN) antes Procuraduría General de la República (PGR), se encuentra la investigación, congelamiento de cuentas bancarias y orden de aprensión en contra del ex director de Pemex de Enrique Peña Nieto: Emilio Lozoya.
1.- La investigación en contra de Lozoya se deriva de una multitud de actos de corrupción de la empresa Brasileña Odebrecht, que se ha dedicado a corromper a funcionarios públicos de varios países vinculados al negocio de los hidrocarburos, entre ellos a presidentes de varios países. En el caso de Lozoya, en el periodo de Peña Nieto se filtraron desde órganos de procuración de justicia de Brasil informaciones relativas a hechos de corrupción cometidos por este funcionario quien había sido coordinador de asuntos internacionales en la campaña presidencial de Peña, dando lugares, fechas y números de cuentas a las cuales se habían hechos transferencias millonarias en el transcurso de la contienda electoral. Cuando presentó su renuncia a la PGR el ex procurador Cervantes declaró que la investigación en contra de Lozoya estaba casi concluida.
2.- La elección del Senado de la República del nuevo fiscal de la nación se retrasó unos meses al iniciar su mandato el actual gobierno federal, sin embargo una vez que fue seleccionado comenzó su trabajo. En el régimen autoritario, la PGR era utilizada con propósitos políticos, en muchas ocasiones para dar golpes publicitarios pero sin la seriedad y responsabilidad, lo cual derivaba en investigaciones mal elaboradas –a propósito– para que al paso del tiempo los presuntos acusados de delitos y eventualmente puestos en prisión pudieran quedar en libertad, con lo cual quedaba en entredicho la procuración de justicia. Sin embargo, en un nuevo régimen político democrático la procuración de justicia debe ejercerse de manera imparcial y profesional, de tal forma que los órganos encargados de esta labor se ganen la confianza de los ciudadanos.
3.- En el debate público, uno de los cuestionamientos que se han formulado al gobierno de AMLO consiste en que no ha metido a la cárcel a los corruptos, sin embargo, lo que se ha contestado por una parte es que en principio no le corresponde a él meter la cárcel a nadie, que la nueva fiscalía es constitucionalmente autónoma e independiente de poder ejecutivo y de los demás poderes del Estado, y por otra parte que la nueva fiscalía a diferencia del pasado, ahora debe realizar sus investigaciones ajustadas a la legalidad –sin ninguna motivación política– de tal manera que toda consignación debe tener las probanzas suficientes para que esté debidamente sustentada y de esa forma recupere en el menor tiempo posible, con resultados contundentes, la confianza del pueblo.
4.- En un Estado social democrático de derecho, todos debemos estar sometidos a la ley, principalmente con quienes ocupan encargos públicos. Algunos comentaristas insidiosos, al final de la campaña presidencial del 2018 y aún después de que AMLO ganó la elección, adujeron que este habría tenido un pacto de impunidad con Peña Nieto, lo cual ha sido absolutamente falso. No faltan también algunos beneficiarios del régimen anterior –afortunadamente muy pocos– que arguyen que lo de la investigación, congelación de cuentas bancarias y ordenes de aprehensión y cateos a domicilios para detener a Lozoya se trata de un acto de persecución. Sin embargo, en una cambio de régimen, algo sustancial es instaurar un sistema de procuración y administración de justicia integral, imparcial y plenamente fundado en la legalidad.

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