Si no fuera porque afecta y perjudica a millones de mexicanos, la administración de justicia en nuestro país sería motivo de carcajadas, salvo que no pasa la prueba de la risa. Lo que ha sucedido con Emilio Lozoya, la Fiscalía, la UIF, el Hunan y el juez Artemio Zuñiga Mendoza, es francamente bochornoso. Debiera avergonzarnos a todos.
Obviamente no es muy popular decir que Lozoya debe permanecer en libertad mientras no sea sentenciado. Pero es la única conclusión lógica a la que cualquiera puede llegar después del sainete de ayer y de los últimos 16 meses, desde que llegó a México, después de haber sido detenido en España. Es un culpable confeso –aunque el valor de la confesión como prueba es tema de discusión en México y en muchos países. Yo espero que algún día sea juzgado, hallado culpable y cumpla su sentencia en la cárcel. Pero ese día no ha llegado. El único día que llegó fue el día en que López Obrador se enfureció con la Fiscalía, le ordenó que no aceptara la solicitud de Lozoya de extender el plazo para presentar pruebas de sus acusaciones contra Peña, Videgaray, Anaya, Lavalle, et. al., en que los fiscales/agentes del MP solicitaron la prisión preventiva justificada que no solicitaron hace 16 meses, y en que el juez de control otorgó la prisión preventiva que no impuso hace 16 meses.
Los fiscales hicieron un ridículo mayor, al confesar abiertamente que el problema fue el Hunan: la falta de “pudor procesal” (whatever that means), un “comportamiento” que no se ajusta al de una persona sujeta a un proceso penal, una provocación. Todo eso puede o no ser cierto, pero no es ilegal, como el propio y pobre juez lo reconoció, y en todo caso muestra la falta de riesgo de fuga. La UIF también hizo un oso terrible, al pedirle a Lozoya un “comportamiento diverso”, como si hubiera un Manual de Carreño para los acusados libres para enfrentar su proceso.
Pero el oso mayor fue el del juez. Es cierto que no impuso la prisión preventiva hace 16 meses porque la Fiscalía no se la solicitó, y según muchos penalistas, sin dicha solicitud, él no podía imponerla por su cuenta. Pero sí podía decir que no se justificaba en esta ocasión, ya que nada había cambiado entre el día de ayer, cuando Lozoya estaba libre en espera de presentar las pruebas de sus acusaciones, y hoy que se encuentra tras la rejas. Los delitos de los cuales se le acusa son los mismos. Sus recursos financieros y de contactos y redes para evadirse son los mismos. La mejor prueba de que no existía riesgo de fuga es… que no se fugó.
El juez hubiera podido perfectamente afirmar que no aplica el principio de rebus sic stantibus, es decir, que su decisión debía cambiar porque las circunstancias cambiaron. Lo único que cambió fue el estado de ánimo presidencial, y la sensibilidad de la Fiscalía ante esa mutación. El MP, la UIF y el juez le jugaron cubano a Lozoya, como antes a Rosario Robles y a Jorge Lavalle, haciéndoles pensar que seguirían en libertad una vez que se presentaran físicamente a la audiencia. Y le dieron toda la razón a Ricardo Anaya, si en estos días no se presenta a su audiencia y permanece fuera del país.
Me podría dar gusto que Lozoya esté en el tanque: lo merece, y le toca. Creo también, que al igual que Sir Francis Drake, robó para la Corona, no tanto para sí mismo, al igual que Rosario Robles. Pero la farsa de ayer muestra la completa ausencia de justicia en México, para ricos y pobres, para justos y pecadores, para chivos expiatorios o para presos políticos, bajo el PRI y con la 4T. Lo bueno es que la gente no se la cree ya: de acuerdo con una encuesta publicada en El Financiero hoy, el 37 por ciento de los mexicanos tiene una opinión favorable del combate de AMLO contra la corrupción, pero 49% tienen una opinión desfavorable.