Las acusaciones de Emilio Lozoya –ex director de Pemex– en contra de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray, de legisladores federales y un secretario de Finanzas de un partido político nacional, confirman los casos más escandalosos que se tenga memoria, en las últimas décadas en la vida pública de México.
1.- Como se sabe, Emilio Lozoya Austin, fue designado coordinador de Asuntos –negocios– Internacionales en la campaña presidencial del candidato del PRI en 2012, Enrique Peña Nieto, bajo las órdenes de Luis Videgaray, quien era el coordinador general. Lozoya fue el encargado de conseguir dinero ilegal de la empresa brasileña Odebrecht –más de 4 millones de dólares– para financiar la campaña, para contratar asesores extranjeros, para competir con una ventaja inusitada ante los demás candidatos, para comprar votos y comprar finalmente la Presidencia de la República.
De las acciones ilícitas de Lozoya, del dinero indebido que le metieron a la campaña, Peña Nieto y Luis Videgaray fueron autores intelectuales y materiales; tanto dinero es imposible que el candidato y el coordinador no supieran, en consecuencia, son cómplices de tales hechos y deben responder política y legalmente de ellos ante el pueblo y la justicia mexicana, porque violentaron la Constitución General de la República, la soberanía popular, el voto libre, los principios rectores en materia electoral, de equidad, de certeza, de imparcialidad, legalidad y objetividad, cometieron fraude electoral, usurparon la voluntad popular y Peña Nieto se convirtió en un Presidente ilegítimo.
2.- No conformes con lo anterior, Peña Videgaray y Lozoya, fueron artífices de lo que denominaron el “Pacto por México” que más bien fue contra México, que consistió en las supuestas reformas estructurales, energética, fiscal, laboral-educativa y electoral –para aprobar la reelección de senadores, diputados federales, locales y miembros de alcaldías; para ello contaron con la complicidad de los dirigentes del PRI, PAN Y PRD, quienes al día siguiente de que tomara posesión Peña Nieto –el 2 de diciembre de 2012– firmaron dicho pacto en el Castillo de Chapultepec, como si se tratara de un acto de la realeza política mexicana.
Como el gobierno de Peña Nieto era ilegítimo y se proponían pagar los favores a la empresa Odebrecht que había financiado su campaña y seguir haciendo negocios, Lozoya recibió otros 6 millones de dólares para que –por órdenes de Peña Nieto y Videgaray– compraran el voto de senadores, diputados federales y dirigentes políticos, a cambio de que votaran e indujeran el voto de sus colegas a favor de la reforma energética y demás reformas estructurales. Lozoya ha presentado una denuncia de estos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde también involucra al secretario de Finanzas de un partido político. Los nombres de los acusados ya los conoce la FGR, pero por respeto al debido proceso no los ha dado a conocer, pero se sabrán en cuanto los citen a declarar. Con todo lo anterior, se comprueba que el mal denominado “Pacto por México” y las reformas estructurales fueron ilegales, ilegítimas y fueron compradas con dinero indebido.
3.- Lozoya está acusado por la FGR por la compra de las empresas Agronitrogenados y Fertimex a un sobreprecio, también por órdenes de Peña Nieto y Luis Videgaray, de lo cual obtuvieron ganancias millonarias; ha denunciado el caso de la empresa Etileno XXI que está vinculada a una corporación mexicana que es socia de Odebrecht, a la que se les dieron privilegios en la compra-venta de insumos –66 mil barriles diarios de etano– a precios preferenciales, lo que ocasionó pérdidas económicas considerables de la Hacienda Pública, lo cual vincula a Felipe Calderón Hinojosa, en razón de esta empresa inició sus operaciones durante su periodo de gobierno como Presidente ilegítimo.
El caso de Genaro García Luna, quien fue director de la Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox y secretario de Seguridad Pública en el gabinete de Felipe Calderón, sigue su curso legal en calidad de prisionero en Estados Unidos, acusado de proteger a grupos de la delincuencia organizada.
4.- Ante la denuncia de los hechos delictivos que ha presentado Emilio Lozoya ante la FGR, las reacciones de la opinión pública han sido diferentes. Los comentócratas y medios convencionales defensores de los regímenes neoliberales en México, han optado por minimizar los hechos, de darle poca cobertura mediática –en los programas y noticieros de radio y televisión les ha interesado más cómo está el clima en el país y los goles de la liga de futbol Guardianes 2020– han buscado el camino formalista, más que entrar al fondo del asunto, que se trata de casos escandalosos de corrupción y de vínculos de altos funcionarios de gobiernos anteriores con organizaciones criminales.
El fraude electoral, la compra con dinero ilegal de la Presidencia de la República en 2012 y de las reformas estructurales en 2013, y la colusión de funcionarios federales con grupos delincuenciales, son hechos de extrema gravedad en la vida pública de la nación, que reflejan el verdadero rostro de los gobiernos neoliberales-conservadores que hemos padecido en el país. Independientemente del curso legal que sigan, el pueblo tiene derecho a saber toda la verdad, como la forma pública más transparente del combate a la corrupción e impunidad en México.

marcialrodriguezsaldana.mx