La vida política de Lucero Guadalupe Sánchez López, apodada La Chapodiputada, es un ejemplo claro de la narcopolítica mexicana: una joven que inició una relación amorosa con un capo del narcotráfico y que más tarde se convenció de que podía influir en la vida política de un estado y a la vez lavar dinero y traficar mariguana en la Sierra Madre Occidental.
La apoyaron principalmente el Partido Acción Nacional, y un partido local llamado Partido Sinaloense, pequeño instituto político que ha basado su fuerza en la Universidad Autónoma de Sinaloa y que tiene como líder único al ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda.
Lucero Sánchez fue diputada por Cosalá, un municipio serrano de Sinaloa, que tiene la población menos numerosa de todo el estado: 16 mil 292 habitantes. Es, en realidad, un pueblo muy bello, un pueblo mágico. Cuando Lucero Sánchez compitió como candidata a diputada un colega me contó que ella era pareja de Joaquín Guzmán Loera, que iba por el PAN-PAS y que sabía que en el PRI se dio la orden para que la dejaran ganar porque si eso no pasaba les podía generar un problema de seguridad mayúsculo.
La prensa también fue, fuimos, muy cautelosos con ella. Sabíamos que si publicábamos algo sobre su conexión con el crimen tenía que estar totalmente demostrado, de lo contrario el riesgo que se asumía era demasiado grande. Por eso la información salió como tenía que salir: a través de una filtración de gobierno a un medio nacional con alto impacto en época electoral: Televisa.
Sus compañeros de partido y de alianza salieron a negar la versión de la tele, pero en realidad todos sabían que era verdad.
¿Cómo es posible que una mujer que trafica droga y lava dinero para uno de los cárteles más violentos y poderosos del mundo tenga una curul en México, haga leyes, tenga información privilegiada y reciba presupuesto público?
En realidad no es tan difícil de imaginar. En estados como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y tantos otros el narcotráfico se ha incrustado en la médula del sistema social y político. Si hay narcos en las áreas empresarial, filantrópica, deportiva, educativa… ¿por qué no los habría en la política?
Justo en la elección pasada en Cosalá, el municipio de Lucero Sánchez, un reportero del programa de radio Línea Directa fue retenido por un grupo armado para que dejara de documentar el proceso electoral en la zona. Con armas en mano le explicaron que ellos tenían la orden de que en el municipio tenía que ganar el PRI, y que no necesitaban a reporteros que estuvieran documentando sus actos de intimidación. Apenas fue liberado, el reportero huyó del lugar y dio su testimonio en la radiodifusora. Lo más trágico es que, en efecto, tras la intimidación y violencia del grupo criminal, ganó el PRI.
Los ejemplos de narcopolítica en México brincan como chapulines en el campo. Es imposible olvidar el caso de José Luis Abarca –ex alcalde de Iguala, Guerrero– y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Las autoridades conocían con certeza sus relaciones con el narcotráfico, los habían investigado, sin embargo los dejaron en la impunidad hasta que sucedió la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Ahí está el caso de los ex gobernadores de Tamaulipas: Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington. Hernández fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de asociación delictuosa para lavar dinero; Yarrington fue acusado por Estados Unidos de organización corrupta y lavado de dinero, entre otros delitos. Este par de ex gobernadores hicieron un grave daño a Tamaulipas y a México. Todo indica que fueron cómplices de una cadena de droga, sangre, dólares y poder que han llevado a buena parte del país a vivir una de sus peores épocas de oscuridad.
La narcopolítica es una rama del gran problema de corrupción que vivimos en México, y otra es la carencia de un verdadero Estado de derecho.
¿Cuántos narcopolíticos tenemos en este momento como alcaldes, diputados, síndicos, secretarios?