Humberto Musacchio
Abril 12, 2018
Te digo Lula para que me entiendas Peje. La campaña contra el ex presidente de Brasil y ahora candidato puntero no es algo aislado del contexto continental. Tiene un gran parentesco con la campaña seguida contra Cristina Kirshner en Argentina o con la declarada hostilidad hacia Rafael Correa, ex mandatario ecuatoriano. Todo, por supuesto, envuelto en la “respetabilidad” de la judicatura.
En los años setenta, la estrategia de Washington hacia los gobiernos más o menos progresistas de Latinoamérica fue la promoción de golpes de Estado y el apoyo a los gorilatos. A consecuencia de esa línea política, los pueblos pagaron un altísimo precio en muertos, torturados y exiliados. Se recordará que entonces México fue refugio de chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, peruanos, bolivianos y perseguidos de otros países.
La impopularidad de esa estrategia llevó a sustituirla por otra dizque legal, en la cual los jueces, y ya no los militares, cobran protagonismo en la cruzada contra gobiernos democráticos, como lo prueba la destitución de Dilma Rousseff, la campaña –más discreta pero presente—contra Evo Morales o la abierta confrontación contra el gobierno de Venezuela.
La estrategia jurídica está a cargo de fiscales y togados corruptos o, en el mejor de los casos, poseídos de un irracional fanatismo de derecha. Esos son los actores que aparecen en primer plano, pero detrás de ellos están los intereses de políticos enriquecidos en el poder o de empresarios acostumbrados a los negocios sucios, siempre en contubernio con autoridades comprables.
Desde luego, la campaña “legal” se combina en dosis bien medidas con la violencia, que va desde vociferantes manifestaciones de acarreados hasta los intentos de asesinato de figuras incómodas, como el reciente atentado contra Lula. Si una cosa falla resta el otro recurso.
Brasil no queda tan lejos. Lo que allá sucede nos afecta, sobre todo si forma parte de un paquete que incluye la descalificación y el desplazamiento a cualquier precio de figuras políticas incómodas para el imperio y sus comparsas nativas.
El escandaloso fallo del Tribunal Electoral convalidando las trampas, la coacción y el uso de recursos públicos de Jaime El Bronco Rodríguez es, para diversos efectos, parte del proyecto para contener a eventuales gobiernos adversos. El Bronco está muy lejos de poder triunfar en la próxima elección, pero su candidatura, como la de Margarita Zavala –tan ilegal una como la otra–, dañará severamente a Ricardo Anaya y servirá también para dispersar el voto en favor de quien tiene el mayor voto duro, que es precisamente el PRI.
Lo decidido por el Tribunal Electoral es también la advertencia de que puede repetirse algo ya conocido. Cuando Vicente Fox promovió el desafuero de AMLO con la complicidad de cientos de parlamentarios debidamente maiceados, a los mexicanos nos dieron una probadita de lo que son capaces de hacer los enemigos de la democracia.
Por lo pronto, marcha viento en popa el reparto de tarjetas rosas y otros medios de compra del voto. Como es costumbre, las autoridades electorales no se dan por enteradas. Pero esto es apenas el principio. En los dos últimos años ha aumentado la recaudación fiscal, pero el gobierno federal ha restringido el gasto hasta extremos peligrosos, al tiempo que continúa el endeudamiento público, lo que por lo menos debería suscitar la extrañeza de los analistas económicos.
Pero no hay misterio. El gobierno federal y muchos estatales y hasta municipales se preparan para lanzar inmensas cantidades de dinero en los dos meses y medio por venir, tiempo en el que veremos un gigantesco despliegue de generosidad estatal, pues las familias de menores ingresos recibirán tinacos, despensas, bicicletas, juguetes y chucherías sin fin. Masas depauperadas irán a los mítines del PRI a cambio de torta, chesco y por supuesto dinero contante y sonante.
Sumas inmensas servirán para comprar votos, para chayotear medios y periodistas venales, para vencer resistencias de funcionarios electorales y para intervenir de mil maneras, todas ilegales, en el proceso comicial, como ocurrió en 2006 a la vista de todos, pero ante la interesada ceguera de aquel vergonzoso consejo del IFE. Y entonces, tal vez, en defensa de la dignidad, levante su voz una Janine Otálora, pero será tarde. Las autoridades, no López Obrador, habrán soltado al tigre. Y entonces sí, a ver quién lo amarra.