EL-SUR

Sábado 15 de Junio de 2024

Guerrero, México

Opinión

Madres buscadoras

Tlachinollan

Mayo 13, 2024

El 10 de mayo la fecha ha adquirido otro significado para las madres que buscan a sus hijas o hijos desaparecidos. Es ante todo una jornada de protesta contra los gobiernos por su insensibilidad e insolencia, porque son parte de este entramado delincuencial y porque solapan los crímenes de desaparición forzada que se multiplican con el tiempo. El 10 de mayo es también una fecha simbólica para rememorar a los hijos e hijas desaparecidas y no para celebrar a las madres vivas. Este día es un grito de dolor y una exigencia de justicia, un imperativo ético de traer a la memoria a quiénes están desaparecidos. Es una fecha que condensa decenas de horas y días de búsqueda. De nunca sucumbir ni ceder al miedo ni al olvido. De mantener la fuerza para resistir, para hacer público un dolor entrañable, para desenmascarar las tropelías de los funcionarios del gobierno que no tienen compromiso ni interés para investigar el paradero de las personas desaparecidas.
Este problema creciente en México y en Guerrero lo han denunciado las mujeres: madres, hermanas, esposas, hijas, tías y abuelas. Son las que han irrumpido en el espacio público para mostrar los rostros de sus seres queridos, para denunciar estas violencias que se generalizan en las ciudades y comunidades rurales. La batalla es contra un sistema de justicia corrupto y contra una burocracia gubernamental que estigmatiza a sus familiares desaparecidos y que no tipifica adecuadamente ni investiga los delitos de desaparición forzada de personas.
Son las madres las que han creado sus propios métodos de búsqueda, las que realizan las investigaciones sobre el posible paradero de sus seres queridos. Las que arriesgan su vida al realizar búsquedas en lugares controlados por el crimen organizado. Han desarrollado en sexto sentido para dar con puntos donde encuentran restos óseos. Luchan no sólo con los grupos de la delincuencia que pueden atentar contra su seguridad y su vida, sino con el mismo gobierno que no destina fondos para las búsquedas, que no contrata a más peritos que acompañen a los colectivos en sus búsquedas, que regatea recursos para que tengan mejores equipos con tecnología de punta para realizar las identificaciones forenses. Tampoco le dan prioridad a la contratación de más agentes del Ministerio Público para que le den seguimiento a sus casos.
Las madres buscadoras son las que están impulsando cambios de fondo en nuestros sistemas de búsqueda e investigaciones de personas desaparecidas. Con su lucha tenaz lograron cambios legislativos para reconocer los derechos de las víctimas y sus familiares. Como mujeres rastreadoras nos han enseñado a desarrollar herramientas efectivas para ubicar fosas clandestinas, para enterrar la varilla e identificar olores y ubicar cuerpos. Han desarrollado métodos y técnicas para identificar montículos de tierra y hacer el rastrilleo del lugar. Su experiencia es insustituible y sus saberes son de gran valía porque está de por medio la búsqueda de personas, de seres amados, que conllevan cargas de afecto y emociones.
Sus hallazgos son una gran contribución al conocimiento tan complejo y diverso de las desapariciones forzadas. Su compromiso de vida es una interpelación constante a las autoridades por sus mezquindades y pésimas actuaciones. De forma recurrente revictimizan a las familias y hacen más cruento su sufrimiento al dejar sus expedientes a la deriva. Las disputas que se han ventilado con el cambio de la fiscal general ha repercutido por la separación de ministerios públicos que bien o mal tenían conocimiento de sus carpetas de investigación.
El grave problema que enfrentan las colectivas de búsqueda es que el mismo presidente de la República no ha mostrado disposición para recibirlas, para escucharlas. Hay un malestar porque las mismas instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tampoco están cerca de ellas. Hay un distanciamiento que cada vez se ensancha más por la falta de respuestas a planteamientos básicos. Han dejado crecer las diferencias en detrimento de los familiares de las víctimas.
A nivel estatal, la gobernadora se ha desmarcado de las organizaciones sociales y de las colectivas de víctimas. Se ha cerrado su círculo de interlocutores y el diálogo con las víctimas está cancelado. La Secretaría de Gobierno tampoco ha mostrado disposición para atender los planteamientos de las familias que buscan a sus desaparecidos. Tiene bajo su control los recursos financieros que están destinados para la CNB y de la CEAV.
En el 2023 la Comisión Nacional de Búsqueda tenía asignados 28 millones para comprar vehículos, herramientas y equipos para las búsquedas, sin embargo, este recurso no se ejerció y se desconoce en qué se utilizó. Lo mismo sucedió con el recurso que se proporcionó a la CEAV. Lo real es que a las familias se les regatean los apoyos. Tienen que mendigar hasta para el otorgamiento de alguna despensa.
Este maltrato a las víctimas es una de las prácticas más comunes que las instituciones gubernamentales reproducen cotidianamente. Desde la Fiscalía que no abre de inmediato las carpetas de investigación por desaparición de personas, no aplican los protocolos de búsqueda, tampoco realizan los actos de investigación para acelerar la ubicación de la persona desparecida. No rastrean el número de celular de la víctima ni investigan si hay cámaras del lugar donde sucedió la desaparición, dejan pasar horas y días claves para dar con el paradero de la persona, cargándole la responsabilidad a la familia. Ya que pasaron varios días es cuando los familiares toman el caso y empiezan a realizar su propia investigación y se coordinan con otras colectivas para emprender las búsquedas. Durante ese tiempo la CEAV no le proporciona apoyo psicológico a la familia. Para las demás instituciones de gobierno la desaparición de personas es un problema que no les incumbe. Dejan a su suerte a las madres buscadoras que poco a poco van construyendo su propio camino para buscar a su familiar desaparecido. Son las demás colectivas las que orientan y apoyan en su drama a quien padece el grave problema de tener un hijo o hija desaparecida.
En el 2023 varias colectivas unieron esfuerzos para emplazar a los diputados y diputadas locales con la intención de que aprobaran la ley estatal de desaparición forzada de personas que incluye la creación del centro de identificación humana. Los representantes populares que en este nuevo proceso electoral quieren repetir en el cargo se han desentendido de las demandas más urgentes de la población, como esta ley. No les interesa a los familiares que son víctimas de la violencia, que se quedan totalmente desamparadas, que no cuentan con un marco legal que las proteja y que no haya autoridades que por ley se les obligue a proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada de personas.
Es sumamente grave que un Congreso sea tan indolente al no atender una demanda central, que pone en riesgo la vida, la tranquilidad, la seguridad y el Estado de derecho, como es la desaparición forzada de personas, que no son investigadas con los más altos estándares que requiere este tipo de delito.
Son las colectivas de mujeres buscadoras de Guerrero las que han dado una batalla desigual con las autoridades encargadas de hacer las investigaciones, las búsquedas y de apoyar a las víctimas. Con el corazón roto por su familiar desaparecido tienen que enfrentar a una burocracia gubernamental insensible. Han aprendido a luchar a contra corriente, a investigar por su cuenta y a presionar a las autoridades para que se realicen brigadas de búsqueda. Sin recursos del Estado han podido tener resultados al encontrar más de 300 personas en el municipio de Chilpancingo. Lo mismo ha pasado con las colectivas de mujeres de Acapulco e Iguala que tienen un gran número de personas que han sido encontradas.
Esta contribución generosa de las madres buscadoras no es valorada por las autoridades, al contrario, ignoran sus esfuerzos y en todo momento les niegan los apoyos económicos que por derecho les pertenecen.
Sus demandas son comunes a nivel nacional: presentación con vida de sus familiares desaparecidos, búsquedas intensas y suficientes de sus familiares desaparecidos, atención integral a las víctimas de desaparición forzada. A nivel estatal la mayoría de colectivas de madres buscadoras demandan la aprobación de la ley estatal de desaparición forzada de personas y la creación del centro de identificación humana. También demandan autonomía en el manejo del presupuesto público de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El acceso a la verdad y el impulso a la justicia son deudas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá cumplir a los miles de familiares en México que buscan con gran empeño y mucho sacrificio a sus desaparecidos. El presidente no pudo contener la ola de violencia que dejó 180 mil asesinatos en lo que va del sexenio y 110 mil 964 personas desaparecidas al mes de marzo de 2024. A pesar de que se comprometió a revertir la espiral de violencia y el clima de inseguridad que permea a amplios sectores de la población, la proliferación de grupos de la delincuencia son una amenaza para la gobernabilidad en el país.
Hay regiones en varios estados de la República donde el crimen está por encima de las autoridades locales y los cuerpos de seguridad. En Guerrero las 8 regiones (incluyendo la Sierra) enfrentan graves amenazas por la amplia presencia de grupos delincuenciales que se disputan a tiros varias franjas del territorio guerrerense y pelean el control de varias cabeceras municipales, sobre todo de las plazas más importantes como Acapulco, Iguala, Taxco, Chilpancingo, Zihuatanejo. En estos lugares los casos de personas desaparecidas y asesinadas forman parte del rosario de violencia que ninguna autoridad puede controlar.
Son las madres buscadoras las que hacen la diferencia, por la dignidad de su lucha, en un estado donde los poderes económicos y políticos han sucumbido ante el poder depredador de la delincuencia organizada.