Es inútil exigir pulcritud jurídica en la aprehensión de los líderes del movimiento magisterial contra la reforma educativa, pues no se trata de la persecución de un presunto delito sino de un castigo a la disensión política.
Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, fue detenido el domingo pasado acusado de lavado de dinero por una suma que ascendería a 24 millones de pesos, y su arresto se agregó al de Francisco Villalobos, Aciel Sibaja, Efraín Picazo y Othón Nazariega, integrantes también a la sección oaxaqueña.
La PGR informó que Núñez firmó convenios ilegales entre 2013 y 2015 con empresas proveedoras de productos y servicios para los maestros oaxaqueños, cuyo pago se realizaba mediante descuentos vía nómina. El origen de la acusación se encuentra en que 3.5 por ciento de los préstamos realizados de esa forma a los maestros de la sección 22 era retenido por la dirigencia sindical, fondos que a su vez servían para financiar las movilizaciones magisteriales y presuntamente también para beneficiar a los miembros de la dirigencia. El conjunto de las operaciones que la PGR cuestiona alcanzarían los 132 millones de pesos.
Antes de que la opinión pública se forme un juicio acerca de los cargos contra los dirigentes de la CNTE, debe considerarse que –legales o no, se cuestionen o no– las operaciones por las que la PGR ejecutó las órdenes de aprehensión contra los cinco acusados son una práctica común y se efectúan en todas las secciones del SNTE, el sindicato oficial de los maestros, con el aval de la SEP.
Debe tomarse en cuenta además que en un caso manifiestamente de dudosa legitimidad, un ex dirigente de sección del SNTE y hoy diputado federal por el Partido Nueva Alianza, Bernardo Quezada Salas, fue exhibido en abril pasado por el exorbitante enriquecimiento personal que obtuvo mediante los mecanismos que la PGR le imputa a la CNTE, pero sin que se haya producido la menor reacción por parte de las autoridades para indagar ni señalar responsabilidades. Un poquito peor todavía, porque entre las empresas contratadas por la CNTE se encuentra Etesa, utilizada por Quezada Salas para enriquecerse y formalmente propiedad de su suegro, Héctor Peredo, y su esposa. Es decir, de proceder la acción judicial contra los dirigentes de la CNTE, la misma conducta y el mismo mecanismo será un delito en un caso y no en el otro.
El caso de Bernardo Quezada lo dio a conocer el diario Miami Herald el 16 de abril de este año, y fue retomado en México por el diario Reforma. La noticia era que el ex dirigente de la sección 60 del SNTE –que corresponde al Instituto Politécnico Nacional– había comprado, mientras ejercía el cargo sindical, 13 departamentos de lujo en Miami, en los que gastó 8.2 millones de dólares, unos 150 millones de pesos a la cotización de estos días. Once de esas propiedades fueron adquiridas en el desarrollo de lujo Brickell Arch, en operaciones realizadas en un solo día el 1 de junio de 2005.
En notas adicionales, Reforma documentó hace dos meses la procedencia de la fortuna de Quezada Salas, cuyo sueldo rondaba los 30 mil pesos, y recordó que el ahora diputado federal fue parte de la dirigencia del SNTE junto a la maestra Elba Esther Gordillo, desde donde “orquestó una millonaria operación de usura al otorgar créditos a afiliados al sindicato con altas tasas de interés y largos plazos”, para lo cual utilizó la empresa de su suegro y de su esposa, Etesa. Esta firma hacía préstamos a los maestros a tasas de hasta 180 por ciento y ofrecía artículos tales como motocicletas, autos, refrigeradores y muebles, que eran pagados mediante descuentos vía la nómina de la SEP.
El mecanismo que Quezada Salas utilizó para enriquecerse, es el mismo en el que la PGR ve ahora los delitos que le adjudica a los líderes de la CNTE, pero no por hacer negocios privados con una empresa usurera a costa de los maestros, sino sólo por el 3.5 por ciento de los préstamos con que se quedaba la dirigencia sindical. No se ve cómo eso pueda ser lavado de dinero si, por añadidura, esas operaciones contaban y cuentan con el conocimiento y la participación de la SEP, que es la que realiza los descuentos. Y, por lo demás, la pregunta brinca sola: ¿por qué ese mecanismo de préstamos y operaciones financieras resulta delictuoso en la sección 22 pero no en el caso de Bernardo Quezada ni en las demás secciones en las que se aplica? ¿O detendrá la PGR también a otros secretarios de las secciones del SNTE?
La procuradora Arely Gómez dijo el martes que la PGR actúa “con absoluta responsabilidad”, no “de manera política” sino “jurídica”. Sin embargo, esa declaración carece de veracidad y credibilidad si, como se ve, el caso del diputado Bernardo Quezada no produjo la menor reacción ni en la PGR ni en el gobierno.
Por lo anterior resulta ocioso pedir pulcritud jurídica en el juicio al que intenta someterse a los dirigentes de la CNTE, pues no puede haberla en un arresto sin fundamento legal. Lo que las autoridades federales pretenden es desactivar las movilizaciones contra la reforma educativa mediante la socorrida criminalización de la protesta. Es verdad que las acciones de los maestros de la CNTE caminan en el filo de la violencia inaceptable, como se ha visto en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero ni siquiera esos desmanes sin sentido deslegitiman su inconformidad contra la reforma educativa, pues fue inocultable que ésta fue aprobada en el Congreso gracias a los acuerdos entre las cúpulas de los partidos pero sin consenso social.
Hay más, pues el actual conflicto magisterial adquirió mayor relevancia y sonoridad porque está siendo usado como arena para dirimir la sucesión presidencial dentro del PRI. Es perceptible que en la disputa interna en el gobierno por la candidatura presidencial priísta, las movilizaciones que acorralan al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, benefician las posibilidades del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Una lectura del mismo tipo puede aplicarse al enfrentamiento entre Nuño Mayer y el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El titular de la SEP encontró en el apoyo de López Obrador a la CNTE el pretexto para hacer campaña interna en busca de una imagen presidenciable.
Al contrario de lo que dijo la procuradora, todo el caso de los maestros es político, refleja la existencia de dos concepciones del país y promete mantenerse en el interés público por algún tiempo. Y la detención de los líderes oaxaqueños es ilegal.
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