Felipe Calderón parece haber perdido la suerte que le había caracterizado hasta ahora. Al
margen de aciertos y desaciertos de su gestión, en apenas 50 días los dos productos más
importantes para la estabilidad del país se han disparado en contra del Presidente. El
precio del barril del petróleo se ha desplomado en caída libre, y por consiguiente las
finanzas estatales; mientras que el brutal aumento del precio del maíz ha generado un
frente de tensión social tan inesperado como riesgoso. La crisis de la tortilla ha obligado a
Calderón a asumir riesgos para los cuales aún no estaba preparado. Las consecuencias
podrían ser aún mayores de las que a primera vista pueden percibirse.
El pacto convocado por Calderón para mantener el precio de la tortilla a 8.50 pesos será la
primera verdadera prueba de fuego del gobierno. El presidente se está jugando una parte
del escaso capital político acumulado en mes medio de gobierno, para asumir la
paternidad de un pacto de alcances y vigencia inciertos. Hasta ahora las acciones
federales se habían orientado a medidas unilaterales, como los operativos contra la droga,
o a los acuerdos acotados a una parte de la clase política, como la negociación del
presupuesto. Pero el “control” del precio de la tortilla involucra a muchos actores sociales y
económicos: importadores, productores de harina y masa, acaparadores e intermediarios y
más de 70 mil tortillerías, entre otros.
El peor escenario para la presidencia es que el gobierno sea incapaz de hacer respetar el
tope de precio de las tortillas. En tal caso la credibilidad de Calderón quedaría seriamente
vulnerada para futuras convocatorias a otros poderes económicos. Hace una semana, en
este espacio, señalé que la iniciativa privada no haría ninguna concesión mientras no
perciba que existe un líder capaz de garantizar acuerdos y compromisos. En ese sentido,
señalé que había una estrategia escalonada en dos etapas por parte de Los Pinos:
primero, ganar legitimidad como árbitro general y como garante de la gobernabilidad (de
allí su interés en mostrar su “mano firme”). Y segundo, convocar a las fuerzas sociales para
realizar los acuerdos de reforma que el país necesita.
Para desgracia de Calderón, la crisis de la tortilla “quemó” todas las etapas de su
estrategia, y le ha obligado a orquestar un pacto sin tener aún el liderazgo que garantice su
cumplimiento. Si los intermediarios y muchas tortillerías logran colocar su producto por
encima del tope establecido de 8.50 pesos, será muy difícil que en el futuro los actores
políticos y económicos participen de manera decidida en acuerdos que el Presidente
resulta incapaz de hacer cumplir. Y recordemos que la posibilidad de las reformas que
requiere el país, pasan justamente por la capacidad, o falta de ella, que tenga Calderón
para convocar y garantizar los acuerdos entre las fuerzas sociales. El Presidente se está
jugando, sin desearlo, una porción de las posibilidades de éxito o fracaso de su sexenio en
este “Pactortilla” improvisado y repentino.
Por otro lado, al margen de la suerte con la que corra este pacto, la tortilla seguirá siendo
un dolor de cabeza permanente para los mexicanos y una fuente constante de presión en
contra del gobierno. Los nuevos usos internacionales del maíz para la producción de
combustibles y nuestra dependencia del grano extranjero nos condenan a una espiral de
tortillas cada vez más caras. Hace años que desmantelamos el aparato productivo del maíz
en nuestro país, en el afán de competir con agricultores de Kansas e Indiana
subvencionados por su gobierno. El resultado es que nos convertimos en importadores de
maíz y en exportadores de campesinos ex productores de maíz. Las vueltas de la historia
nos hicieron pagar un alto precio por la ingenuidad de creernos nuevos ricos de primer
mundo y el consiguiente desprecio al campo mexicano.
No deja de ser sintomático que durante la presentación del nuevo gabinete a principios de
diciembre, el secretario de agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, fuera anunciado dentro
del gabinete social por Felipe Calderón y no en el económico. Refleja la concepción
neoliberal que visualiza a los campesinos como un asunto de caridad y pobreza, y los
descarta como agentes económicos viables. No tienen cabida en el México que se anticipa
desde las oficinas de Polanco y Las Lomas.
Lo que nunca percibieron nuestros tecnócratas es que el maíz constituye en México un
asunto político y social, además de económico. En ese sentido, la autosuficiencia y un
precio razonable son temas claves para la gobernabilidad del país. Si el precio de la tortilla
sigue subiendo a lo largo del sexenio podríamos descubrir demasiado tarde, y por las
peores razones, que el maíz era un tema de seguridad nacional.
La escalada de precios del grano ofrecería la oportunidad de un replanteamiento de fondo
de la agricultura tradicional. Hay mayores márgenes para buscar que la producción de maíz
vuelva a ser rentable en nuestro país. Ello requeriría de una verdadera revolución en las
políticas hacia el campo, de tal forma que los agricultores tengan acceso a tecnologías,
capacitación, créditos y a las plataformas de comercialización. Pero esto implicaría dejar de
tratarlos como ciudadanos de segunda, como productores rehenes de la intermediación y
como clientes políticos cautivos.
Pero el gobierno de Calderón no parece tener ni la tranquilidad ni la fuerza para impulsar
“revoluciones verdes”. Las malas noticias del petróleo, la desaceleración de la economía
estadounidense y los precios del maíz, le obligarán a correr riesgos como el “Pactortilla” y a
desgastarse en los problemas urgentes de cada día. La suerte de Calderón se está
acabando. Salvo que logre cabildear a Walter Mercado, Amira o cualquiera de los que
regentean los signos del zodiaco, el Presidente estará contra las cuerdas la mayor parte de
su gobierno. Por lo pronto, habrá de encomendarse a sus dioses para que este primer
pacto sea respetado; de lo contrario no solo la mala suerte estará en su contra.

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