Una de las encuestas que mejor reflejaría el ánimo de la población hacia su gobierno sería la que hiciera unas cuantas preguntas de la calidad de los servicios públicos: abastecimiento de agua, luz, drenaje, recolección de basura, seguridad y transporte público y tránsito de vehículos y de personas; es imposible omitir los servicios de escuelas y centros de salud y hospitales públicos de cualquiera de los sistemas municipales, estales o federales.
En cualquiera de estos rubros la incapacidad de los funcionarios de gobierno se exhibe sin rubor. La forma como los funcionarios de ideología financiera o neoliberal han enfrentado su incapacidad es mediante la concesión (lo correcto es cesión) de esas responsabilidades a empresas particulares, muchas de las cuales aceptan como socios a los propios funcionarios o practican la muy generalizada práctica del moche.
Las diferentes notas que aparecen en la edición del último domingo en El Sur reflejan claramente la grave incapacidad de los gobiernos estatal y municipales para atender las necesidades de la población general.
Ridículas fueron las distintas explicaciones de las autoridades municipales, encabezadas por Jesús Evodio Velázquez Aguirre, quien a pesar de su aparente mucha experiencia en cargos de gobierno, diputado federal, funcionario del PRD y hoy presidente municipal, respecto al problema de recolección de basura, servicio obviamente concesionado pero cuya ineficacia pone en entredicho a los funcionarios y menos a la empresa beneficiaria, quien suspende su trabajo porque “en el municipio no le pagan o debe financiarlo”.
O también el hecho de que la población de Papanoa, en el municipio de Tecpan, hubieron de interrumpir la carretera Acapulco-Zihuatanejo porque su demanda de reconstrucción de la escuela primaria y de la secundaría técnica, ambas afectadas por el sismo, pero no el más reciente del 19 de septiembre sino el que los afectó en 2014, hace tres años.
Apenas este martes 21 de noviembre, si hemos de creerle al comandante de la novena región militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, podrán reanudarse las clases para los sesenta y dos mil jóvenes y niños que por más de dos meses no han podido asistir a la escuela, en los municipios de la Montaña baja, incluido Chilapa.
Primero fueron las secuelas de los sismos de septiembre las que obligaron al descanso escolar mientras los inmuebles eran revisados y dictaminado su estado estructural. Luego, el recrudecimiento de la violencia en la región, al igual que en todo el territorio guerrerense, prolongó el cierre de los planteles.
Ahora, al dar a conocer el anuncio, el general Jiménez Mendoza habló de aplicar “fórmulas” en las que participará no sólo el Ejército, sino la Gendarmería, la Policía Federal, la estatal y elementos municipales, para dar seguridad a alumnos y profesores.
Que garantías de seguridad las hay, se apresuró a precisar el comandante, “desde siempre, nada más que ha habido un poco de temor provocado en las redes sociales”.
Los hechos corren en sentido contrato de lo aseverado por el jefe militar, pues en materia de ejecuciones y desapariciones, en la región de Chilapa y en toda la zona hasta Chilpancingo, las cifras sangrientas rebasan las registradas en los pasados años.
Y el temor no es poco. Alcanza para que padres de familia y profesores atiendan sin chistar las advertencias que se hacen por indicaciones de los capos mafiosos y no se atreven a llevar a sus hijos a la escuela y reanudar clases desde hace más de un bimestre. Con ello, los alumnos han perdido prácticamente lo que lleva de avance el actual ciclo escolar.
Incluso, el subsecretario de Educación en el estado, Emiliano Díaz Román, había sido en días anteriores mucho más cauto con el proyecto del retorno a los planteles. Según este funcionario, el reinicio de actividades escolares será paulatino, y esperan que en la semana que corre, éstas se reanuden “por lo menos en la cabecera municipal” de Chilapa. Lo que menos se quiere, dijo el subsecretario, es “poner en riesgo la vida de los profesores”.
Ese ambiente revuelto, agudizado en la Montaña Baja pero presente en todo el estado, es el que llevó al gobernador Héctor Astudillo a hacer su planteamiento de un nuevo pacto por la seguridad, al que convocó a las fuerzas políticas y sociales de la entidad en su pasado Informe de Gobierno, después de dos años de mandato en que las cifras de la criminalidad no han bajado.
A casi un mes del llamado del gobernador, su propuesta no se concreta. Y hay razones para el escepticismo. Para observadores independientes como los agrupados en Causa en Común, la oleada de violencia recientemente observada no es temporal ni regional, “es endémica y nacional”, tiene que ver con diversos factores, entre otros la escasa profesionalización de las policías y con que estos cuerpos no cumplen con el marco legal para el que fueron creados. Todo ello favorece la corrupción, la ineficacia y genera impunidad.
Y ahora, los perjudicados no son sólo comerciantes, empresarios o la gente que desarrolla sus actividades en la calle. Otras secuelas de la criminalidad campante son los niños y jóvenes que ya ni a la escuela pueden ir, o tienen que hacerlo con mucho cuidado. Una tragedia que ya impacta a las nuevas generaciones.
La lista de deficiencias, anomalías, rezagos e incompetencia en el cumplimiento de los servicios públicos son característica del gravísimo retraso que tiene el país. Pero la inconsciencia de los funcionarios públicos es proporcional a esos problemas. Tanto el presidente municipal Velázquez, el gobernador Astudillo o el presidente Enrique Peña Nieto pueden argumentar que el pueblo los bulea, o sea, no los comprende y son objeto de hostigamiento, acoso, matoneo o sea bullying.